Quién se queda con el caso de los ERE, enésimo capítulo nueve meses después
A finales de marzo, el TSJA 'ascendió' a la jueza Mercedes Alaya y aprobó su nuevo destino en la Audiencia Provincial de Sevilla, como ella misma había pedido a finales del pasado año. Desde entonces, la investigación de las macrocausas que se siguen en el Juzgado de Instrucción 6 continúan su curso pero sin directora clara, principalmente el caso de los ERE, que en este tiempo ha viajado paralelamente a Granada y Madrid para escuchar la versión de a los aforados.
Tanto el TSJA como el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, vienen pasándose la patata de a quién le corresponde dirigir las investigaciones mientras Alaya y su sustituta en el juzgado, María Núñez, se disputan la potestad. Ya el 10 de febrero, el TSJA informó favorablemente de la petición de prórroga solicitada semanas antes por Alaya para seguir en el juzgado hasta que llegara sustituto.
El CGPJ avaló dicha prórroga a comienzos de marzo y el sustituto (sustituta) llegó finalmente a finales de abril. Alaya no tardó en solicitar una de los dos comisiones de servicio que se habían abierto para continuar con la instrucción de los ERE), los cursos de formación y los avales y ayudas concedidos a empresas por la agencia IDEA.
Lo último que ha trascendido es que, después de que la jueza Núñez no esperara al dictamen del CGPJ para dividir la causa de los ERE, la pelota ha vuelto, por enésima vez, al tejado del TSJA, quien debe dirigir un nuevo informe al CGPJ. Numerosos escritos de ida y vuelta, y más de medio año de idas y venidas desde que Alaya obtuviera su plaza hasta que la Sala de Gobierno del TSJA tome partida otra vez en el asunto en su reunión del próximo 22 de septiembre. Y ya después, siempre a partir de octubre, la decisión (supuestamente definitiva) de la comisión permanente del CGPJ.
Según Alaya, su sucesora no tiene rigor ni seriedad
Alaya, pese a su nueva plaza, de la que tomó posesión a finales de junio, ha cogido cariño a la instrucción y no quiere desprenderse de ella, más de cuatro años después. Pidió una comisión de servicio seguir con los ERE y con otros casos más embrionarios como el de las ayudas a la formación, también con la Junta en el punto de mira. Su persistencia, a pesar de obtener dicha comisión para prorrogar su estancia en el juzgado por seis meses, le hizo dirigir un contundente informe en el atacaba a su sustituta, lo que motivó que el TSJA reconsiderara su postura inicial (que Alaya mantuviera el caso) ante su “falta de colaboración”.
El alto tribunal, al margen de las formas de Alaya, ha insistido en un par de ocasiones en que debe ser ella debe seguir investigando los ERE pero no el caso de los cursos de formación. El CGPJ, en sus consideraciones al respecto, ha respaldado en todo caso la opinión del TSJA respecto al plan de actuación y distribución de cometidos, pero la decisión de Núñez de dividir el caso en piezas separadas (tomada el último día de julio pasado) podría hacer variar la última valoración por parte de TSJA y CGPJ. La actitud de las juezas respecto a esta cuestión no ha parecido sentar bien en ambos organismos superiores.
Con todo, ambas juezas aspiran a seguir con la instrucción del caso a la espera de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y hasta seis exconsejeros (Recio, Moreno, Viera, Ávila, Aguayo y Vallejo), Supremo mediante, puedan ser llamados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 6.
