Juan Luis Ibarra: “Ninguno de los 250 nuevos ertzainas tendrá que dejar el cuerpo”

Bajo oscuros nubarrones entre los que a veces se colaba algún rayo de sol, 254 ertzainas, 59 mujeres (un 23%, el doble del promedio) y 195 varones, han recogido esta mañana en la academia de Arkaute sus credenciales como policías vascos. La fiesta, solemne y protocolaria, ha llegado 72 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia diera la razón al Gobierno central frente al vasco y anulara la convocatoria de esta OPE, la vigésima quinta del cuerpo, por exceder la tasa de reposición por bajas de funcionarios dictada en los presupuestos generales del Estado al haber ofertado unas 140 plazas más de las permitidas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido la ceremonia y, en el discurso más beligerante desde que accedió al cargo en 2012, ha calificado abiertamente de “ataque a uno de los pilares del autogobierno” la batalla contra la Ertzaintza, que precisa de nuevos agentes con urgencia para compensar una cascada de jubilaciones.

Entre los invitados, ubicados en sillas de plástico en el gran patio porticado de Arkaute, se han excusado a última hora todos los cargos de la Administración central que habían confirmado su asistencia, según han confirmado varias fuentes. Quien sí estaba presente ha sido el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, acompañado de otras autoridades judiciales. En conversación con eldiarionorte.es, el jurista ha querido matizar el alcance de la sentencia. “Anula la convocatoria pero no afecta a los derechos individuales de cada uno de los ertzainas nombrados”, explica para negar rotundamente que 140 de ellos, aproximadamente, tengan que colgar el uniforme si el pleito, que ahora pasa al Supremo tras el recurso vasco, acaba por quitar la razón a la Policía vasca. Es decir, pase lo que pase los hoy graduados, que lo han celebrado como siempre lanzando al aire sus ‘txapelas’ rojas, son ya ertzainas de pleno derecho.

Ibarra recuerda que la sentencia del Superior es “declarativa” y que los afectados han adquirido la condición de empleados públicos cuando el fallo aún no ha adquirido “firmeza”. El propio Urkullu ha recordado que la interposición del recurso les ha permitido seguir adelante con la OPE, a la que sólo le quedaba la fiesta final. El presidente del máximo órgano judicial vasco recuerda que para despojar a un funcionario de su plaza habría que iniciar un procedimiento de “amortización” que el Estado no ha puesto en marcha. Asimismo, estima que en los próximos meses, conforme avance el litigio judicial, se irán produciendo nuevas vacantes en la Ertzaintza “con las que compensar el exceso” de personal que aprecian los tribunales en esta OPE.

“Un conflicto institucional más grave”

La pugna judicial ha sido la gran protagonista de la entrega de credenciales de hoy en Arkaute. De los 14 minutos de discurso del lehendakari, que ha asumido todo el protagonismo por encima de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, más de la mitad han estado dedicados a un asunto capital para el Gobierno vasco, que sabe que en una década la mitad de una plantilla muy envejecida se habrá jubilado. Urkullu ha apelado “directamente” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que tome “cartas en el asunto” y evite que “esta incoherente e incomprensible decisión acabe desembocando en un conflicto institucional más grave”. “Esta decisión del Gobierno español supone alentar una relación basada en el conflicto institucional permanente y en la quiebra de la confianza política bilateral”, ha apostillado.

Euskadi argumenta que la plantilla de la Ertzaintza no se regula con base a las tasas generales de reposición ya que existe un órgano bilateral, la Junta de Seguridad que sienta al Ministerio del Interior y al Departamento de Seguridad vasco, que ha fijado en 8.000 los efectivos necesarios para las funciones de la Ertzaintza como Policía “integral” en vez de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “En los últimos treinta años la Ertzaintza nunca ha realizado un proceso selectivo siguiendo la legislación común española y nunca antes un Gobierno español había intentado menoscabar la singularidad jurídica de este cuerpo de Policía integral”, ha subrayado Urkullu, interrumpido por dos veces por los aplausos de los familiares y amigos de los nuevos agentes, muchos de ellos visiblemente nerviosos y que se han llegado a desmayar.

El presidente vasco también ha deslizado que mientras el Gobierno central acota el margen de actuación de la Ertzaintza evita afrontar el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi tras el final de ETA. “Estaba previsto”, ha criticado obviando que el Ejecutivo del PP nunca ha prometido un gesto que no ha pasado de demanda del nacionalismo vasco. En todo caso, el contingente de Policía y Guardia Civil, de unos 4.500 efectivos cuando se produjo el final del terrorismo, también se está reduciendo precisamente por la falta de reposición de funcionarios.

El relevo generacional

La posible paralización de la OPE ha devuelto a la actualidad un grave problema estructural de la Policía autonómica, su elevada media de edad. A partir del próximo año se inicia una cascada de jubilaciones que compromete muy seriamente la garantía de un contingente de 8.000 funcionarios. Ni siquiera con el ritmo actual de una convocatoria anual de 250 personas se evitaría un escenario de carencia de medios humanos.

El problema se originó la pasada legislatura. Primero se bajó de 65 a 60 años la edad de jubilación (a la par subió para el resto de los trabajadores) y después el consejero socialista, Rodolfo Ares, paralizó las promociones a la espera de una nueva Ley de Policía que nunca llegó y que permitiera la “discriminación positiva” hacia las mujeres, infrarrepresentadas en el cuerpo. Y ya esta legislatura, con Beltrán de Heredia, se retrasó la primera OPE hasta el segundo año y se limitó a 120 plazas. Ahora ha llegado la primera de 250 y está anunciada otra de similares dimensiones (de nuevo amenazada por el Estado) para 2017.

El Gobierno estima que en 2017 habrá 227 bajas y 301 en 2018 y entiende que las incorporaciones previstas son suficientes, al menos de momento. Es una previsión más baja que la que se manejaba con anterioridad y los sindicatos no se la creen. Erne, la central mayoritaria, augura una grave carencia de personal en muy poco tiempo. Jesús Uribe recuerda que en 2017 se cumplen 35 años de la creación del cuerpo. En febrero cumplirán ese tiempo en servicio los integrantes de la primera promoción y en octubre los de la segunda. En total, 1.250 personas alcanzarán los años suficientes para pedir el retiro en cuanto soplen 59 velas. Y a partir de ahí, apunta Uribe, la concatenación de bajas será continua hasta 2025.

Y Arkaute ya no tiene capacidad para formar agentes de 500 en 500 como en el inicio. Se han hecho obras en los dormitorios y tiene menos espacio. “Y ahora no sólo es academia de Policía, también lo es de Emergencias. Sólo tenemos una parte para nosotros”, abunda Uribe.

El pasado martes, a preguntas de este periódico, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, no aclaró si la Ertzaintza tiene un ‘plan B’ para afrontar todas sus competencias en un escenario hipotético de 6.000 agentes, muy lejos de los 8.000 necesarios. Hoy Urkullu sólo ha dicho al respecto que “mantener esta plantilla requiere organizar con visión y estrategia de futuro el relevo generacional”.