El decreto que despenalizó el aborto en España cumple dos décadas este año. Repasamos con Eva Rodríguez Armario, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción del Emabarazo (ACAI), 20 años de una conquista social esencial en la defensa de derechos de las mujeres. Ella es una de las representantes más jóvenes de las primeras personas que impulsaron la puesta en marcha de centros dedicados al aborto. Pese a considerarse una prestación sanitaria pública todavía existen trabas sociales para las mujeres y estigmas para los profesionales que se dedican a este campo. Eva Rodríguez es también directora de la Clínica el Sur, que recibió ayer en Córdoba el Premio Clara Campoamor Andalucía, “un reconocimiento a la militancia por los derechos y la libertad que ha terminado por convertir a esta clínica en una aliada del tejido asociativo feminista”, según reza en la justificación del premio.
En 2015 se cumplen 20 años de la Ley Orgánica 9/1985 que despenalizó el aborto en varios supuestos. ¿Cómo fueron los orígenes de la despenalización?
El SAS es uno de los primeros servicios de salud de una comunidad autónoma en España que apuesta por dar la prestación del aborto a nivel público. Aunque la ley es de 1985, hasta finales del 1986 no se posiciona el Tribunal Constitucional ante un recurso y posteriormente se publica un Real Decreto en el que se regula la labor de los centros autorizados para la interrupción de embarazo. Por tanto, las clínicas no empezaron a constituirse hasta 1987. Nuestra clínica, por ejemplo, la abrieron dos médicos de Málaga. Ellos procedían de un pequeño grupo de cuatro personas que hacían abortos ilegales en su consulta. Gente como Germán Sáez de Santamaría o Alberto Stolzemburg que incluso tuvieron que ir a la cárcel, Rafael González o Santiago Jordán.
¿Y cómo se hizo el planteamiento desde el Servicio Andaluz de Salud?
Inicialmente el SAS trató de integrar el servicio en la sanidad pública y de hecho uno de los que estuvieron intentándolo fue el dueño de la Clínica el Sur, Rafael González, pero tuvieron bastantes problemas, especialmente con el personal sanitario que se oponía. Llegaron a realizar abortos y se presentaron todo tipo de problemas: auxiliares que se negaban a atender a una mujer porque venía a abortar o incluso los celadores que se negaban a empujar una camilla si era para eso. Se daban muchos casos así en aquella época. En el Hospital de Jerez hubo un intento, y también en el de Málaga, pero al final no había manera.
¿Eso obligó a establecer los conciertos con las clínicas privadas?
En realidad intervinieron otro motivos añadidos. Una vez que las clínicas empezaron a realizar abortos como un servicio privado, la demanda fue creciendo. Había mucha gente que no tenía dinero para pagarlo. Empezamos a tener contacto con trabajadores sociales y conseguíamos ayudar a algunas para que no se les cobrara o se les dejara más barato. A la gente de la clínica se le ocurrió plantear un tipo de acuerdo para prestar este servicio. El SAS vio así el cielo abierto para poder prestar la asistencia públicamente. En un principio eran acuerdos de prestación complementaria que había que realizar uno a uno. Hasta unos años después no se convirtieron en conciertos.
¿Consiguieron así eliminar trabas para poder ejercer el derecho al aborto?
Las trabas de alguna u otra manera han existido siempre. Por ejemplo, en los hospitales se crearon comités éticos. En esos comités éticos participaba el capellán del hospital. Eso hacía que muchas veces solo se aprobaban abortos en casos de malformaciones graves. Además la ley hablaba de “cuando se presuma que una mujer pueda tener una patología física o psíquica”. Haber padecido una rubeola o someterse a rayos x puede ser un factor de riesgo y provocar malformaciones. Son riesgos físicos evidentes. Pero un embarazo no deseado implica muchas más cuestiones. Las clínicas nos apoyamos sobre todo en el riesgo psíquico, ateniéndonos a la interpretación de la Salud que defiende la OMS: la salud es el bienestar bio psico social. Si un embarazo amenaza tu salud física, psíquica o atañe a los determinantes sociales de tu salud, está claramente justificado. A pesar de ello, llegaron incluso a a acusarnos de fraude de ley. Si un embarazo puede afectar a tu entorno social a tu desarrollo y te angustia o provoca estrés, nosotros creíamos que esa situación podía poner en riesgo su salud psíquica. Eso lo hacíamos las que estábamos convencidas del derecho al aborto y nos queríamos arriesgar a que nos denunciaran, a ir a la cárcel, etc... En realidad todo eso en la mayoría de los casos se hace por militancia.
Pese a ello, os han llegado a criticar alegando que solo os mueve el interés económico.
Hay gente que lo decía y lo dice. Tu puedes ejercer la medicina privada y que te vaya bien en función de los bien que lo hagas sin tener que arriesgarte a los problemas a los que nos hemos tenido que arriesgar. Además, claro, está del estigma social. Hay gente que por trabajar en las clínicas se ha tenido que pelear con su familia o amigos o vecinos que han dejado de hablarte porque te has dedicado al aborto. Eso nos ha pasado siempre. Te señalan con el dedo porque eres el 'abortero'. Desde la sanidad privada hay muchas formas de ganar dinero; la gente que nos hemos dedicado a esto lo hemos hecho fundamentalmente por militancia. Creíamos y defendíamos el derecho al aborto. Las clínicas de interrupción del embarazo que existen en España, desde el principio, todas han salido de gente que venía de la clandestinidad. Han surgido algunas nuevas, pero generalmente son equipos que surgieron de los primeros centros que luego se han dividido por la razón que sea.
