Los cultivos que sepultó el volcán volverán a crecer sobre las coladas. La Consejería de Agricultura del Gobierno canario ha impulsado esta opción como la más viable para quienes perdieron sus fincas por la lava. Para regularlo, el área que dirige Alicia Vanoostende ha elaborado el borrador de un decreto-ley tras mantener diversos encuentros, tanto con personas afectadas como con administraciones públicas de la isla, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible. El documento aún debe pasar a información pública para ser ratificado y, si se le da luz verde, en un plazo de un año y medio podrían comenzar los trabajos.
Durante los 85 días que estuvo en erupción, el volcán de La Palma afectó a un total de 1.222 hectáreas, de las cuales 365 eran zonas cultivadas: más del 60% eran plataneras; 15% viñas y 16% aguacates. Además, resultaron dañadas alrededor de 75 kilómetros de conducciones de riego y se perdió una capacidad estimada de 0,5 hectómetros cúbicos. La Consejería pretende reestablecer las explotaciones agrícolas afectadas, principalmente, a través de la reparcelación, es decir, reordenar y redistribuir el área siguiendo criterios de compensación.
El borrador indica que la mejor zona para ello es la que se ubica entre la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas, pues reúne las condiciones climatológicas más idóneas. Vanoostende explica que la idea es sorribar, es decir, cubrir la lava con unos 50 centímetros de terreno apto para el cultivo. Se trata de un sistema tradicional en las Islas que se ha llevado a cabo sobre todo para plataneras. “En la zona de Las Hoyas se hizo tras el volcán de San Juan a finales de los años 40”, recuerda la consejera.
“Lo hemos hecho en Canarias toda la vida y se sigue sorribando”, dice Miguel Martín, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (Aspa). Explica que “el sistema es el mismo tras todos los volcanes”: se allana el suelo de la colada; se adapta para que sea filtrante y no haya encharcamientos; se hacen muros o paredes de la propia piedra del volcán y se incorpora una capa de tierra. “Es factible, se conoce la técnica, pero lo que falta es dinero para hacerlo”, añade Martín.
En este sentido, Vanoostende indica que el cálculo asciende a los 400 millones de euros. “Es costoso, pero entendemos que la comunidad de la zona depende de ese cultivo y esperamos poder reactivar la economía del área”, añade. Todo el proceso ha sido investigado en un estudio de viabilidad encargado a Tragsa. “Lo iniciamos en abril del año pasado y terminamos en diciembre”, señala la consejera. Este documento determinó la viabilidad de cultivar en las coladas desde el punto de vista técnico; también, analizó cuales son las mejores fórmulas jurídicas para regular las actuaciones y, desde una perspectiva medioambiental, identificó la cantidad de tierra necesaria a extraer, identificando áreas de La Palma adecuadas al planeamiento vigente.
“Paralelamente, desde el mes de septiembre de 2022, empezamos a trabajar el decreto ley”, apunta Vanoostende. El documento ha sido flexible en su elaboración, pues aspira a reflejar las demandas de la mayoría de los afectados, algo que no ha estado exento de dificultades. “En la parte residencial hay plataformas de afectados, pero en la parte agrícola, aunque están las cooperativas o la Asociación de Organización de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), pero los afectados directamente no tienen representación como tal”, subraya Vanoostende.
La base del decreto-ley es la parcelación que se ejecutaría bajo la tutela del Gobierno canario, como si fuera un gran huerto estructurado por la Administración. “Se trata de aglutinar toda la superficie disponible y ordenarla con dos criterios principales: el tipo de cultivo que existía antes de la erupción y la proximidad a sus propietarios. Además, la idea es que mientras se va ejecutando, se lleve a cabo también el proyecto técnico de ejecución en el que se determine todas las infraestructuras. Es decir, si los caminos, la orografía y la topografía son nuevos, hay que delimitar por dónde pasan las carreteras nuevas o las redes de riego”, detalla Vanoostende.
