Que hable Canarias

Las palabras crean realidades y en ese proceso el uso del lenguaje no es neutral. Proponer el reparto de menores como solución ante el desbordamiento del sistema de acogida en Canarias constituye, en ese sentido, un error que se debió y se debe evitar.

Hablar de reparto de menores disminuye, aunque no se pretenda, su dignidad y contribuye a la cosificación que ya vienen sufriendo tras convertir la ultraderecha, y no solo ella, el acrónimo mena en sinónimo de problemas y delincuencia.

Además, tras esa formulación inadecuada se pierde de vista el factor fundamental, la solidaridad a la que tiene derecho y reclama Canarias ante quienes se llenan la boca de la palabra patria, pero ignoran a quienes la habitan.

Precisamente porque se trata de una situación que afecta a Canarias, quizás sea esta la hora en la que debiera hablar Canarias y no los partidos y ni siquiera los gobiernos.

El apartado 2 del artículo 87 de la Constitución establece que los parlamentos autonómicos gozan de la potestad de remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, pudiendo delegar ante la Cámara a tres miembros de la asamblea autonómica.

Salvo la oposición de Vox, está claro el sentir unánime del Parlamento de Canarias sobre la necesidad de reformas legislativas que permitan que la atención a los menores extranjeros no acompañados no recaiga en exclusiva en la comunidad de llegada, sino que constituya un esfuerzo de país.

No se trata en ningún caso de una posición política del PSOE o de Coalición Canaria. Al contrario, esta exigencia inexcusable de solidaridad es una demanda compartida por toda la sociedad canaria, reflejada de manera clara en su parlamento.

Si no es el PSOE quien demanda esa solidaridad y esas reformas. Si no es Coalición Canaria quien solicita apoyo para Canarias, parecería adecuado que quien se dirigiera al Congreso de los Diputados fuera la Cámara Autonómica, ejerciendo de voz de Canarias.

En primer lugar, para visibilizar de manera clara que no se trata de una cuestión partidista, sino de un asunto de un extraordinario calado institucional.

Pero, además, para dejar claro que cualquier oposición a la norma significaría un desprecio para Canarias y su gente y un auténtico golpe a la indispensable solidaridad entre todos los territorios que componen esa patria común, que algunos pretenden hacer solo suya.

Para el Partido Popular es relativamente fácil negar su apoyo a una norma promovida por el sanchismo militante. Encontrarán tantos argumentos falaces y tantas disculpas huecas como encontraron para incumplir durante más de cinco años el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial.

No les resultará tan fácil decirle que no a una norma promovida por Canarias y defendida por sus parlamentarios ante el Congreso de los Diputados.