Andalucía advierte a sus alcaldes de que están fuera de plazo para retirar símbolos franquistas
En abril de 2017, al poco de entrar en vigor la Ley andaluza de Memoria Histórica, el Gobierno de Susana Díaz envió una carta a los 778 ayuntamientos de la comunidad para informarles de que tenían un plazo de 12 meses para retirar de sus municipios todos los vestigios del franquismo y nombres de calles que siguieran vivos en sus municipios. Era un mandato del artículo 32 de la ley, sobre la retirada de los símbolos franquistas de los espacios públicos, que regula sanciones económicas y la pérdida de ayudas públicas a los ayuntamientos que se nieguen a hacerlo.
El plazo ha expirado esta semana –el pasado martes 3 de abril- y la Dirección General de Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha vuelto a enviar cartas a todos los alcaldes informándoles de que, a partir de ahora, aquellos que no hayan cumplido la legislación en materia de simbología franquista están expuestos al marco punitivo que establece la ley.
En el primer año en vigor de la Ley andaluza de Memoria, la respuesta de los alcaldes a la Junta ha sido muy desigual. Algunos escribieron de vuelta a la Dirección General, otros se comunicaron con las delegaciones territoriales del Gobierno andaluz en sus provincias. Hay regidores que de inmediato probaron que los símbolos y calles de nombres franquistas se habían eliminado de sus municipios en 1979, nada más estrenarse la democracia, y otros que han confirmado la retirada de los últimos vestigios hace apenas unas semanas. Pero muchos alcaldes ni siquiera respondieron a la carta, dificultando la elaboración de un inventario de los restos del franquismo.
Izquierda Unida, una de las autoras de la Ley andaluza de Memoria, denuncia que “la mayoría de los ayuntamientos incumplidores son los que están gobernados fundamentalmente por el PP”, y augura “una riada de expedientes sancionadores si dentro de unos meses la Junta comienza los trámites oportunos para que la retirada de la simbología franquista sea una realidad”. Sin embargo, no todos los alcaldes que “se han puesto de perfil”, en palabras de la Junta, “son necesariamente regidores del PP”. “También hay regidores de izquierdas, del PSOE y de IU”, que no han sabido o no han podido abordar este asunto en sus pueblos, “porque no existe unanimidad de criterio entre sus vecinos, y la retirada de una calle o de un elemento arquitectónico suscita un acalorado debate”, explican fuentes de la Consejería de Presidencia.
En el consistorio de Córdoba, por ejemplo, la reciente aprobación en pleno del cambio de nombre de 15 calles franquistas desencadenó un tenso choque de legitimidades dentro del propio salón de Plenos entre vecinos que apoyaban la medida y quienes se oponían. Algo similar, pero a la inversa, ha ocurrido recientemente en Jaén, donde el Ayuntamiento (gobernado por el PP) ha rebautizado su Universidad Municipal Popular con el nombre de un ex alcalde franquista, Ramón Calatayud. Y en Cádiz, donde gobierna una marca afín a Podemos (Por Cádiz Sí se Puede), el Gobierno de José María González 'Kichi' ha cambiado el título a la Avenida Ramón de Carranza (ex alcalde franquista), que ahora se llama Avenida 4 de Diciembre, pero no al estadio de fútbol, del mismo nombre.
Aprovechando el primer aniversario desde la entrada en vigor de la ley, la dirección regional de IU, envió un escrito a todos sus alcaldes en Andalucía -en 80 municipios- y a sus grupos municipales en la oposición (380) para “conocer el grado de cumplimiento” de la norma “y hacer una evaluación al respecto”, instándoles a rellenar un formulario sobre los símbolos franquistas en sus pueblos. El lunes, la diputada y portavoz en materia memorialista de IU, Inmaculada Nieto, exigió a la Junta que “tenga una actitud proactiva y empuje a los ayuntamientos a cumplir” con la retirada de la simbología franquista “de todas las calles y plazas de Andalucía”. Nieto escenificó su denuncia precisamente en la plaza Menéndez Tolosa de Algeciras (Cádiz), “uno de los muchos ejemplos del incumplimiento de la ley”. “Desde hace un año esta plaza no debería llamarse de este modo”, dice.
La dificultad de homogeneizar el criterio para todos los municipios andaluces sobre quién participó, colaboró o intervino directa o indirectamente en la Dictadura y la posterior represión franquista dificulta los trabajos. El director general de Memoria, Javier Giráldez, carece de un inventario de los símbolos franquistas que siguen en pie en Andalucía. Para eso se decidió preguntar directamente a los alcaldes en cuanto se abrió el plazo que marca la ley para su retirada y justo un año después. El resultado no ha sido del todo concluyente, porque no todos han respondido. De los que sí lo han hecho, la gran mayoría asegura que no quedan símbolos franquistas en sus pueblos, aunque hay casos en los que se produce una contradicción entre lo que afirma el alcalde y lo que ha trasladado alguna asociación memorialista local, que se ha puesto en contacto por su cuenta con el departamento de Giráldez.
El articulado de la ley es muy claro, pero su traslado a la realidad municipal resulta complejo, porque en algunos pueblos existen serias discrepancias no sólo entre los distintos partidos del Ayuntamiento, sino también entre diferentes movimientos asociativos. En todo caso, ahora mismo todos los gobiernos locales que mantengan símbolos franquistas en sus municipios están expuestos a sanciones o a perder las subvenciones de la Junta. Además la ley también establece que, si un Ayuntamiento o una empresa privada se niega a retirar un símbolo franquista de un espacio público, el Gobierno andaluz podrá hacerlo en su lugar de manera subsidiaria.
Para dar este paso, será determinante el reglamento de retirada de símbolos franquista que desarrolla esta parte de la legislación, y que la Consejería de Presidencia está ultimando ahora mismo. Aquí se fijarán las pautas a seguir a partir de ahora: cómo se rastrean los vestigios del fascismo, la Guerra Civil y la Dictadura, cómo se determina si, en efecto, deben considerarse elementos de exaltación franquista, y cómo y cuándo se procede a su retirada.
