Crónica de una crisis anunciada: los Presupuestos de Moreno para Sanidad Pública y su uso

Desde que el Sr. Moreno Bonilla llegó al poder, en 2019, todos los presupuestos anuales para la Sanidad Pública andaluza han sido calificados de “históricos” y de “récord” por el Gobierno de la Comunidad. La verdad es que, como veremos, lo son, aunque en un sentido distinto del que normalmente se quiere significar con estas palabras. Veámoslo con el presupuesto del presente año 2024 que, por ahora, es sobre el que en más ocasiones se han empleado esos calificativos. De entrada, debemos distinguir dos aspectos distintos: 1) la cuantía del presupuesto y 2) el detalle de en qué se emplea y en qué forma se emplea.

La cuantía del presupuesto para la Sanidad Pública en el presente año se dice que será de 13.893 millones de euros, aunque existen dudas ya que, a las alturas que estamos, hay aún una parte del mismo sin gastar. Pero démoslo por bueno. Para tener una idea de qué significa esta cantidad hay que buscar una referencia, esta sí histórica, de este parámetro; escojamos el valor alcanzado inmediatamente antes de la época de los recortes debidos a la llamada crisis financiera: este fue en 2008 y contó con 10.307 millones de €. Esto quiere decir que el presupuesto actual es un 34,7% más alto que el de 2008. Ahora bien, la variación del IPC en ese mismo periodo ha sido de un 32,5%, según el INE. O sea: no ha habido un aumento sustancial de inversión en Sanidad Pública ya que el presupuesto de 2024 es similar al de 2008. La misma conclusión puede sacarse cuando se estudian todos los años de este gobierno, un fárrago de números que vamos a ahorrarles. Por lo tanto, nada permite echar las campanas al vuelo, ni ahora ni en los años anteriores, como ha hecho el Gobierno andaluz.

Más bien habría que opinar lo contrario, porque de 2008 a 2024 han ocurrido varias cosas importantes en Andalucía: 1) La población andaluza tiene ahora 448.718 habitantes más que en 2008, personas que lógicamente necesitan asistencia sanitaria. 2) El número de personas con más de 64 años, las personas que más recursos sanitarios precisan, suma ahora 1.632.307 (un 19% de la población total), de los cuales casi 400.000 no estaban en 2008. 3) Debido a la llamada “crisis financiera” la Sanidad Pública, durante el periodo de 2009 en adelante, ha sufrido cuantiosos recortes con respecto al presupuesto de 2008; si se tienen en cuenta las variaciones del IPC anuales, los recortes sumados de todo ese periodo alcanzan una cifra cercana a 19.000 millones de €. Estos recortes, obviamente, tuvieron, y aún tienen, graves repercusiones sobre la funcionalidad de la Sanidad Pública (pérdida de plantilla, recursos instrumentales, etc.).

Si se hace la media de la inversión sanitaria pública per cápita en el periodo del actual Gobierno andaluz, Andalucía es la que menos ha invertido para ese objetivo de todas las CCAA

Pues bien, ninguno de estos tres factores ha sido contemplado en el presupuesto de 2024 (ni tampoco en los anteriores). Es decir, el presupuesto de 2024 (y los anteriores) no satisface las necesidades reales de la Sanidad Pública para nuestra población. Por tanto, deben calificarse de “históricos” por ser claramente insuficientes, incluso en unos años de bonanza económica. De hecho, si se hace la media de la inversión sanitaria pública per cápita en el periodo del actual Gobierno andaluz, Andalucía es la que menos ha invertido para ese objetivo de todas las CCAA.

En este punto hay que señalar que los presupuestos durante la terrible pandemia de la COVID (2020-2021) fueron completados con ayudas del Gobierno Central, sin las cuales el Servicio Sanitario Público Andaluz habría colapsado. Sin embargo, en buena medida, estos fondos externos no fueron usados como adicionales para solventar la pandemia, sino que, como indicaron en su momento los sindicatos sanitarios, se usaron también para pagar partidas estructurales. Esa es la causa de que la recuperación de la atención a las patologías no-COVID, desatendidas en esos años, esté todavía atascando nuestras listas de espera.

