Cuando terminó el primer confinamiento por coronavirus y Francisco Javier Díaz-Reixa subió a la cumbre de Gran Canaria para comprobar el estado de su finca (él vive en Tenerife), se encontró con una desagradable sorpresa. Había muchos pinos recién plantados. Pinos que él desconocía de dónde habían salido y que no había autorizado. Llamó al Cabildo para preguntar qué había pasado. Detrás hay una historia de un pájaro endémico en peligro de extinción, un proyecto para replantar terrenos con fondos europeos y un error reconocido por la institución insular.
El pinzón azul de Gran Canaria no era una especie como tal hace años. Se creía que era una subespecie, un pájaro que compartía muchas características con el pinzón azul de Tenerife, su primo hermano. Hace unos años, dos estudios científicos concluyeron que ambas aves eran lo suficientemente distintas, desde la genética hasta el aspecto, y que por tanto sería interesante clasificar a la primera de ellas como especie propia para acentuar su protección: apenas hay 500 ejemplares. Se estima que en Tenerife hay más de 15.000.
Así que el pinzón azul de Gran Canaria entró en 2016 en la Lista Roja Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y fue reconocida como especie. También como especie en peligro de extinción.
Se trata de un pájaro único. El ave cantora más escasa y amenazada de Europa, según concluyeron las investigaciones. El animal alado que sorprendió a Charles Darwin (por eso de presentar rasgos diferenciados según el lugar en donde habita) y escapó del fuego de Inagua en 2019, uno de los mayores incendios en la historia reciente de la isla.
Una finca estratégica para una especie endémica en peligro de extinción
Allí, en ese pinar dañado, se concentra la población del pinzón azul de Gran Canaria: en torno a 400. En La Cumbre hay muchos menos, alrededor de 70. En La Caldera de Los Marteles, una zona estratégica para la expansión de su hábitat, apenas sobreviven unos pocos. El número en esa región es tan pequeño que se está dando lo que los expertos denominan efecto Allee: los pájaros machos están sufriendo variaciones en su canto, hay emparejamientos interespecíficos con el pinzón vulgar, endogamia… Los investigadores urgen en repoblar el emplazamiento.
“Análisis de adecuación del hábitat indican que el entorno de la Caldera de los Marteles posee zonas apropiadas para que se desarrolle la especie”, explica Alejandro Delgado Gento, ornitólogo con más de diez años de experiencia investigando al pinzón azul. “Ese pinar presenta unas excelentes condiciones ambientales para acoger una población estable que pudiera realizar intercambios, en los dos sentidos, con el Pinar de la Cumbre”, destaca Pascual Calabuig Miranda, responsable de las tareas de conservación del pájaro en el Cabildo de Gran Canaria.
Calabuig ideó un plan: después de inspeccionar el denominado enclave estratégico, él y su equipo detectaron una escasez en la cantidad de bebederos y nacientes en el mismo, claves para que las aves dispongan de fácil acceso al agua. “La dispersión de bebederos favorece, además, a que [los pájaros] puedan escapar con mayor facilidad de la vigilancia y los ataques realizados por el gavilán”, añade.
El técnico entregó un proyecto que consistía en la instalación de 14 bebederos, se puso en contacto con el dueño de la finca, Francisco Javier Díaz-Reixa, que le dio vía libre, y dejó todo amarrado para iniciar las acciones. Pero cuando volvió a hablar con el propietario, pasados unos meses, ya era demasiado tarde.
“Según ellos, el Cabildo, a través de la empresa TRAGSA, ha invadido la finca sin permiso alguno, procediendo a realizar movimientos de tierra, arreglo de caminos y plantaciones de pinos. Nos dicen que ellos no lo han autorizado y que no tenían conocimiento de nada. Y que (…) una vez planteada la queja formal, no ha existido la más mínima reposición del daño causado”, apunta Calabuig.
El conflicto con el Cabildo
Díaz-Reixa presentó la primera reclamación el 6 de julio de 2020. En ella relata lo que encontró en su finca cuando la visitó por última vez (mayo de 2020): obras de acondicionamiento de la pista principal de la parcela, instalación de una caseta y varios miles de ejemplares de pinos plantados, muchos de ellos en suelo destinado exclusivamente al uso agrícola.
En un primer contacto telefónico con el jefe de la obra, este “respondió balbuceando confusas explicaciones” para justificar la actuación, agrega Díaz-Reixa, que no entendía lo que había pasado, especialmente por su estrecha relación con particularidades muy importantes dentro del Cabildo que “son plenamente conocedores de la titularidad de la finca”, como la ex directora de la Reserva Natural Especial Los Marteles, Isabel Nogales Hidalgo.
“Resulta absolutamente incomprensible e inaceptable que se haya realizado la intervención denunciada sin el conocimiento y la autorización previa de los propietarios, puesto que los aludidos funcionarios o trabajadores de la Corporación tienen los teléfonos y el correo electrónico del compareciente”, añade.
El Cabildo respondió. Y lo primero que hizo fue aclarar que detrás de su acción estaba la iniciativa LIFE+Pinzón, un proyecto encargado de ampliar el área de distribución del pinzón azul de Gran Canaria y aumentar el tamaño poblacional de la especie. Duró cinco años, desde septiembre de 2015 a febrero de 2020. Costó 1,1 millones de euros, contó con la financiación al 60% de la Unión Europea y como beneficiario coordinador a la empresa Tragsa. Uno de los objetivos era reforestar con pino canario espacios de la cumbre de la isla porque este pájaro solo habita en pinares, como explicita su ficha en el Libro Rojo de las Aves de España.
