Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, únicamente con los votos del PP, Vox y el PAR, el proyecto de ley de Vivienda de Aragón, impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón y que convierte los suelos dotacionales no desarrollados, lo que incluye los reservados a instalaciones educativas o sanitarias, en susceptibles de albergar vivienda pública. La normativa, que ha recibido duras críticas por parte de la oposición, reduce el plazo a partir del cual las VPO pueden desclasificarse, favorece levantar pisos en suelos terciarios (comerciales) y regula los alojamientos colectivos.
“El precio de la vivienda no es el verdadero problema, solo un síntoma”, aparece en el preámbulo del proyecto de ley. Con este espíritu, la norma evita regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, algo a lo que abre la puerta la ley nacional y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional pese al recurso que interpuso del PP. Esta ha sido una de las principales críticas esgrimidas por los grupos de la oposición. “Ustedes dicen que los precios bajarán y los alquileres serán más asequibles si se construyen más viviendas. Pero si no hay ningún tipo de límite a los grandes tenedores, podemos construir 10.000 viviendas que llegará un fondo de inversión, las comprará y creará un monopolio que fije el precio del alquiler en Aragón”, ha manifestado la diputada socialista Beatriz Sánchez.
El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha insistido en que, desde su punto de vista, se trata de un texto “desprovisto de fines ideológicos”. Una normativa, ha dicho, que “legará un parque público de vivienda asimilable al de Europa”. “No hay nada de malo en que Aragón tenga por fin una ley 40 años después de que el Estado delegara las competencias en materia de vivienda”, ha destacado, y ha incidido en su idea principal: “Con la ideología por bandera, no resolveremos un problema que requiere de templanza y de mano izquierda”.
“Desprotegen la vivienda protegida para proteger el mercado”, ha denunciado por su parte el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz. “No se hace hincapié en la vivienda vacía y, lo más grave, no optan por el tanteo y retracto en las viviendas que cuentan con figuras de protección oficial”, ha añadido.
Pisos protegidos en suelo comercial
La norma recoge que las viviendas públicas podrán ser promovidas en suelos residenciales pero también en suelos dotacionales; es decir, los reservados para viales o zonas verdes, pero también los previstos para centros escolares, sanitarios, deportivos o culturales.
El proyecto de ley también ampara que los promotores desarrollen pisos protegidos en suelo terciario (de carácter comercial) sin siquiera necesidad de que haya una recalificación, pero con unos requisitos: entre otros, la necesidad de “solicitar el título habilitante urbanístico” (“la licencia urbanística o título equivalente” constaba en el anteproyecto) en el plazo máximo de doce años.
La normativa aspira a “garantizar la efectividad” de la política autonómica en materia de vivienda, pero la reserva en los Presupuestos autonómicos que deben dedicarse a autorizar créditos de gasto tienen un suelo muy bajo: un 0,3% del gasto total no financiero, que con las cuentas de 2024 en la mano -las últimas aprobadas- ascendería apenas a 22,5 millones de euros. Un importe que incluiría el desembolso previsto en este ámbito por parte de Suelo y Vivienda de Aragón.
Menos plazo de protección para las VPO
Mientras, se reduce el plazo por el que una vivienda protegida tiene que mantener esta calificación. Así, el periodo de 30 años que rige en la actualidad se reduce con la nueva ley a 20 años en el caso de las viviendas públicas y a solo 10 años para las de iniciativa privada. Esta propuesta ha recibido duras críticas, y entidades como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) -el 70% de las viviendas descatalogadas en 2024 fueron en la capital- ha reclamado de hecho que la condición de protegida se mantenga durante toda la vida del inmueble, para evitar que inversiones públicas se conviertan en beneficios privados.
Por otro lado, según la normativa las viviendas protegidas deberán ser destinadas a su uso permanente como vivienda habitual, entendiendo por tal la presencia de su ocupante durante un mínimo de siete meses al año.
En cuanto a los pisos turísticos, la ley aragonesa prohíbe este tipo de alojamientos en las vivienda “sujetas a regulación administrativa de precio, en venta o en alquiler”, fundamentalmente viviendas públicas y viviendas protegidas. Sin embargo, evita entrar en la cuestión y remite a los ayuntamientos, a través de su normativa urbanística propia, la posibilidad de regular la concesión de licencias de actividad para este tipo de usos en “locales” que se construyeron con licencia para el uso de vivienda libre.
El paso de anteproyecto a proyecto de ley apenas supuesto cambios en el texto, pero alguno sí que ha habido. En concreto, se ha ampliado la horquilla de los ingresos brutos para acceder a viviendas protegidas, y pasa de entre 3 y 6 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta 2,5 y 6,5. Además, se reduce el plazo para considerar una “vivienda como desocupada” de tres a dos años los años cuando el inmueble esté sin usar.
Uno de cada tres jóvenes de 25 a 35 años, con sus padres
El preámbulo del proyecto de ley aporta datos que contextualizan el problema de la vivienda en Aragón. En línea con la media nacional, en la comunidad autónoma el 35% de los jóvenes de entre 25 y 35 años siguen viviendo en el hogar de sus padres, frente a un porcentaje del 2-4% en los países nórdicos o del 17% en el Reino Unido o Alemania.
A esto se une que el índice de natalidad ha caído un 31,5% en los últimos 15 años y ha pasado de diez nacimientos por cada mil habitantes a siete, cuando países del entorno se acercan a doce. El retraso en la edad de emancipación tiene efectos en la natalidad, mientras que “todo parece indicar que la emancipación tardía” tiene que ver con la incapacidad económica para acceder a un hogar propio. “La solución al problema de la vivienda no es solo un compromiso constitucional y estatutario, es una cuestión de emergencia nacional”, advierte la normativa.
Solo reducir el porcentaje de no emancipados a la mitad de lo actual (del 35% al 17,5%, referencia en nuestro entorno europeo) requeriría un mínimo de 12.000 nuevas viviendas o alojamientos, que deberían tener “precios adecuados” a la capacidad económica, solvencia y estabilidad laboral del colectivo de jóvenes.
Estos datos se suman a las características demográficas de Aragón, con muchos núcleos pequeños dispersos por un gran territorio.