Sus iniciales son L.M.L.R., pero en Mojácar todo el mundo lo conoce por el mote de Luisón. Su detención se conoció el pasado domingo, durante la jornada electoral, en el marco de la operación policial contra una supuesta trama de compra de votos por correo en la que días antes habían sido arrestadas siete personas, dos de ellas pertenecientes al PSOE. El octavo detenido fue el último y el único vinculado al PP, según se supo al día siguiente, cuando sus lazos políticos ya no podían desgastar a un partido que se ha empleado a fondo en la campaña en señalar al PSOE por la presunta compra de votos en Mojácar. La relación de Luisón con el PP es orgánica: fue apoderado del partido en las elecciones de 2019, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar elDiario.es. Además tenía antecedentes y no hay noticia de que haya sido puesto en libertad. Toda esta información solo ha trascendido pasadas las elecciones.
Luisón trabaja a sueldo de ese Ayuntamiento del PP: es el sepulturero de un pueblo almeriense de 7.500 habitantes que ha centrado buena parte de la atención de los medios en la reciente campaña electoral. Allí el Partido Popular calcó el domingo pasado la mayoría absoluta (ocho concejales frente a cinco del PSOE) que obtuvo en las elecciones de 2019, esas en las que Luisón fue su apoderado.
Durante la campaña electoral, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a pedir al PSOE que retirara su candidatura en ese Ayuntamiento. Otros dirigentes destacados –Esteban González Pons, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Tellado– culparon de esta trama al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por haber participado en un mitin con el candidato del PSOE y por veranear en la localidad.
El día 28, mientras todavía había personas votando, las informaciones de un nuevo imputado provenientes de teletipos que citaban fuentes de la Guardia Civil no mencionaban las afinidades políticas de Luisón. Se limitaban a decir que “el octavo detenido” había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.
En busca y captura desde 2020 por cinco delitos
Cuando Luisón fue arrestado, el juez comprobó que constaban varios delitos previos en sus antecedentes. El que le llevó a la cárcel fue la reventa de un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar. Posteriormente, como si se tratara del cobro de un rescate en un secuestro, Luisón habría devuelto el instrumento a su dueña a cambio de 250 euros.
La orden de busca y captura la había emitido el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 tras ser condenado a seis meses de prisión y serle denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales: amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida. Todos estos detalles solo se conocieron el 31 de mayo. Durante tres años Luisón habría seguido trabajando en Mojácar y a la luz pública a pesar de estar en busca y captura.
Cuando el escándalo de la supuesta compra de votos estalló el día 25, tampoco había conseguido eco mediático una denuncia previa, del martes 16 de mayo, pero en sentido contrario: del PSOE contra el PP. El candidato socialista, Manolo Zamora, denunció ante la Guardia Civil presuntas irregularidades en la tramitación de los votos por correo de algunos vecinos mediante certificado digital.
Una foto de la alcaldesa del PP junto a sobres con votos por correo
Zamora informó a la Guardia Civil que “muchos beneficiarios” de cestas de comida que asignan los servicios sociales y “reparte la alcaldesa y concejales” del equipo de gobierno “personalmente” en Navidad “estarían votando por correo”.
En ese sentido aportó Zamora un documento con la relación de beneficiarios y “una fotografía donde aparece la alcaldesa junto con una beneficiaria de dicha cesta y en la mesa el sobre del voto por correo y otros cinco sobres al lado ya preparados”. La denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, se presentó personalmente por Zamora en el cuartel de la vecina localidad de Garrucha, en representación del PSOE.
Ocho días después, la alcaldesa del PP, Rosa María Cano, contraatacó con otra denuncia que, esta sí, desembocó en la detención de siete personas, dos de ellas integrantes de la lista del PSOE. Fue esta última operación la que acaparó mayor atención mediática y la que todos los dirigentes del PP a escala nacional y autonómica utilizaron insistentemente para desgastar a su rival electoral.
Los detenidos el 25 de mayo, en plena campaña, fueron Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno (número dos y cinco de la candidatura del PSOE) y el exconcejal del ya extinto Partido Andalucista Pedro Montoya. También quedaron en libertad provisional los otro cuatro detenidos.
Impugnación de las elecciones
El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación en Mojácar. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del Partido Socialista se disponen a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan a pedir la impugnación, informa Javier Ramajo.
La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.