El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por Teresa Rodríguez y otros ocho ex diputados de Adelante Andalucía contra la decisión del Parlamento andaluz de expulsarles de su grupo parlamentario bajo la acusación de tránsfugas. Los jueces desestiman las medidas cautelarísimas solicitadas por los nueve diputados -hoy no adscritos-, que pedían su readmisión en el grupo Adelante con efecto inmediato, y sin audiencia de las partes; pero acuerdan abrir una pieza separada de medidas cautelares para resolver un posible reingreso en su grupo, una vez escuchadas las partes, confirman fuentes del TC a este periódico.
Es decir, será el Constitucional quien finalmente ejerza de árbitro en el conflicto político que enfrentó a Podemos, IU y los Anticapitalistas por el control del grupo Adelante Andalucía. Serán citados a declarar los recurrentes -Rodríguez y sus compañeros- y también la propia institución del Parlamento andaluz, que es quien avaló y ejecutó la expulsión de los nueve diputados.
La Sala Primera del Alto Tribunal ha dictado este lunes una providencia, firmada por el juez ponente Alfredo Montoya, en la que informa a las partes de la admisión a trámite del recurso de amparo de Teresa Rodríguez y sus compañeros contra el Parlamento de Andalucía por una posible vulneración de sus derechos fundamentales como parlamentarios, cuyas funciones legislativas quedaron muy mermadas al ser expulsados y adquirir la condición de no adscritos. Los recurrentes alegan que se ha violentado su derecho fundamental a ejercer sus funciones representativas (artículo 23.2 de la Constitución) y, en consecuencia, su derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1), y los magistrados admiten “la trascendencia constitucional” de la denuncia.
La sentencia difícilmente se conocerá antes de las próximas elecciones andaluzas, previstas para noviembre de 2022, explican fuentes judiciales. Sin embargo, el Constitucional abre la puerta a admitir como medida cautelar la readmisión de Rodríguez y sus ocho compañeros en el grupo de Adelante Andalucía, que ahora está en manos de los seis diputados de IU que organizaron y promovieron su expulsión, con la connivencia de otras fuerzas de la Cámara: PSOE, Ciudadanos y Vox (el PP se abstuvo). Antes, los jueces escucharán a las partes.
Si finalmente devuelven a los nueve parlamentarios a su grupo [en origen, 17 diputados], las consecuencias políticas tendrán un gran impacto no sólo para la coalición de izquierdas Adelante Andalucía -los expulsados serán ahora mayoría dentro del grupo, y los muñidores de su expulsión quedarán en minoría-; también dañará la imagen del Parlamento andaluz, la primera Cámara legislativa del país que ha adaptado a su reglamento interno el pacto nacional antitransfuguismo. La nueva definición de tránsfuga que aparece en ese pacto -cuando un cargo electo se aparta de los criterios políticos de su formación- fue la que esgrimió la Mesa del Parlamento para justificar la expulsión de Teresa Rodríguez de su grupo, antes incluso de que el pacto antitransfuguismo formase parte del reglamento de la Cámara (la reforma es de hace sólo dos semanas, y Rodríguez fue expulsada definitivamente el pasado 18 de noviembre).
La decisión del Constitucional ha coincidido este lunes con el relanzamiento de la marca Adelante Andalucía, anunciado esta mañana por Teresa Rodríguez a las puertas del Parlamento autonómico, con intención de “refundar la coalición” y volver a presentarse con estas siglas en los próximos comicios, pero ya sin los socios cofundadores: Podemos e IU.
La admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por Teresa Rodríguez y su equipo introduce una nueva dimensión jurídica a la guerra fratricida en el seno de la izquierda andaluza, tras su paso desolador por el Parlamento de Andalucía. Los nueve recurrentes son hoy diputados no adscritos de la Cámara, sin apenas margen legislativo o político, mientras el grupo Adelante está en manos de quienes promovieron su expulsión, sus compañeros de IU y de la nueva dirección andaluza de Podemos.
El grupo, inicialmente de 17 parlamentarios, tiene ahora ocho dentro y nueve fuera. La expulsión de la gaditana, consumada el 28 de noviembre de 2020, fue el colofón de una larga guerra interna entre Podemos, IU y los Anticapitalistas por el control de Adelante, tras el fracaso electoral de 2018. La confluencia logró menos votos y escaños y no convenció como alternativa de izquierdas al PSOE, viendo cómo irrumpía el primer Gobierno andaluz de PP y Cs con apoyo de Vox.
A partir de ahí, Rodríguez abandona la dirección de Podemos Andalucía, reactiva su partido matriz –Anticapitalistas- para meterlo en Adelante y, una vez dentro, vira el rumbo político de la coalición sin el consenso de IU: rechaza el Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –y por extensión cualquier alianza con el PSOE- y anuncia marca propia en todos los procesos electorales, disputando el espacio político a Unidas Podemos.
Todo esto genera un malestar creciente dentro de Adelante que termina con una maniobra compleja en la que los socios cofundadores –Podemos e IU- impulsan la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario, avalada por la Mesa de la Cámara con apoyo del PSOE, Ciudadanos y Vox. El argumento es una acusación de transfuguismo bajo una nueva definición del término tránsfuga, que acaba de pactarse en el Congreso por una amplia mayoría de partidos. El órgano de gobierno del Parlamento andaluz delibera durante un mes y tres sesiones sobre dichos argumentos.
El letrado mayor retrasa la decisión, admite primero la expulsión, luego la corrige y más tarde vuelve a confirmarla, siempre advirtiendo de “serias dudas jurídicas” al respecto y de una posible vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.
El vicepresidente tercero de la Mesa y miembro de Cs, Julio Díaz, admite que vota a favor de la expulsión “por acatar una directriz política de la dirección nacional de su partido”, que “no comparte”. Meses después, los mismos partidos que han votado a favor de la expulsión de Rodríguez ratifican una reforma del reglamento de la Cámara que incluye el pacto nacional antitransfuguismo y blinda, a posteriori, los argumentos de la Mesa para apartar a los nueve diputados anticapis.
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