Pero durante las reuniones, los afectados pidieron ampliar las actuaciones también para quienes tienen sus fincas al borde de las coladas y para los que no quieren continuar con la actividad. “Hay muchos intereses distintos y no es la misma situación el que está al borde de la colada, que tiene acceso a su parcela de forma sencilla, que quien la tiene sepultado totalmente”, remarca Vanoostende. Así, se incluyó en el documento que en aquellos cultivos parcialmente sepultados por lava se pueda trabajar con licencias del ayuntamiento correspondiente, pues son las que tienen temperaturas más adecuadas para realizar la actividad.
“Hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo de La Palma para que se autorice que en los primeros 50 metros hacia dentro de la colada se pueda cultivar sin restricciones”, indica la consejera. A partir de esa distancia, dependería de los estudios de temperaturas. “Para esta vía ya hemos sacado una ayuda de 26 millones de euros”, añade.
Durante los encuentros con los afectados, hubo demandas de quienes no querían seguir con la actividad y, para ellos, se incluyó en el decreto una indemnización que suma la expropiación y una compensación que valore los medios de producción anteriores a la erupción: “Las personas que no quieran participar en la parcelación y quieran retirarse, podrán hacerlo con un precio razonable por sus terrenos”, precisa Vanoostende.
No perder ni un metro de superficie, ni un kilo de producción
Para el presidente de Aspa, el decreto responde de forma adecuada a la principal demanda de los afectos: “No perder ni un metro de superficie, ni un kilo de producción”. Martín considera que La Palma no puede permitirse reducir su superficie agrícola porque “el peso del sector primario en la economía de la Isla es muy importante” y, por ello, remarca que es fundamental mantener la producción perdida de 70 millones de kilos de plátanos anuales para que la población no se vaya.
Martín entiende que el decreto no atiende a todos y cada uno de los afectados, porque “hay quien quiere resolver su problema particular y le importa muy poco el resto de agricultores”. Pero, en líneas generales, considera que el documento “ayudará a que salgamos todos” porque permitirá “cultivar en los bordes de las coladas y acogerse a ayudas para sorribar, reconstruyendo la superficie y asignando una parcela igual a la que se tenía”.
Una de las críticas de la oposición ha sido la tardanza en la elaboración del decreto, pues la erupción se dio por finalizada el 25 de diciembre de 2021 y el último borrador del decreto se publicó el pasado 28 de abril.
“Es un documento muy complicado de hacer y yo quiero entender que no ha tardado demasiado. Había que lograr el mayor grado de consenso posible y eso lleva un tiempo. Si tenemos todo este año para la documentación, las alegaciones y demás, yo creo que el año próximo por estas fechas podríamos empezar. Y así, en cuatro o cinco años podríamos tener construida toda la superficie, que sería un paso muy bonito e histórico, que se pueda recuperar una finca, con un sistema de riego más moderno, teniendo una sola parcela, con unas cualidades que permitirán producir a menor coste y sacar mayor rendimiento”, manifiesta Martín.
La principal demanda del presidente de Aspa es que el decreto se apruebe “cuanto antes” para poder pedir el dinero necesario al Gobierno de España y a la Unión Europea, de cara a comenzar a construir las instalaciones de riego y extraer las tierras para plantar de nuevo sobre las coladas.
Este decreto es la única vía para recuperar las fincas sepultadas por el volcán a través de las administraciones públicas, según la consejera. Si no consigue el respaldo suficiente y fracasara, Vanoostende dice que la alternativa es que se lleve a cabo “poco a poco y en base a la iniciativa privada”. A pesar de esta posibilidad, espera que el decreto salga adelante porque ha aglutinado el mayor consenso posible, teniendo en cuenta que “es difícil satisfacer a todos los afectados, es casi imposible”. Pero “por lo menos”, a su juicio se ha logrado “que la mayoría esté de acuerdo con el decreto”.