Sobre la Ley de las Islas Verdes y otras cuestiones tangenciales

Este comentario de barra de bar de un ciudadano, puede resumir en dos palabras lo que supone la Proposición de Ley que el Gobierno de Canarias presentó el 20 de diciembre en el Parlamento para su tramitación por vía de urgencia, deprisa y corriendo, dado el pánico que les produce la proximidad del 26 de mayo.

Coalición Canaria pretende sustituir la Ley de Las Islas Verdes, por una nueva ley que liberalice aún más los usos permitidos en diferentes categorías de suelo, por ejemplo, permitir el alquiler vacacional en todas las zonas, lo que supondría en la práctica convertir un cuarto de aperos con jacuzzi o una cuadra de ganado, en alojamientos residenciales para alquilar a turistas.

Justificar la necesidad de esta norma, en que el turismo es el principal motor económico de Canarias y que se ha desarrollado poco en las Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, no deja de ser un sofisma, ya que lo que pretende esta ley es suprimir los límites establecidos a las actividades en suelo rústico, prohibiendo limitar en términos cuantitativos y cualitativos los instrumentos de ordenación.

Los Planes insulares, los planes territoriales, los planes municipales, la normativa ambiental y el régimen de propiedad del suelo rural, serían papel mojado ante cualquier proyecto de alquiler vacacional en suelo rústico, que sólo requeriría de una licencia municipal y de una comunicación previa de inicio de actividad.

Es decir, barra libre: sírvase usted mismo lo que desee. ¡Y estamos hablando de territorio! ¡El bien más valioso y escaso que tenemos en Canarias!

Siendo el objetivo preferente de cualquier gobierno procurar el bienestar de los ciudadanos, y teniendo por tanto a la educación, la sanidad y los servicios sociales como objetivos prioritarios, debe al mismo tiempo propiciar la actividad económica que genere recursos para atender esos fines. “Elemental, mi querido Watson”, que diría Sherlock Homes.

¿Pero es la desregulación del suelo rústico y de otras categorías de suelo para permitir cualquier uso turístico, la única alternativa posible para generar esos recursos económicos que el bienestar de los ciudadanos demanda en las islas verdes?

Cierto que en Canarias, con datos del año 2017, el 40,30 % del PIB, el 35,20 % del empleo y el 35,30 % de la recaudación de impuestos, están generados directa o indirectamente por el sector turístico. ¿Y debemos congratularnos de eso? Al contrario, debe ser motivo de preocupación por dos motivos: Primero, por el riesgo que cualquier monocultivo comporta. Segundo, porque el turismo es la actividad que genera más precariedad laboral y más desigualdades sociales, consecuencia de la baja cualificación profesional que requiere.

El desarrollo del sector turístico demanda en gran medida camareras, freganchines y peones de la construcción. Se trata de mano de obra con baja cualificación, frecuentemente con contratos externalizados que hacen aún más precaria la situación de estos trabajadores, lo que provoca precisamente que en los territorios con amplio desarrollo del sector turístico (Baleares, Andalucía y Canarias), se dé al mismo tiempo esa mayor precariedad laboral y las mayores desigualdades sociales. Y sobran estadísticas que así lo acreditan.

Pretender injertar el desarrollismo turístico en las islas verdes mediante medidas liberalizadoras de los usos del suelo, podría provocar un efecto de confusión lleno de contradicciones, similar al que ha provocado la Ley 4/2017 llamada pomposamente “Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias”, carente de adecuados reglamentos de desarrollo, y a la que se han dedicado tantos seminarios y jornadas formativas, que han contribuido más a la ceremonia de la confusión que a clarificar los aspectos novedosos o positivos de la misma.

La Ley del Suelo, que nació con el pretexto de simplificar y agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos y acabar con ese dinosaurio burocrático llamado COTMAC, en realidad ni ha simplificado ni ha contribuido a agilizar. El verdadero propósito era liberalizar el uso del suelo y transferir competencias de la COTMAC a cabildos y ayuntamientos, que estos se han visto incapaces de asumir por carecer de medios, recursos y técnicos necesarios.

La medida adecuada habría sido quizá, entre otras, una profunda reforma de la COTMAC, dotándola de equipos técnicos especializados y procedimientos más ágiles al servicio de todas las administraciones de Canarias. Pero desmantelarla y transferir sus competencias a los ayuntamientos, sería como si la Consejería de Sanidad, ante las inasumibles listas de espera de pacientes, decidiera suprimir los ambulatorios de especialidades derivando los pacientes a los médicos de familia, que sin medios, equipos ni conocimientos necesarios, no podría sino provocar un colapso en el sistema sanitario.

Las islas verdes, uno de cuyos activos más valiosos y apreciados es el paisaje, deben beneficiarse también del flujo turístico para dinamizar su economía. Pero no de un turismo de masas ni de un turismo de alpargata y cuartos de aperos convertidos en alojamientos, sino de un producto turístico diferenciado, selecto y minoritario, que aporta gran valor añadido, y que ciertamente no se lograría construyendo un hotel de 40 plazas en la Meseta de Nisdafe, por ejemplo, sino ofertando esos valores naturales que las islas tienen y que hay que proteger y conservar, dotándolas de una oferta turística de calidad incardinada en ese turismo de naturaleza apreciado y cotizado, porque si matamos el paisaje matamos el mayor atractivo, y al final, ni paisaje ni turismo.

Y es que tampoco hay que focalizar y centrarse en el turismo como única posibilidad para mejorar las condiciones de vida en las islas verdes, al contrario, habría que explorar otras alternativas para unas islas que tienen unas condiciones naturales diferentes.

Sabemos que el trinomio turismo-construcción-especulación, con un voraz apetito por el territorio, es el que ha permitido un crecimiento notable del PIB en Canarias, provocando al mismo tiempo una precarización laboral, unas mayores desigualdades, y una disminución relativa de renta comparada con otras regiones españolas. ¿Y de verdad, no hay otras posibilidades?

Las nuevas tecnologías; los parques tecnológicos relacionados con la desalación, de la que Canarias habría podido ser sido pionera; de las energías eólicas y fotovoltaicas, para las que posee excepcionales condiciones naturales; la situación geográfica como puente entre tres continentes para apoyo logístico; la agricultura ecológica y el I+D en cultivos hidropónicos, menos exigentes en agua y en territorio; la investigación en muchos campos, que las posibilidades de las redes de comunicación permiten deslocalizar de grandes urbes y situar en cualquier territorio, son algunas de las alternativas que podrían también dinamizar la economía de las islas verdes. Pero para eso es necesario tener coraje, voluntad política y visión de futuro.

Lo más rentable a corto plazo, como diría el tertuliano, y lo más provechoso electoralmente, quizá, es matar la vaca lechera para comer carne mañana, aunque pasado mañana no tendríamos ni carne para comer, ni leche para beber.

Este comentario de barra de bar de un ciudadano, puede resumir en dos palabras lo que supone la Proposición de Ley que el Gobierno de Canarias presentó el 20 de diciembre en el Parlamento para su tramitación por vía de urgencia, deprisa y corriendo, dado el pánico que les produce la proximidad del 26 de mayo.

Coalición Canaria pretende sustituir la Ley de Las Islas Verdes, por una nueva ley que liberalice aún más los usos permitidos en diferentes categorías de suelo, por ejemplo, permitir el alquiler vacacional en todas las zonas, lo que supondría en la práctica convertir un cuarto de aperos con jacuzzi o una cuadra de ganado, en alojamientos residenciales para alquilar a turistas.