Los mitos sobre la inmersión lingüística
Cataluña se ha rebelado contra el anteproyecto de la reforma educativa planteado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Muchos son los aspectos de la norma criticados por la comunidad educativa catalana, pero uno solo ha provocado que miles de personas salieran a la calle en dos ocasiones y que la mayoría de partidos políticos cerrara filas en torno a la legislación catalana: el ataque a la inmersión. El borrador de la LOMCE obliga a introducir el castellano como lengua vehicular en las aulas. De este modo, su aplicación supondría el desmantelamiento de facto del modelo de escuela catalana, un sistema defendido por amplias capas de la sociedad catalana, que encuentran en los resultados un buen aliado.
Los alumnos catalanes, por encima de la media
Uno de los grandes argumentos de los defensores de la escuela en catalán es que el modelo de inmersión no afecta al nivel de lengua castellana de los alumnos. El último informe ajeno a la Generalitat –y por lo tanto, libre de toda sospecha de favorecer la inmersión– muestra cómo los alumnos catalanes se sitúan levemente por encima de la media española en lengua castellana. El estudio es del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y se basa en los resultados de una misma prueba que realizaron en 2010 los alumnos de Segundo de ESO de todo el país. En materia de comunicación lingüística (expresión y compresión oral y escrita del castellano), los colegios catalanes obtuvieron 502 puntos –la media se situó en 500–, un nivel superior al de muchas comunidades autónomas que cuentan con el castellano como lengua vehicular.
También se ha demostrado, en este caso en los exámenes PISA, que los alumnos castellanohablantes, pese a no aprender en su lengua materna, obtienen unos resultados parecidos a los de los alumnos catalanohablantes. Es decir, que la lengua vehicular no les perjudica en su aprendizaje. Así lo recogió en 2009 la Fundació Jaume Bofill, en un estudio basado en estas pruebas internacionales. Si se tienen en cuenta los alumnos de un mismo nivel socioeconómico y cultural, aquellos que hablan catalán en casa quedan tan solo 10 puntos –sobre 600– por encima de los que hablan en castellano, una diferencia que “no es significativa”, según el estudio.
La demanda de castellano
Aunque las formaciones partidarias de acabar con la inmersión (PP, Ciutadans y UPyD) han obtenido 760.674 votos en las últimas elecciones al Parlament de Cataluña, la demanda de escolarización bilingüe o en castellano sigue siendo ínfima. Según los datos difundidos por la Generalitat, de las cerca de 50.000 familias que empezaron a escolarizar a sus hijos en el primer curso de infantil este año, tan solo 12 han elaborado una instancia para pedir la enseñanza en castellano. Sin embargo, los números que baraja la entidad Convivencia Cívica, abanderada del desmontaje de la inmersión, son mayores. La entidad asegura que alrededor de 2.000 familias –en todos los niveles educativos– se han puesto en contacto con ellos para pedir escolarización en castellano. La cifra, con todo, queda lejos de los 1.293.167 alumnos que desde este septiembre llenan las aulas catalanas.
El llamado consenso
Pese a la actual oposición de algunas entidades y de partidos como PP o Ciutadans, la política lingüística catalana ha gozado históricamente de una aprobación mayoritaria en materia educativa, cuando no unánime. La Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, que sentaba las bases de la inmersión, fue aprobada por el pleno del Parlament (CiU, PSC, PSUC, ERC, UCD y PSA). Incluso Alianza Popular, que contó con representación a partir de 1984, se mostró favorable –con reticencias puntuales– a la llamada ley del catalán. Aunque en sus programas electorales apostaba por el bilingüismo en las aulas, a menudo apoyó la norma en aras del consenso.
“Se consideró que la inmersión era, en aquel momento, el único sistema que garantizaba que todos los niños de Cataluña pudieran salir de la escuela con un dominio aceptable del catalán y del castellano”, recuerda Josep Maria Lacasta, entonces maestro y concejal de Educación por el PSUC –partido federado con el PCE– en Santa Coloma de Gramenet. Fue su formación una de las que más defendió la inmersión, al darse cuenta de que, en las comunidades más humildes, muchas veces con mayoría castellanohablante, la escolarización en catalán era “un factor integrador fundamental”, según Lacasta. La primera aplicación del modelo de inmersión en Cataluña fue en 1984, en doce escuelas de Santa Coloma. Aquel curso, según cifras del Ayuntamiento, solo el 13% de las familias pedían escolarizar a sus hijos en catalán. Al cabo de dos años, eran el 60%. “Y llegaría a más del 95%”, recuerda Lacasta. “En toda Cataluña se comprobó que el catalán como lengua de enseñanza era el elemento cohesionador”.
Sin embargo, el consenso se rompió a inicios de la década de los 90, con Alejo Vidal-Quadras al frente del Partido Popular. La estrategia del PP viró hacia una mayor beligerancia contra la normalización lingüística. “Contra la lengua obligatoria” –en referencia al catalán– fue uno de sus lemas de campaña en las elecciones de 1992, y durante aquella legislatura empezaron a oponerse a las leyes de normalización.
Según el PP –y ahora también Ciutadans–, la inmersión ya no era necesaria para cumplir con el punto 4 del artículo 14 de la ley de 1983, verdadera piedra de toque del modelo de escuela catalana que se repite en la hoy vigente Ley de Educación de Catalunya (LEC): “Todos los niños de Catalunya, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios básicos”. Los partidos, todavía muy mayoritarios, que la semana pasada se reunieron en una cumbre para hacer frente común contra la Lomce, siguen pensando que el modelo de inmersión es el único que garantiza el cumplimiento de este punto.
