Granados sitúa a Cifuentes en la toma de decisiones del PP de Aguirre durante la época de las campañas en B
Cristina Cifuentes formaba parte del núcleo duro del PP de Madrid cuando el partido echaba mano de métodos ilegales de financiación para tomar ventaja en las campañas electorales. Francisco Granados ha colocado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en la estructura de poder del “viejo PP”, del que tantos esfuerzos hace por desvincularse. Ha ligado su nombre al de Esperanza Aguirre y especialmente al de Ignacio González, a los que ha acusado de urdir una campaña electoral paralela en 2011 con ayuda de fondos públicos. Durante su declaración no se ha acompañado de documento alguno que apoyara estas afirmaciones.
Granados se ha sentado este lunes ante el juez de Púnica más de tres años después de ser detenido por agentes de la Guardia Civil. Durante este tiempo, y especialmente en los últimos meses, el exsecretario general del PP de Madrid ha tratado de arrastrar a Cifuentes, Aguirre y González a la Audiencia Nacional en calidad de imputados. En sus escritos al juez no aparecían muchas concreciones, más allá de los cargos de responsabilidad que ostentaban los tres, así que el juez fue rechazando todos.
Según ha explicado Granados este lunes, Cifuentes formaba parte de un núcleo de poder dentro del PP de Madrid gracias a supuesta relación sentimental que mantenía con González. Ha añadido que la propia Cifuentes se jactaba de que su relación con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid le garantizaba una importante cuota de poder.
González también se beneficiaba de esa relación personal que Granados ha definido como de “atracción fatal” y que le garantizaba el control territorial y parlamentario del partido. La relación tuvo su punto álgido durante el año 2007, cuando González se ocupó de organizar las elecciones autonómicas investigadas en Púnica, pero luego se rompió, según Granados.
Así, el exconsejero de presidencia ha situado a Cifuentes en la cúpula del PP investigado por financiación ilegal. Ha contado al juez que ese núcleo de toma de decisiones, en el que ha incluido al exdiputado Borja Sarasola y a Isabel Gallego, directora de Comunicación de la Comunidad con Aguirre, se ocupó en 2011 de montar una campaña paralela a la oficial que organizaba actos para la presidente y se encargaba de reforzar su imagen.
Cifuentes ha anunciado una querella contra Granados. Por la noche, en una entrevista en TVE, se ha defendido: “Nunca tuve ninguna clase de gestión, de responsabilidad de Gobierno hasta hace dos años y medio; y en el PP hasta que a mi me nombran presidenta, yo nunca tuve responsabilidades de gestión; eran políticas, de la organización territorial, sedes, en municipios distritos, pero era política, jamás participé en la gestión económica del Partido Popular”.
Una campaña legal, otra ilegal
Mientras que la campaña “en A” se pagaba con dinero del PP nacional, del grupo municipal y de las subvenciones electorales, la campaña extraoficial usaba empresas públicas como el Canal de Isabel II o la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Sus inversiones en publicidad y la ayuda de empresas privadas como SWAT servían para sufragar los actos de Aguirre.
Según los investigadores, SWAT –una compañía de publicidad– es una de las empresas que servía al PP de Madrid para eludir el control de los gastos electorales. A través de empresas públicas de la Comunidad de Madrid se habría abonado a estas y otras compañías facturas falsas en pago por sus servicios para la campaña electoral del partido.
En ese relato de pagos en B y financiación irregular Granados no tenía ningún papel, según ha explicado. Él solo se ocupó de la parte oficial de la campaña de 2011, la legal, y ha negado que anotase en su agenda entradas y salidas de dinero de una caja B que no ha reconocido. Su trabajo era solo político y quien manejaban todos los resortes del poder era Aguirre, pero sobre todo González.
Su esquema de cómo funcionaba la financiación ilegal del PP de Madrid no aporta nuevas revelaciones que puedan tener consecuencias penales, según apuntan desde la acusación. De hecho, ha esquivado el sistema de caja B en el que el juez y los investigadores ahondan desde hace meses. Han destapado numerosas vías de financiación en negro y el instructor del caso ya apuntó a la existencia de una contabilidad diseñada para ocultar la caja B.
Dardos para sus enemigos
Granados ha declarado durante más de tres horas, y aunque ha pasado de puntillas sobre los delitos que le llevaron a pasar dos años y medio en prisión provisional, ha utilizado su tiempo y las preguntas de su abogado para disparar a sus enemigos en el PP. Ha implicado a Cifuentes, de quien se acordó al día siguiente de salir de prisión. “No olvido que ordenó sus abogados que se opusieran a mi libertad”, dijo en una entrevista.
También ha lanzado acusaciones contra Aguirre, de quien ha dicho que nada se movía en el PP y en Madrid sin su conocimiento. Aunque se convirtió en su mano derecha, la expresidenta renegó de él tras su implicación en Púnica. Cuando Granados tuvo la primera oportunidad de hablar desde la cárcel, durante su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, afeó a Aguirre no haber respetado su presunción de inocencia.
Por último, ha situado a González en el centro de la estructura de poder del PP de Madrid, una tesis que sostiene desde que abandonó la prisión de Estremera. Ambos se enfrentaron durante años por el control de la federación madrileña del partido, hasta que Aguirre apartó a Granados del cargo de secretario general del PP de Madrid a finales de 2011 para poner a González, a quien luego dejaría en herencia la Comunidad de Madrid. Granados ha explicado que le cedió el testigo con esta frase: “Por fin eres secretario general del partido, lo que llevas siendo los últimos ocho años”.
Fuentes de la acusación popular han apreciado inconsistente la declaración de Granados y consideran que no supondrá un punto de inflexión en la investigación sobre la presunta financiación del PP madrileño.
