La Fiscalía de Huelva ha rechazado los recursos presentados por los cinco investigados en el conocido como ‘Caso Aljaraque’, y ve indicios de cohecho en los mismos, entre los que se encuentran el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, sobre el que se mantiene la causa abierta.
De esta forma, como la ha adelantado la edición de Andalucía de ABC, y se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, sigue adelante la investigación judicial de este caso por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, por el presunto caso de soborno que evitó una moción de censura contra la alcaldesa de Aljaraque (Huelva) Yolanda Rubio en enero de 2017.
La causa es consecuencia de una denuncia presentada por un vecino de la localidad días después de que Sí se Puede Aljaraque rechazara ejecutar la moción ya registrada en el Ayuntamiento junto con los concejales del PP, en la que ponía de manifiesto que la misma se había cancelado tras ofrecer el PSOE un empleo a la esposa de uno de los ediles de ‘Sí se Puede’ en la empresa pública Aguas de Huelva y al otro, una concejalía en el Ayuntamiento.
En la lista de implicados en este caso figuran además los dos concejales de la marca blanca de Podemos en Aljaraque, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva.
El escrito de Fiscalía mantiene en todo momento que los puestos de trabajo no eran ilegales de por sí, pero sí ve indicios de que su concesión estuvo relacionada con la citada moción de censura, por lo que ordena en un auto que el procedimiento siga adelante mediante tribunal del jurado. Caraballo, que es también presidente de la Diputación Provincial de Huelva, había alegado ante la jueza que había ausencia de indicios de participación en el caso, pero la magistrada “mantiene para el recurrente la condición de investigado, teniendo en cuenta el estado de la causa, donde constan indicios de su participación en los hechos constitutivos de delito de cohecho”, cita el escrito de la Fiscalía.
Sin embargo, el mismo auto no observa que en este caso se esté produciendo un presunto delito de tráfico de influencias, y destaca, en relación al contrato de la mujer de Martín, firmado pocos días después de formalizarse la moción de censura, es cuestionable en las formas, no en el fondo.
Por ello, cita que “lo que se cuestiona es que con el conocimiento de que dicha contratación fuera posible o incluso inminente se utilizase dicha información en el ámbito de la negociación dirigida por Rodríguez para dejar sin efecto la moción de censura con el fin de torcer la voluntad de los dos concejales de Sí se Puede Aljaraque y conseguir de ellos algo lícito en sus fines”.
Por todo ello, el fiscal entiende que es necesario que el caso siga adelante, con el fin de aclarar si hubo “intervención relevante” de Caraballo en este asunto. Por ahora, no hay reacción a este caso ni en el PSOE onubense ni por parte del propio Caraballo.
Historia del caso Aljaraque
En diciembre de 2016 se anuncia que el PP y Sí se Puede, marca blanca de Podemos en el pueblo, firman un pacto para echar a la socialista Yolanda Rubio de la alcaldía. Los ediles que apoyaban al PP sostenían que había 13 puntos programáticos no cumplidos por la edil socialista en su acuerdo con ellos, y que suponía incumplir el 75 % del programa.
Desde que se anuncia la ruptura del pacto se suceden varias reuniones en el pueblo. En una de ellas, uno de los presentes, que acudió como asesor de Sí se Puede, M.A.A., asegura que se ofrece, por parte del PSOE, un puesto de trabajo en una empresa pública de gestión de agua a la esposa de uno de los concejales de la formación, Francisco Martín. M.A.A. no lo denuncia en ese momento, sino que realiza varias grabaciones de conversaciones en días sucesivos manteniendo una actitud de normalidad, aunque mostrándose en contra de aceptar la oferta. La denuncia fue presentada el pasado 9 de febrero, y en ella se solicita que se investigue la reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero anterior.
El denunciante realizó varias grabaciones telefónicas desde el 10 de enero. Prácticamente grababa todas las llamas que recibía. En una de esas grabaciones registra un ofrecimiento realizado por el sindicalista onubense José Luis Rodríguez del citado puesto de trabajo a la mujer del edil de Sí se Puede. En la denuncia se recoge que Rodríguez acudió al encuentro del 10 de enero como “enviado político de Ignacio Caraballo”. Según la misma denuncia, dos días después se anunció la retirada de la moción de censura. El denunciante aportó al juzgado más de seis horas de grabaciones.