La corporación explicó su modus operandi para las repoblaciones: un intermediario se pondría en contacto con los propietarios de los terrenos privados donde estaba previsto actuar.
En el caso de la finca de Díaz-Reixa, el Cabildo argumentó que “durante una visita (…) se coincidió en la misma, mientras estaba recogiendo frutos, con la persona que manifestó ser la propietaria de los terrenos”. No era Díaz-Reixa. Era una mujer que vive en Ingenio y que “mostró al intermediario y a la directora técnica del proyecto LIFE+Pinzón [Ruth de Oñate] la superficie que aseguró que eran de su propiedad”. Esa mujer es la sobrina, según Díaz-Reixa, del “aparcero histórico” de la misma, Benjamín Suárez Sánchez.
Después de presentar un contrato privado de compraventa en el que aseguraba ostentar “una tercera parte” de la superficie total de la finca 3.308 (938.019 m2) y el DNI, se firmó un convenio por el que autorizaba a la empresa Tragsa a plantar pinos. Unos 10.000, más o menos, que abarcarían el 47,5% del total de la propiedad, es decir, 132.664 metros más de lo declarado. Ella recibiría como contraprestación la plantación de un total de 550 árboles frutales.
La reforestación salió adelante. Y lo hizo sin que el Cabildo comprobara en el Registro de la Propiedad si la mujer que les había asegurado ser la dueña de la parcela era la verdadera poseedora de la misma. Manuel Amador, director de Medio Ambiente de la corporación, defiende que a la hora de ejecutar este tipo de actuaciones rara vez se topan con solares registrados.
“Gran parte de las fincas son hijuelas o herencias… Muy pocas están en el Registro de la Propiedad. Lo habitual es que en el medio rural se traspasen propiedades con un contrato. Y ahí se queda. Trabajar con este colectivo es complicado”, justifica.
La finca en cuestión, la 3.308, ubicada en Valsequillo, pertenece a la familia Díaz-Reixa, según consta en la información registral a la que ha tenido acceso este periódico. Según la ex directora de la Reserva Natural Especial Los Marteles, Isabel Nogales Hidalgo, y el responsable de las tareas del pinzón azul de Gran Canaria, Pascual Calabuig (ambos desconocedores de lo que se había firmado), los Díaz-Reixa son los verdaderos propietarios. Ya habían tratado con ellos en intervenciones anteriores, sostienen.
El Cabildo, en un primer momento, “entendió que el contrato privado de compraventa presentado por la firmante del convenio era cierto”. Ahora, casi dos años después, reconoce el error. “Tenemos claro que la finca es de ellos [los Díaz-Reixa]. Eso no lo negamos. No ha habido mala intención ni un plan para apropiarnos de una parcela que no es nuestra. Eso no ha pasado. Nos hemos confundido y pedimos disculpas”, admite Amador. “Le hemos dicho al propietario que, si está tan molesto, vamos a arrancar los árboles”.
Díaz-Reixa ha accedido a dejar los pinos plantados en las zonas consorciadas con el Cabildo para la repoblación forestal, que ocupa un 70% de la parcela. Para el porcentaje restante, habrá que negociar. El director de Medio Ambiente asegura que llamará en los próximos días a la mujer que afirmó ser la dueña. Díaz-Reixa la acusa de incurrir en un presunto delito de falsificación en documento público.
La conservación del pinzón azul de Gran Canaria, lastrada por “celos profesionales”
No es la primera vez que existe un conflicto dentro del Cabildo de Gran Canaria con el pinzón azul de fondo. Ni tampoco que se invierten fondos LIFE para su conservación que podrían acabar en papel mojado.
Durante los periodos 1995-1997 y 1999-2002, la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias invirtió más de 1,8 millones de euros, cofinanciados en su mayoría por la Unión Europea, para programas en cautividad del ave. Pero fue un fracaso.
Los técnicos administraron a los ejemplares que tenían un medicamento para evitar que contrajeran un parásito (coccidios) sin reparar en que estaba provocando un efecto secundario demoledor para sus propósitos: los esterilizaba. Concluyeron que era una especie imposible de reproducir en cautividad.
Cuando Pascual Calabuig se puso al frente de la gestión en 2002, demostró que sí se podía. Y a partir de entonces, los “celos profesionales” dentro de la institución, según dice, han lastrado los programas de recuperación del emblemático pájaro. Profesionales del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias han acusado a Calabuig de “dañar premeditadamente la reputación de un grupo de trabajadores”.
El futuro de la especie
Alejandro Delgado Gento lleva más de diez años trabajando muy de cerca con el pinzón azul de Gran Canaria. Pide dos medidas: liberar a los ejemplares nacidos en el Centro de Cría en Cautividad, dependiente del Cabildo; y crear pasillos corredores mediante plantaciones de pinar que conecten el pinar de la Caldera de los Marteles con el de la Cumbre.
Delgado desataca que la población de la especie ha aumentado en los últimos años gracias a un programa de reintroducción iniciado en 2010. Pero confiesa que ha sido paralizado por el Gobierno de Canarias “por motivos ajenos a la conservación (celos profesionales)”. “En general, no se está haciendo todo lo posible por salvar a la especie, ya que el Gobierno de Canaria no autoriza al Cabildo a continuar con la herramienta de conservación que mejores resultados ha dado a sus poblaciones, el programa de reintroducción basado en la cría en cautividad y liberaciones”, concluye.