El PP cierra la puerta a que se investiguen las presuntas mordidas en la empresa municipal Promálaga

El ayuntamiento de Málaga ha cerrado la puerta a investigar a fondo la presunta corrupción en la empresa municipal Promálaga, en el centro de la polémica desde que hace una semana este medio desveló que la Fiscalía cree que Francisco Muñoz, su exdirector económico y financiero, intentó cobrar una mordida a un empresario. El fiscal acusa a este ex alto cargo municipal de cohecho y falsedad documental y pedirá para él tres años y diez meses de cárcel en un juicio que se celebrará en julio de 2025.

“Por las manos de quien fue director financiero de Promalaga durante quince años han pasado más de 200 millones de euros, y la sombra de la corrupción se ha paseado varias veces”, ha recordado Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, antes de pedir que el Tribunal de Cuentas audite a esta empresa pública municipal. “Es una nueva oportunidad para arrojar luz. Lance un mensaje claro contra la corrupción; si no, estará lanzando otro mensaje”, ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre (PP).

La oposición lleva años acusando al gobierno municipal de encubrir este caso, y querría poner la lupa sobre el tiempo en que Muñoz gestionó el departamento económico de Promálaga, asumiendo un papel determinante en la contratación de una empresa que por entonces rondaba los 12 millones de euros de presupuesto anual.

No será así. Este jueves, los concejales del PP, con mayoría en el Pleno, rechazaron la apertura de una comisión de investigación, tal y como había solicitado Con Málaga en una moción urgente. La propuesta tuvo el apoyo del PSOE, y Vox se abstuvo. Los ediles del equipo de gobierno también rechazaron llevar el asunto al Tribunal de Cuentas, pese a la petición unánime de la oposición, incluyendo a Vox.

El ayuntamiento argumenta que en el caso Promálaga es un perjudicado y que ya hace lo que debe. Promálaga está personada acusando por más delitos de los que ve Fiscalía: delito continuado de cohecho, continuado de falsedad documental y blanqueo de capitales, malversación, negociación prohibida de los funcionarios públicos y cohecho por razón del cargo, según fuentes municipales.

La concejal responsable, Alicia Izquierdo, ha reclamado incluso el mérito de haber atajado las irregularidades. Si el caso “existe” es “sólo” porque el equipo de gobierno lo denunció, ha dicho, antes de asegurar que Promálaga es la empresa pública más fiscalizada de Málaga y acusar a la oposición de crearle mala fama. “Hay que tener arte”, le ha replicado con ironía Toni Morillas, portavoz de Con Málaga.

Una indemnización millonaria al ahora acusado

Hay dos hechos que añaden dinamita política al asunto y dejan a Francisco de la Torre y su equipo en una posición más incómoda de la que quieren admitir. El primero, la secuencia de acontecimientos desde que el equipo de gobierno se enteró del presunto cohecho. El empresario al que se le exigió la mordida (el 50% de los beneficios de un contrato, 1.223 euros) informó al gerente de Promálaga y al concejal y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Mario Cortés, en diciembre de 2016. El 9 de mayo, el gerente, el concejal y el empresario ponen la denuncia, que da origen a una investigación en un juzgado de instrucción, inicialmente bajo secreto, y desvelada en octubre de 2019 entre gran escándalo. Pero Promálaga mantiene a Muñoz hasta el 26 de septiembre de 2019, dos años y diez meses después de enterarse de las presuntas irregularidades. “¿Por qué tardaron dos años en despedirlo?”, ha preguntado hoy la portavoz de Con Málaga, sin respuesta.

El segundo hecho está relacionado con el primero. A pesar de las cautelas que se tomaron con él manteniéndolo en el cargo, o precisamente por ello, el ayuntamiento acabó indemnizándolo con 180.000 euros, porque el Tribunal Superior de Andalucía confirmó que su despido disciplinario era nulo. El motivo técnico es la tardanza de Promálaga en despedirlo, pues dejó pasar más de 60 días desde que, en diciembre de 2016, se enteró de los motivos que justificaban el despido disciplinario.

Se da la circunstancia de que Manuel Díaz Guirado, otro alto cargo de una empresa municipal (SMASSA) cesado hace meses entre sospechas de irregularidades investigadas por un juzgado, también recibió una buena indemnización, en este caso de 22.300 euros. “Parece que hasta cometiendo delitos hay gente que consigue enriquecerse”, se lee en la moción rechazada hoy.

“¿A la primera lo pillaron?”

La oposición también quiere abrir el campo. Razona que la Fiscalía, que sólo acusa por una presunta mordida, está condicionada por la prescripción de delitos, un límite que no se aplicaría a una comisión de investigación municipal que podría examinar desde 2003 (cuando Muñoz fue contratado por Promálaga) hasta 2019. En la sentencia del TSJA que obligó a indemnizar a Muñoz se lee que el gerente informó al concejal Mario Cortés “ante la sospecha de que la trama fuera mayor”, aunque en 2019 aseguró que no había otras denuncias. Y la propia Policía y la Agencia Tributaria habían puesto bajo el foco sobre 342.000 euros abonados en 2015 y 2016 a seis proveedores, de los cuales Muñoz y su esposa habrían cobrado 33.400 (el 10%), según su publicó en su momento.

En los antecedentes publicados también hay sospechas de otras irregularidades en las que el ahora acusado tuvo una influencia decisiva. Por ejemplo, el Caso Raqueta, en el que dos informes suyos no previstos en el proceso, el primero de ellos inicialmente sin firmar, cambiaron el curso de una adjudicación millonaria, sobre las que la oposición dijo en su momento que había muchas “sombras”.

De ahí, la batería de preguntas de Mariano Ruiz Araújo (PSOE): “¿Fue la actuación denunciada la primera y última que cometió este señor? ¿A la primera lo pillaron? ¿Ha habido más empresas coaccionadas? ¿Cuántas, cuáles, cuánto se les ha pagado? ¿Actuaba solo?”.