¿Desde las clínicas abogáis por integrar al 100% el servicio en la sanidad pública?
Sí. Desde ACAI hacemos declaraciones siempre en ese sentido. Nostoros queremos que el servicio se integre y se preste directamente desde la sanidad pública, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. Hace 27 años que hay gente implicada en esto, que ha creado equipos multidisciplinares especializados con dotes para empatizar y no juzgar a la persona a la que prestan la asistencia; y que técnicamente se han formado y actualizado. Lo ideal sería ntegrarlo en la pública como lo planteaba la ley de 2010 que no se ha llevado a la práctica. El objetivo sería formar a la gente, a que los MIR de ginecología se formen también en esto, vamos a formar a matronos y matronas sobre abortos provocados, a los y las trabajadores y trabajadoras sociales, pero es que no se forma específicamente a ningún colectivo para esto.
¿No existe formación desde la universidad y los hospitales?
No existe formación sobre el aborto voluntario. Solamente las personas que estamos dedicadas a esto. El problema es que como en la pública no se ha formado para la realización de abortos instrumentales, se practican abortos farmacológicos a edades y momentos que no son apropiados para la mujer. Si realizas una aborto farmacológico con 15 semanas para que la mujer lo expulse, se puede llevar dos días ingresada en el hospital con la sensación de que aquello es un parto, cuando con aspiración puede realizarse en unos minutos.
¿No hay gente preparada en la sanidad pública para hacer eso?
No. Saben hacer abortos diferidos o espóntaneos. Pero son procesos muy distintos. No se puede hacer a la misma manera. Estamos dispuestos a formar a quien debamos formar. Y tenemos un problema. Los que empezamos en esto nos estamos haciendo mayores. Santiago desgraciadamente ha muerto hace unos días. Yo que soy de las más jóvenes tengo 51 años. No tenemos relevo generacional. La gente no conoce nuestras técnicas y saberlas hacer bien y con seguridad exige tiempo de aprendizaje.
¿Como profesionales sanitarios, estaís en desventaja por haberos dedicado a esto?
Tenemos mucha desventajas y pocas ventajas por ser un centro privado. Por ejemplo, la vida profesional aquí, aunque estés prestando un servicio público, no cuenta. No cuenta la experiencia como puntos en los baremos del SAS; pero luego sí nos consideran públicos para las incompatibilidades. Nadie que trabaje aquí puede trabajar en el SAS. Y eso afecta a lo que decía antes. Si hubiera profesionales de la pública que quieran formarse, no pueden porque al estar trabajando en la pública. Hace poco hemos tenido una MIR de un hospital público de Sevilla que quería formarse en Interrupción de Embarazo y acudió a nosotros. Le dijimos que sin problema, pero este tipo de formación no está contemplada en el sistema.
¿No se ha llegado a integrar plenamente como un servicio más de la cartera de la sanidad pública?
No. Se ha hecho de una manera arrinconada. Siempre hemos encontrado buena voluntad en la Consejería de Salud, pero luego no se planifica adecuadamente. Es una prestación en la que no se contempla algo tan necesario como la continuidad asistencial. Si una mujer viene de una provincia lejana y luego tiene una complicación o una duda y va a un hospital público puede exponerse a prejuicios, a un rechazo total. A veces en algunos sitios les dicen que se lo han hecho mal, las legran, las duermen, las dejan ingresadas un día y las ponen en contra de nosotros porque ellos están en contra de nosotros. Están en contra del aborto. No ocurre siempre, claro. Hastas 14 semanas las solemos recibir desde Atención Primaria. Ahí hay profesionales que no presentan problemas y donde existe conciencia. Con los años, a base hablar y conocernos hemos ido mejorando esa relación; pero ha tenido que ser uno a uno. Hay poca labor institucional para intentar familiarizar a los profesionales con la prestación. La Escuela Andaluza de Salud Pública hace cada año un programa de formación de formadores para atención primaria en salud Sexual y reproductiva en la que se trata el aborto voluntario desde distintas facetas y esto seguramente a la larga calará. Pero echamos de menos programas de este tipo con los hospitales. Con el tiempo nos hemos ganado el respeto de muchos de nuestros compañeros que ven que a las mujeres se las ha tratado bien.
¿Qué ha supuesto el aborto farmacológico?
El aborto farmacológico ha supuesto un avance en algunos sentidos pues permite tener varias opciones para realizar los procedimientos. Pero creemos que el extender el aborto farmacológico, como única opción, como está ocurriendo en algunos países y algunas Comunidades Autónomas en España, no es la solución. Hay muchas mujeres que no lo quieren. En general es doloroso, requiere más tiempo, crea incertidumbres y es más complejo para aquellas mujeres que prefieren algo discreto y rápido. Suele acarrear más consultas posteriores por dudas, mareos, miedos, dolores, y la clínica tiene que estar dispuesta a atender ese tipo cosas. Somos centros ambulatorios que no están abiertos siempre por lo que si esas mujeres van a la sanidad pública pueden encontrarse con la incomprensión y los problemas de siempre. Ni siquiera lo veo como defienden algunas, un empoderamiento de las mujeres porque ellas controlen su propio aborto. Creo que lo que empoderar realmente a las mujeres es la capacidad de decidir. Nosotros cobramos lo mismo sea la técnica que sea, para que el precio no sea un determinante en esa elección. Hay países en los que si hay que elegir entre el farmacológico o nada, extender el aborto farmacológico es un gran avance. Pero lo que debemos lograr es facilitar la asistencia para que la mujer elija.