La Fiscalía de Las Palmas separa a un migrante de su hija a pesar de que presentó el libro de familia

La Fiscalía de Las Palmas ha separado de su padre a una niña de once años llegada en patera a Gran Canaria a pesar de que su progenitor presentó el libro de familia. La fiscal jefa de la provincia, Beatriz Sánchez, ha declarado a este medio que si la familia viene con documentación no debe separarse a nadie. “De hecho, han venido varias familias con documentación y no se las ha separado”, añade. “En cualquier caso, dependemos de la información que nos manda la Policía cuando llama al fiscal. Si nos dicen que no hay documentación, pues se separa. Si nos dicen que hay documentación, no se separa”, asevera. Sánchez ha adelantado que este viernes la delegada de menores localizará el procedimiento para “comprobar si ha habido algún error”.

La menor lleva siete días alejada de su padre, según adelantó la Cadena SER. Su padre ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, admitida a trámite. En Canarias, trece menores permanecen separados de sus familias. Cinco de ellos serán reagrupados hoy con sus madres, después de llevar tres meses separados en plazas de acogida del Gobierno de Canarias a la espera de que una prueba de ADN que se analiza en la Península verifircara su parentesco. La Consejería de Derechos Sociales se ha mostrado en contra de esta práctica. En los próximos días, otros dos menores se reencontrarán con sus familiares, uno con su hermana mayor y otro con su tía, gracias a un proceso de acogimiento de familia extensa gestionado por la Dirección General de Protección a la Infancia del Ejecutivo regional. Según la Fiscalía de Las Palmas, esta decisión deriva del fiscal de sala del Tribunal Supremo y se trata de una “medida de precaución” para evitar la trata de menores en Europa.

Ante esto, la Secretaría de Estado de Migraciones ha ofrecido a Canarias dos centros en Gran Canaria para acoger a los niños migrantes y a sus madres mientras se realizan los trámites de comprobación de su parentesco, con el fin de evitar la separación de las familias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contactado con la Consejería de Derechos Sociales para ofertarle un total de 90 plazas en dos recursos diferentes que forman parte del sistema de Atención Humanitaria. Las instalaciones, aseguran fuentes de la institución, conforman “un espacio de confianza para que las personas acogidas puedan expresar ”cualquier necesidad que requiera de ayuda“, lo que facilita a los equipos ”la detección de situaciones de especial vulnerabilidad“, como la identificación de víctimas de trata.

Este jueves, el colectivo Caminando Fronteras ha difundido un vídeo en el que un grupo de madres denuncia que lleva tres meses sin saber nada de sus hijos. “Los niños están enfermando. No están comiendo porque sus madres no están”, lamentaban. El colectivo fundado por la activista Helena Maleno subraya que estas separaciones producen “mucho dolor” tanto para las madres como para los hijos y supone una “vulneración del derecho a la familia y la infancia” por el hecho de ser mujer, negra y llegar en patera.

Desde 2013 se han dado separación de madres migrantes en Andalucía y Melilla, durante la espera de los resultados de las pruebas de ADN de familias que no porten documentos que demuestren su relación, a pesar que las medidas de prevención contra la utilización de menores, incluidas en el Protocolo Marco de Menores No Acompañados, no marcan esta pauta, pues solo la contemplan en casos excepcionales, cuando se perciba un “riesgo inminente para el menor”.

También en estos territorios se ha separado a familias que sí presentaron la documentación que acreditaba su parentesco. Es el caso de la costamarfileña Oumo, que estuvo siete meses separada de su hijo de cuatro años pese a tener pruebas de su vínculo filial. Lo mismo sucedió con Hizia, una mujer argelina a la que le arrebataron a su hijo de tres años aunque contara con el certificado de nacimiento del menor emitido en su país de origen.