La trama de la policía política se le escapa al Congreso
La oposición ha tenido este miércoles enfrente al máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad entre 2012 y 2016 durante tres horas y no ha obtenido un solo dato nuevo de relevancia sobre la utilización partidista de la Policía en el mandato de Jorge Fernández Díaz. El protagonista se mostró tan alejado de la realidad del que fue su Ministerio como para confundir la unidad que realizó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos o asegurar que nunca fue necesario investigar policialmente el proceso soberanista por toda la información que había en los medios de comunicación sobre el mismo.
A las inconcreciones del compareciente hay que sumar la inconsistencia de la mayoría de los interrogatorios de unos diputados ajenos a los detalles policiales por los que hace aguas la versión de Fernández Díaz. De esto hay que salvar al PP y Ciudadanos, grupos que utilizaron la comisión de investigación sobre la policía política durante la primera legislatura de Rajoy para preguntar por actuaciones del Ejecutivo catalán.
Como si estuviera convencido de que no iba a ser puesto en apuros, Fernández Díaz arrancó su intervención presentándose como la “víctima” de las grabaciones en su despacho y no el responsable político de que se haya utilizado a la Policía para investigar a la oposición democrática. Esas grabaciones, y su difusión días antes de las elecciones generales, constituyen una conjura para “alterar el resultado electoral”, según el exministro del Interior.
Lejos de investigar eso, se quejó Fernández Díaz, el Congreso ha montado una comisión de investigación sobre unas “grabaciones ilícitas”. “Sin esas grabaciones no estaríamos aquí, no habría caso”, lanzó el exministro del Interior, quien había arrancado su intervención agradeciendo a los diputados su consideración por aguardar a que el tratamiento de su cáncer le permitiera acudir a la Carrera de San Jerónimo a dar explicaciones.
Así las cosas, de Fernández Díaz para abajo no hubo atribución de responsabilidades nuevas. El artífice de la estructura de la policía política, el comisario Eugenio Pino, fue mencionado varias veces por la oposición, pero el exministro del Interior solo tuvo palabras de consideración hacia el policía ya jubilado. A lo sumo le atribuyó la iniciativa de que se reuniera con el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) Daniel de Alfonso.
Sobre quién grabó, Fernández Díaz prefirió no pronunciarse por no contar con pruebas. “Tengo mis ideas de quién hizo las grabaciones”, aseguró. Y ahí se detuvo. Para el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, no tuvo palabras de apoyo, ni de otro tipo. Sobre esa unidad recayó el trabajo de campo en Cataluña contra el proceso soberanista, como ha reconocido en sede judicial el comisario José Manuel Villarejo Pérez. El ministro dijo desconocer esa función de Asuntos Internos durante su mandato.
A estas alturas, Fernández Díaz insistió en que el citado comisario Villarejo, también jubilado, ha desarrollado importantes actuaciones contra el terrorismo. Ni palabra de la actividad empresarial millonaria del agente liberado de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) durante su mandato o de su confesión ante el juez del Pequeño Nicolás de que él fue enviado a Cataluña a investigar a políticos separatistas. Fernández Díaz también recordó que este policía ha sido ampliamente condecorado por los gobiernos que le precedieron.
El dudoso futuro de la comisión
Si termina imponiéndose el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos en la comisión, ninguno de esos policías podrá ser puesto en aprietos en el Congreso porque no serán llamados a comparecer alegando “razones de Estado”, alegan desde la bancada socialista.
Tampoco será llamado el actual agregado de Interior en La Haya, José Ángel Fuentes Gago, el inspector jefe que llevó hasta el Ministerio del Interior a De Alfonso. El PSOE entendió que De Alfonso, en su comparecencia, había señalado a este inspector jefe como la persona que le enseñó el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza. Fuentes Gago gana más de 10.000 euros brutos al mes en su actual destino, cantidad que hay que doblar con la retribución de su esposa, también policía, en un puesto otorgado igualmente por el comisario Pino.
“No caigamos en ese absurdo”, concluyó Fernández Díaz sobre las evidencias de investigaciones prospectivas contra políticos del ‘procès’. Estas, sencillamente, no se produjeron, dijo. “No con mi conocimiento y creo que sin él, tampoco”, añadió.
Sobre el informe PISA fue rotundo en que no dio instrucciones para investigar a Podemos. También dijo que ese informe fue elaborado por la UDEF, aunque tiene un sello de salida de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el semillero de la policía política, y que se trataba de una recopilación de informaciones periodísticas, cuando incluye una amplia investigación de movimientos bancarios desde cuentas supuestamente situadas en el extranjero. También dijo que se entregó al Tribunal de Cuentas, pero obvió que eso se produjo después de que el Tribunal Supremo hubiera despreciado su contenido, al que tuvo acceso por una querella de Manos Limpias.