Existe una clara pérdida de la funcionalidad de la Atención Primaria, entendida esta con sus tres componentes esenciales: accesibilidad (atender en tiempo), longitudinalidad (ser atendido continuamente por la misma médica/o durante años) y promoción de la salud y prevención de la enfermedad

A continuación, al entrar en el detalle de cómo se está gastando el deficitario presupuesto de 2024 se desvelan nuevos problemas. El más importante es la falta de inversión en las dos causas fundamentales de la crisis sanitaria actual. En primer lugar, con respecto a la Atención Primaria, que es la instancia que resuelve el 80% de los problemas sanitarios, existe una clara pérdida de su funcionalidad, entendida esta con sus tres componentes esenciales: accesibilidad (atender en tiempo), longitudinalidad (ser atendido continuamente por la misma médica/o durante años) y promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Se sabe que estas tres propiedades de la Atención Primaria rebajan la mortalidad de la población en un 30%; no hay medida sanitaria más eficiente que esta. Pues bien, esas tres propiedades se han perdido actualmente: cita media por encima de 15 días, con frecuencia no te atiende tu médica/o y la mayoría de los programas preventivos se han suspendido. Esto ocurre por la falta acuciante de personal y por graves defectos de gestión y organización del trabajo.

En segundo lugar, en aquellas patologías que han de ser resueltas en el nivel hospitalario, los procesos de diagnóstico (citas con especialistas hospitalarios y realización de las pruebas diagnósticas necesarias para ello) y de tratamiento (quirúrgico, médico o sicológico) de las enfermedades, alcanzan demoras, que sí son récord histórico, en 2024: más de un millón de personas en las listas de espera, muchas de ellas fuera de los plazos de garantía legales (datos de junio de 2024). Y aún no se han hecho públicas las esperas para pruebas diagnósticas, lo que aumentaría mucho más estos números. Sin duda, estos hechos están poniendo en riesgo la salud e, incluso la vida, de muchos pacientes.  

Marea Blanca y sindicatos sanitarios venimos proponiendo soluciones para estos dos aspectos fundamentales de la actual crisis sanitaria dentro de los Centros Públicos: para el primero, un aumento de la plantilla de los Centros de Salud en cuatro mil profesionales nuevos y con contratos estables (1.500 de personal facultativo, 1.500 de enfermería y 1000 de gestión), unido a medidas de desburocratización y mejoras de gestión de los Centros de Salud.

Para el segundo, se ha propuesto aumentar el aprovechamiento de los centros públicos, mediante la creación de un turno de tarde en 20 hospitales con profesionales nuevos y estables de aquellas especialidades más “atascadas” (los detalles de este plan están publicados aquí), para erradicar las listas de espera. De aplicarse, estas dos actuaciones habrían revertido la crisis actual y la inversión estimada para ambos planes es de 450 millones de €/año.

Las cosas están cada vez peor; por ejemplo, la cita media para Atención Primaria ha pasado de 10 días en 2023 a más de 15 días, actualmente

A lo largo de 2024 el gobierno ni ha aplicado estos planes (no hay aumento sustancial de inversión en plantilla) ni ha resuelto ninguna de los dos aspectos esenciales de la crisis. Es más, las cosas están cada vez peor; por ejemplo, la cita media para Atención Primaria ha pasado de 10 días en 2023 a más de 15 días, actualmente.

Veamos entonces en que ha invertido el dinero presupuestado durante la presente anualidad. En este análisis sobresale un hecho fundamental: el aumento del gasto en favor del sector sanitario privado. No se trata solamente de aumentar los conciertos con las clínicas privadas para derivar pacientes desde las listas de espera, un concepto que sube año a año, alcanzando en lo que va de 2024, que aún no ha acabado, más de 600 millones de € (415 millones de € en 2018), sino de todo un sistema de pagos excesivos a empresas privadas relacionadas con la sanidad. Un ejemplo claro es el del gasto anual en farmacia, que en 2023 aumentó en más de 1400 millones de €, comparado con el de 2018 (4857 frente a 3469 millones de €), cifra que este año se puede superar.

¿Cómo está ocurriendo esto? Pues actuando sobre las medidas de abaratamiento y control del gasto; así, el gobierno actual suspendió la subasta de medicamentos, no acaba de poner en práctica el Decreto 512/2015, que posibilita la compra centralizada de fármacos para el sector socio-sanitario y, por último, se han relajado los controles para la exigencia del uso de fármacos genéricos y de biosimilares, más baratos, medidas que existían antes de su llegada, y que, sin duda, serían tenidas en cuenta para preservar su economía por cualquier familia o empresa privada. En conjunto, se estima que de aplicarse estas medidas de control la factura de farmacia se rebajaría unos 300 millones de €/año.

