El 'cártel del fuego' ganó más de 277 millones manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios
Los saldos son millonarios. Según consta en el último auto del juez Héctor Ignacio Santamaría, del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, las empresas del llamado 'cártel del fuego' habrían obtenido más de 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios.
Las comunidades autónomas más afectadas hasta la fecha serían Castilla-La Mancha, con más de 72 millones de euros, seguida de Extremadura (49 millones), la Comunidad Valenciana y Cataluña (47.5 millones), Andalucía (36.5 millones) y Baleares (11 millones). Las licitaciones del Ministerio de Medio Ambiente concedidas a estas aeronáuticas ascenderían a más de 61 millones de euros.
Pero... ¿cómo se creó y cómo funcionaba este supuesto entramado de empresas supuestamente corruptas?
Grupo 6, una “organización criminal”
Grupo 6. Así se hacía llamar “la organización criminal” que durante, al menos, 15 años habría manipulado la lucha contra el fuego en dos continentes. Lo revela así el último auto del juzgado valenciano, que, ante las dimensiones internacionales que ha adquirido el asunto, se ha inhibido y transferido el caso a la Audiencia Nacional.
El 'cártel del fuego' nació un 20 de septiembre de 2001 en Palma del Río (Córdoba). Se sentaron a la mesa cuatro de los jefazos de este G-6 aeronáutico: Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex). La localidad cordobesa donde Faasa tiene su sede 'veía' nacer una “asociación ficticia a efectos legales”, según palabras del propio juez.
Las empresas no dudaron en dejar su acuerdo negro sobre blanco. 15 años después, la Policía encontraría dicho acuerdo en el registro practicado en la sede de Avialsa, donde quedaba claro el nacimiento de una organización presuntamente delictiva: “Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”.
Las empresas no solo acordaban, según la investigación, repartirse el pastel de los concursos públicos autonómicos, sino que se creaba un patrimonio común de aviones. A cada aeronave se le asignaba un número. De esa manera, si una empresa ganaba un nuevo concurso, “esa empresa será la que se presente al concurso, pero con el avión” de la empresa que el cártel hubiera decidido y a la que habría que 'pagar' por su uso.
Hasta siete delitos, según el juez
A los ojos del juez, son varios los delitos que habrían cometido a lo largo de estos años tanto estas empresas, como los funcionarios y políticos que han participado de esta presunta estafa o robo millonario: organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.
Según los datos recabados por la investigación policial, el reparto por comunidades autónomas habría quedado de la siguiente manera:
Castilla La-Mancha, Galicia y Baleares: Martínez Ridao.
Cataluña y Valencia: Avialsa.
Andalucía: Martínez Ridao, Espejo y Faasa.
Portugal: Cegisa.
Castilla y León: Faasa.
Canarias: Espejo.
Este sería el núcleo duro, que posteriormente crecería hasta constituir una organización, “englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en Aeca (Asociación Española de Compañías Aéreas)”.
¿Cómo operaban para manipular los concursos públicos? Dejando “desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras de cuál iba a ser la adjudicataria”.
El Grupo 6 atentaba así contra la libre competencia, causando “un importante perjuicio económico para el erario público”. Se configuraban como un “monopolio” o cártel ilegal, que se tramitaban entre ellas facturas falsas “por conceptos no ejecutados” para liquidar “los acuerdos alcanzados”.
Con el apoyo o la vista gorda de políticos y funcionarios, a lo largo de esta década y media se han visto afectadas por estas prácticas supuestamente delictivas tanto las administraciones públicas de las comunidades autónomas señaladas arriba, como las de España, Portugal, Francia, Italia y Chile.
La trama andaluza
El juez valenciano ha imputado a más de una veintena de personas. Entre ellos se encuentran no solo los empresarios del Grupo 6 y el resto de compañías aeronáuticas, sino representantes de la Asociación Española de Compañías Aéreas y políticos valencianos, como Serafín Castellano o Pedro Hidalgo, y catalanes (Xabier Palmés, Manel Bosch y Ramón Dinares).
Una denuncia de un funcionario hace año y medio abrió una nueva investigación contra la trama andaluza del 'cártel del fuego'. Gracias a esa investigación llevada a cabo desde el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, se ha imputado a un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y a dos altos cargos de Faasa, su presidente y su vicepresidente. Este último fue detenido a comienzos de este mes.
La policía judicial los investiga por delitos de estafa y falsedad documental al malversar supuestamente 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”.
A nivel político, el exdirector de la lucha contra incendios en Andalucía, Juan Esteso, que llevaba más de 20 años vinculado a la cúpula del Infoca, dimitió “por motivos personales”. Su cese tuvo lugar tan solo unos días después de que un duro atestado policial llegara la mesa de la jueza instructora del caso en Andalucía a principios de octubre. El funcionario formaba parte de la mesa de contratación que concedió 70 millones de euros a la trama andaluza del 'cártel del fuego', sino que era autor del pliego de condiciones técnicas del concurso.
