Siete familias en medio de la batalla del decreto antidesahucios
El recurso presentado por el Gobierno central ante el
Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta de Andalucía para el
Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda ha dejado en medio de la
batalla entre ambas administraciones a las familias que ya habían sido
beneficiadas por dicho decreto.
Hasta el momento, en toda Andalucía se habían contabilizado siete
casos de familias que se habían acogido al denominado decreto antidesahucios,
sobre cuyas viviendas la Junta ya había iniciado los trámites para la
expropiación temporal de su uso de manos de las entidades bancarias que eran
las propietarias.
Sobre estas familias se abre ahora un periodo de
incertidumbre, acogidas por un lado a la norma andaluza en cuya defensa la
Junta de Andalucía se mantiene firme pero, por otro lado, con el horizonte de
la resolución que dicte el Tribunal Constitucional ante el recurso presentado
por el Gobierno central.
Familias de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga
Las dos últimas familias beneficiadas por el decreto
antidesahucios lo fueron el 24 de junio en Málaga, cuando el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el inicio de la expropiación temporal de las
viviendas de Ana María y Said, una vez que se había comprobado que ambos
cumplían los requisitos contemplados en la norma y corrían serio riesgo de
exclusión social si finalmente eran desahuciados de sus casas.
Un mes antes, el primer caso de beneficio de este decreto lo protagonizó,
a finales de mayo, María del Carmen en Huelva capital, donde se inició el
proceso para conseguir la expropiación temporal del uso de su vivienda y evitar
así el desahucio. Se habían comprobado también en este caso que la residente cumplía los requisitos y corría serio
riesgo de quedar excluida de la sociedad, al disponer sólo de una renta menor.
A mediados de junio, otras dos viviendas, una en Motril y otra
en Charches-Valle del Zalabí, ambas en la provincia de Granada, se sumaron a la
lista de acogida al decreto andaluz. En ambos casos,
las dos inquilinas – Ana y Margarita, respectivamente- habían dirigido su solicitud a la Consejería
de Fomento y Vivienda ante el embargo de sus viviendas, obteniendo respuesta
afirmativa para iniciar el proceso en sus casas.
También en esas fechas, María del Rocío vio cómo la administración autonómica iniciaba los trámites de expropiación del uso de su vivienda en Almonte
(Huelva) de la que ya no era propietaria. Conseguía así un tiempo máximo de
tres años para estabilizar su situación sin miedo a tener que dejar su vivienda.
L
a séptima familia que ahora está pendiente del recurso
ante el alto Tribunal vive en San Roque (Cádiz). Sergio tuvo noticia
de la aplicación del decreto antidesahucios en su caso el 21 de junio. Y ahora,
transcurrida sólo una semana desde entonces, la decisión del Gobierno central
les devuelve la incertidumbre.