Pero a esto se añade un elemento más, que se ha ido conociendo recientemente gracias a los informes de la Intervención Pública y el Tribunal de Cuentas, hechos que han sido ampliamente comunicados por la prensa. Nos referimos al uso de formas irregulares de pago, como ampararse en una ley sin vigencia o el fraccionamiento de facturas en posible fraude de ley. Estos métodos, que se vienen usando desde 2021, han permitido el pago de cientos de millones de euros a dedo y no exclusivamente a las clínicas de medicina privada, sino que se extienden al pago por obras en los Centros Públicos a empresas constructoras o a la compra de fármacos y otros bienes.

Estas formas de pago se han modificado en 2024, aunque las empresas beneficiadas en los conciertos han vuelto a ser las mismas. El uso de estos métodos es de especial relevancia, ya que impiden la competencia normal entre empresas, así como la posibilidad de abaratamiento por compras a gran escala, facilitando así los sobrecostes. Algunos de estos aspectos están actualmente siendo examinados por la justicia.

En definitiva, en 2024, al igual que en los años anteriores, no solo estamos ante un presupuesto claramente insuficiente sino, además, ante un presupuesto mal gestionado, con sobrecostes que podrían evitarse, que no soluciona la crisis actual, y en el que parecería que se ha buscado más el aumento de trasvase de fondos públicos al sector privado, que actuar sobre las graves carencias, sobre todo de plantilla, de nuestra Sanidad Pública. Las propuestas de solución aportadas más arriba, que buscan robustecer los Centros Públicos, cuestan menos que la suma de los más que posibles sobrecostes existentes en la actualidad. Es decir, el gobierno de Moreno Bonilla prefiere derivar fondos con posibles sobrecostes al sector sanitario privado, en vez de, usar bien esos fondos y solucionar los problemas reales de nuestra Sanidad Pública, lo que, sin duda, sería más barato y ofrecería una asistencia de mayor calidad. Para colmo, dicen ahora no disponer de dinero para pagar los complementos económicos que deben desde hace tiempo a la plantilla actual, una plantilla que, precisamente, no está bien remunerada.

¿Y que puede esperarse de lo que se anuncia sobre el presupuesto de 2025, aún en el Parlamento? Se avanza que habrá un aumento de 900 millones de euros sobre el de este año, un nuevo fiasco histórico, ya que el grueso de esta cantidad va a ir a aumentar los conciertos con centros de medicina privada (un 22% más, se dice) y a gastos de farmacia, que ya van a superar los cinco mil millones de euros al año, una tercera parte del presupuesto. Y poco para aumentar las plantillas, que es la necesidad principal.

Nuevamente, la crónica de una crisis sanitaria anunciada. Esta vía nos va conduciendo a la Sanidad individual del sálvese quien pueda, en la que la mayoría de las personas tendrá que conformarse con una atención sanitaria deteriorada y empobrecida. El punto final de esta vía es llegar a la situación de Estados Unidos, que tiene la Sanidad más cara del mundo, alcanzando casi el doble de gasto per cápita que la mayoría de los países avanzados, y la de peor calidad sanitaria comparativa con esos mismos países.

José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía

Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

Desde que el Sr. Moreno Bonilla llegó al poder, en 2019, todos los presupuestos anuales para la Sanidad Pública andaluza han sido calificados de “históricos” y de “récord” por el Gobierno de la Comunidad. La verdad es que, como veremos, lo son, aunque en un sentido distinto del que normalmente se quiere significar con estas palabras. Veámoslo con el presupuesto del presente año 2024 que, por ahora, es sobre el que en más ocasiones se han empleado esos calificativos. De entrada, debemos distinguir dos aspectos distintos: 1) la cuantía del presupuesto y 2) el detalle de en qué se emplea y en qué forma se emplea.

La cuantía del presupuesto para la Sanidad Pública en el presente año se dice que será de 13.893 millones de euros, aunque existen dudas ya que, a las alturas que estamos, hay aún una parte del mismo sin gastar. Pero démoslo por bueno. Para tener una idea de qué significa esta cantidad hay que buscar una referencia, esta sí histórica, de este parámetro; escojamos el valor alcanzado inmediatamente antes de la época de los recortes debidos a la llamada crisis financiera: este fue en 2008 y contó con 10.307 millones de €. Esto quiere decir que el presupuesto actual es un 34,7% más alto que el de 2008. Ahora bien, la variación del IPC en ese mismo periodo ha sido de un 32,5%, según el INE. O sea: no ha habido un aumento sustancial de inversión en Sanidad Pública ya que el presupuesto de 2024 es similar al de 2008. La misma conclusión puede sacarse cuando se estudian todos los años de este gobierno, un fárrago de números que vamos a ahorrarles. Por lo tanto, nada permite echar las campanas al vuelo, ni ahora ni en los años anteriores, como ha hecho el Gobierno andaluz.