Innecesario y con datos inventados: un informe de la Junta rechaza el macrovertedero industrial de San Justo de la Vega
Bajo el nombre de 'Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega' se esconde un proyecto de macrovertedero, en realidad tres grandes vertederos, que ocuparán 140,6 hectáreas, en el límite del municipio astorgano con los de Benavides de Órbigo y Villares de Órbigo. Un proyecto que lleva ya un año de tramitación administrativa y que ha tenido que volver a salir a información pública tras los informes en contra emitidos por diversas entidades, el más destacado, uno de la propia Junta de Castilla y León.
El macrovertedero se sitúa próximo a la N-120 y la AP-71 que une León con Astorga, hasta el punto que según los informe del promotor, será visible desde algunos puntos del trazado dado su gran tamaño. Este proyecto se ubica junto al Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega, que recoge los residuos domésticos de toda la provincia. Pero en él irán residuos industriales no peligrosos y peligrosos, incluso de fuera de Castilla y León, además de un vertedero para materiales inertes provenientes de la construcción.
El proyecto se plantea en fases bajo el concepto de 'valorización' de los residuos, es decir, extraer los materiales de posible rehuso antes de enterrar el resto. Pero eso sería con los residuos no peligrosos, ya que en el caso de los peligrosos no habría planta y serían enterrados directamente “Al no existir una planta de tratamiento de RIP (Residuo Industrial Peligroso) en el mencionado Parque Medioambiental, los residuos peligrosos en los que no sea viable su valorización, se dirigirán directamente al vertedero de RIP (Residuo Industrial Peligroso).
Entre los residuos peligrosos que se prevén enterrar están “Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias peligrosas”, provenientes de residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión como siderúrgicas o cementeras que los producen. La capacidad de tratamiento total al año del vertedero de residuos peligros es de 55.000 toneladas, de las que más de la mitad serán de estos residuos peligrosos no tratables y el resto de materiales de construcción. El vertedero de residuos no peligrosos tiene una capacidad anual de 107.000 toneladas.
La empresa promotora del macrovertedero industrial se llama Valorización Verde SA, cuyo socio único es otra llamada Latem Global Trading SA, que a su vez tiene como socio único a Laminados del Principado, SA, empresa de cabecera del holding del empresario leonés Macario Fernández.
Proyecto 'no necesario' y problemas de 'sobrecapacidad'
Un informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León descalifica el proyecto de macrovertedero ya que “de la evaluación técnica del expediente y de su planteamiento y a la vista de los puntos anteriores, no se desprende que exista una necesidad de estas infraestructuras es esta Comunidad Autónoma, ni un interés regional para la puesta en funcionamiento de las mismas”.
Así en la misma consejería que permite su retramitación critica el informe presentado de solicitud y el 'atajo' administrativo que son los proyectos regionales. Y lo hace asegurando que no encuentra los datos usados por la empresa para justificar el volumen de residuos del proyecto, ya que “no ha sido posible localizar los datos cuantitativos que se han utilizado como referencia, ni la evolución temporal de los mismos que permita constatar la necesidad de las infraestructuras que plantean ejecutar”.
El informe de 16 páginas está firmado por la jefa del servicio y critica grandes carencias del proyecto, como que al plantearse por fases la primera sea solo de eliminación y no valorización, es decir, que al principio sea un mero vertedero industrial para residuos peligrosos y no peligrosos sin hacer reciclaje, “dejando para fases posteriores operaciones de valorización no parece lo más adecuado e incumple uno de los pilares básicos de la política de residuos como es la jerarquía de tratamiento”.
Un informe de la Junta no encuentra los datos que usa la empresa para justificar el volumen del proyecto
Además, acusa al macroproyecto también de incumplir “otros de los pilares básicos de la política de residuos, como es el principio de autosuficiencia y proximidad, ya que se puede producir una entrada importante de residuos de otras comunidades autónomas, al existir un gran desequilibrio entre las capacidades previstas de los vertederos y las cantidades generadas en Castilla y León”. En el análisis se considera un desequilibrio en especialmente grave en el caso de los residuos peligrosos, “en cuyo caso incluso se prevé la entrada de residuos que no se generan actualmente en esta Comunidad Autónoma”.
