Medio millar de alegaciones contra el gas en el municipio de La Laguna
La acción promovida por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Ciudadana Lagunera (ACL), junto al grupo municipal de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, ha logrado captar más de medio millar de alegaciones vecinales en las mesas informativas organizadas ante la fase de información pública de la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de construcción y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en el citado término municipal.
Este proyecto, que ha recibido en tres ocasiones el rechazo del pleno municipal en el presente mandato, es, según indicó el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, “uno de los grandes peligros que se ciernen sobre el municipio en 2018, ya que implica el despliegue de un combustible fósil por más de 438 kilómetros de vías públicas, además de la instalación de un depósito centralizado en la zona de San Lázaro, con tres contenedores de gas propanado de más de 49.000 litros de capacidad cada uno. Además, se realizará en un lugar de gran interés agrícola y con una población que ha sufrido especialmente con muchos de los grandes proyectos de infraestructura en la isla de Tenerife”.
Ascanio dijo que “hemos participado en esta acción en coherencia con los acuerdos plenarios que venimos promoviendo desde 2015 en el Ayuntamiento y con la seguridad de que esas instalaciones supondrán un serio bloqueo al desarrollo de las energías renovables en La Laguna y en Canarias”.
Respecto a las mociones aprobadas en el último pleno municipal de 2017, el edil explica que “llevamos una pregunta a la sesión de este jueves en la que esperamos que se nos aclare qué acciones ha desarrollado el Gobierno de CC-PSOE para informar sobre este proyecto y facilitar las alegaciones vecinales, ya que en estas semanas solo hemos visto desinterés e inacción al respecto, más allá de los titulares del alcalde que dice estar en contra del gas sin explicar cómo piensa dejar a La Laguna fuera de un proceso que afecta a todo Tenerife”.
La formación lagunera además ha presentado una alegación propia que en una decena de páginas explicita los elementos por los que cuestionan la utilidad pública de esas instalaciones. Explican que se oponen a la utilidad pública del proyecto, pues “entienden que no existe en él un desarrollo argumentado sostenible sobre las mejoras que generará esa infraestructura y sus condiciones de competencia con otros sistemas energéticos actualmente presentes en nuestro municipio, como es la electricidad, ya sea a través de combustibles fósiles o de fuentes renovables, que a día de hoy están por desarrollar hasta alcanzar todo el potencial existente”.
La ACL y la formación lagunera entienden que el anuncio por el que se sacaba el proyecto a información pública, concediendo un plazo de treinta días hábiles y metido en parte en jornadas de las fiestas navideñas, “es una práctica torticera, con la complicidad evidente de las autoridades responsables, para desalentar la participación ciudadana, y peor aún, para impedir que las administraciones locales afectadas puedan pronunciarse de forma correcta y detallada, al contar en buena parte de este periodo de exposición pública con menos personal del habitual”.
Consideran que esa actuación “supone una evidente infracción del convenio de Aarhus, que aborda el derecho al acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y a la justicia en materia de medio ambiente en lo que se refiere a la participación pública en asuntos ambientales”.
En su alegación, Unidos Se Puede recuerda que países como Holanda y Alemania ya están desarrollando planes para su paulatina retirada como fuente de energía, con proyectos como el de Ámsterdam, que establece la eliminación de todas las canalizaciones de gas natural de la ciudad para el año 2050, para cumplir con los protocolos internacionales contra el cambio climático. “No tiene ningún sentido avanzar en la dirección contraria para salvaguardar los intereses económicos de una multinacional energética [Redexis] y no el interés general”, manifiesta.
La alegación presentada también aborda las consecuencias urbanísticas de esta infraestructura para elementos como el área protegida por el Plan Especial del Casco y las edificaciones catalogadas, su incidencia sobre el sector primario, el riesgo potencial existente al tratarse de un producto inflamable y por encontrarse en una zona con actividad sísmica, además de la existencia de alternativas energéticas más sostenibles y viables en un territorio como el nuestro.
