24 horas después de hacerse público el acuerdo de los cinco partidos del Parlamento andaluz para repartirse las comisiones, el PSOE reaccionó ante la enorme oleada de indignación y protesta social por que la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico -que dirime los asuntos de Memoria Histórica- hubiese recaído en el grupo ultraderechista Vox. Los socialistas ha intentado renegociar esto con el PP “sin éxito”. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, telefoneó este lunes a su homólogo en el PP andaluz, José Antonio Nieto, para ofrecerle otro acuerdo: un intercambio entre la presidencia de la Comisión de Cultura, que pasaría a manos del PSOE, y la de Fomento y Vivienda, que sería para el grupo ultraderechista.
El apaño no ha sido posible, porque los populares se han negado a “renegociar” un acuerdo que ya contó con el apoyo del PSOE, y han conminado a los socialistas a “ponerse de acuerdo con Vox para intercambiar sus comisiones”. El PSOE se ha negado en rotundo a parlamentar con el partido de Santiago Abascal. “No vamos a hablar con Vox de nada”, decía por la mañana la portavoz del partido, Ángeles Ferriz.
Para presidir la Comisión de Cultura, y enmendar el acuerdo alcanzado entre los cinco partidos el lunes pasado, el PSOE tendría que forzar una votación y garantizarse previamente el apoyo de diez de los 18 miembros de la comisión. Con el respaldo de Adelante Andalucía logran ocho votos, de modo que forzosamente tenía que negociar con PP, Ciudadanos o Vox. El PSOE ha intentado renegociar in extremis con el PP y con sus ex socios en la formación naranja, pero ambos le han dado la espalda. De modo que la presidencia de esta comisión ha quedado como estaba, en manos del partido ultraconservador. La presidenta será la diputada malagueña de Vox, Ana Gil Román, elegida con los votos de PP y Cs; la vicepresidencia será del socialista Jacinto Viedma, y la secretaría para el popular Toni Martín.
Ahora los cinco partidos que llegaron a un acuerdo para repartirse las comisiones el pasado 4 y 5 de febrero han emprendido una pelea con distintas versiones de lo que ocurrió en aquella negociación, organizada y pilotada por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. La mayoría de fuentes consultadas presentes en aquella reunión -tanto de los grupos de conservadores como de los dos de izquierdas- reconocen que ni PSOE ni la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) reclamaron como prioritaria la presidencia de la comisión de Cultura, que ocupa el último puesto en orden de prelación del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Tampoco Vox eligió presidir Cultura, según fuentes parlamentarias, simplemente “le tocó por descarte del resto de fuerzas políticas”.
El resultado fue que una fuerza que defiende la derogación de la Ley andaluza de Memoria va a presidir la comisión parlamentaria que aborda estos asuntos, elige el orden del día en cada sesión, marca el ritmo legislativo y convoca a la consejera para dar explicaciones a la Cámara. El acuerdo de los cinco grupos para repartirse las comisiones se fraguó entre el lunes y el martes (4 y 5 de febrero), pero la noticia de que Vox presidiría la comisión que trataba asuntos de Memoria no se conoció hasta tres días después, cuando Abc adelantó el acuerdo. La indignación social se hizo patente en los medios de comunicación y las redes sociales. En los primeros momentos, ni PSOE ni Adelante Andalucía acertaron a dar una explicación clara de cómo se había llegado a ese acuerdo, y qué responsabilidad tenían las fuerzas de izquierdas. Luego, Adelante Andalucía acusó a PP y Ciudadanos de haber llegado a un acuerdo “impuesto” para dejar la Comisión de Cultura en manos de Vox.
El PSOE también denunció este hecho, pero además rectificó para enmendar su responsabilidad, ofreciéndose a presidir Cultura y Memoria a cambio de ceder una de las que había reclamado en el primer acuerdo: Fomento y Vivienda. Fuentes de ambos partidos reconocen que en ningún momento pidieron presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico y que, sólo cuando se les hizo saber que ese órgano quedaría en manos de Vox, expresaron su “desacuerdo por la poca conveniencia de que un partido de ultraderecha dirija los asuntos relativos a una ley que quiere derogar”, explican fuentes socialistas.
Este lunes se están constituyendo en el Parlamento andaluz las 18 comisiones parlamentarias -11 permanentes legislativas y siete no legislativas (sólo cinco se han votado hoy)- que centrarán el debate normativo y legal a lo largo de toda la legislatura. Se han constituido una a una, con la elección de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Las comisiones donde no había ningún representante de Vox entre los miembros de la mesa se han constituido por asentimiento, sin necesidad de votar, y según lo acordado por todos los grupos en la reunión informal convocada por Bosquet el 4 y 5 de febrero.
Sin embargo, el PSOE ha decidido pedir votación separada de los miembros de la mesa de cada comisión donde había un candidato de Vox a ocupar la presidencia, la vicepresidencia o la secretaría. “No vamos a votar a Vox para ningún cargo institucional”, advierte Ferriz. En efecto, ni los socialistas ni los diputados de Adelante Andalucía votan en contra del aspirante de la ultraderecha, pero tampoco votan a favor. Se remarca así el distanciamiento ideológico con una fuerza que tildan de “populista y de extrema derecha”, y que con sus 12 diputados sostiene al Gobierno bipartito de PP y Cs. En sentido contrario no ocurre. Los parlamentarios de Vox sí han votado a favor de los candidatos de PSOE y Adelante para presidir sus comisiones.
Este reparto de comisiones, además de servir de contrapeso al Ejecutivo, comportan dietas económicas en los salarios de los diputados que salgan elegidos.