Sobre la planta para residuos de construcción del proyecto el informe técnico de la consejería señala que tampoco es necesaria la de San Justo de la Vega ya que “se ha puesto de manifiesto de forma objetiva la amplia capacidad de tratamiento existente, en el momento actual, en la Comunidad Autónoma así como en la provincia de León, sin que se detecte la necesidad de nuevas iniciativas en este sentido, sino quizás todo lo contrario, ya que la sobrecapacidad instalada está dando lugar a distorsiones del mercado”. Este se debe a que ya actualmente en la eliminación de residuos peligrosos que anualmente se eliminan en vertederos de Castilla y León “aproximadamente un 60% proceden de otras Comunidades Autónomas”.
El informe señala que si sale adelante el macrovertedero “Es previsible que se produzca una mayor entrada de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas. Y más teniendo en cuenta que algunos de los códigos de entrada a este vertedero son residuos que no se generan en ninguna de las instalaciones de Castilla y León, como son las cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias peligrosas”.
El empresario promotor atraviesa graves problemas financieros en varias de sus compañías
El informe critica el diseño de los tres vertederos englobados en el macroproyecto ya que “se conciben y dimensionan como vertederos de cola para dar servicio exclusivo a los residuos generados en cualquiera de las líneas de valorización a implantar, sino que recibirán mayoritariamente entradas directas de residuos procedentes de plantas externas, en porcentajes nunca inferiores al 80% de la capacidad disponible”. El Servicios de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados va más allá y cuestiona que en este momento haya necesidades de instalaciones de eliminación “ni de residuos inertes ni de residuos peligrosos, siendo quizás el más deficitario el flujo de los residuos industriales no peligrosos, si bien y tal y como se ha argumentado en el primer punto, la prioridad es el reciclaje y valorización de residuos frente al depósito en vertedero, aspecto que este proyecto no garantiza”.
Macario Fernández, en graves problemas financieros
El empresario promotor del macrovertedero, el babiano Macario Fernández -el rey del zinc' en Asturias- se encuentra en estos momentos en importantes problemas financieros con su holding. Desde el pasado 1 de noviembre una de sus principales sociedades, Asturiana de Laminados, tiene su cotización suspendida en el Mercado Alternativo Bursátil. La razón, no haber presentado las cuentas correspondientes a los estados financieros intermedios a tiempo. Según la empresa, el retraso se debe a que falta el informe del auditor de la sociedad, el gigante KPMG, y que una vez que esté el “se procederá a la publicación de estos”. Pero la falta de las cuentas ha coincidido con la petición de aplazamiento de pago de deuda.
Fernández ha convocado la junta de bonistas para intentar aplazar los pagos de una deuda de 50 millones de euros que debería abonar en el 2027. Los bonistas son los prestamistas de esta cantidad millonaria que además cobran un interés del 5,25% anual, a pagar el 31 de diciembre de cada año. Asturiana de Laminados pide que los bonistas le refinancien y acepten una prórroga de los pagos de la deuda de cinco años, pagando el importe de 50 millones en 2023, y que además le permitan refinanciar el interés anual de este año hasta el 2 de agosto del 2027. ILEÓN ha remitido a la sociedad cuestiones sobre qué implicaría una falta de acuerdo con los bonistas, si una posible suspensión de pagos o qué circunstancias, sin que hasta la publicación de la información se haya recibido respuesta.
A la situación de Asturiana de Laminados se une el parón de su proyecto de Latem Aluminium en Villadangos del Páramo y Villabrázaro (Zamora), con cuantiosa financiación pública. Latem está en ERTE y ha paralizado la construcción de su fábrica en la provincia zamorana, acusando al Ministerio de Industria de retrasos en los pagos prometidos y haber provocado esa situación. Pese a ello cuenta con el apoyo público garantizado de la Junta de Castilla y León, que ha señalado que no le obligará a devolver ayudas pese a su precaria situación financiera confiando en que salga adelante.
El plazo para presentar alegaciones contra el macrovertedero concluye en 30 días, hábiles al no especificar la resolución, a contar desde el 4 de diciembre que el proyecto está disponible en la web de la Junta de Castilla y León.
