Canarias envía un requerimiento al Gobierno central “para que cumpla sus obligaciones” con los menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP) ha acordado este lunes realizar un requerimiento al Consejo de Ministros para que “cumpla con sus obligaciones” en la atención a los menores migrantes no acompañados, que “son su responsabilidad y están obligados a ocuparse”. Cabe recordar que la atención a los menores migrantes es competencia de las comunidades autónomas, en este caso, del Gobierno de Canarias. Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya suspendido cautelarmente la aplicación del protocolo de atención a los menores migrantes aprobado por el Ejecutivo regional y mediante el cual pretendía alargar los trámites burocráticos previos a la acogida de los menores. Y llega también apenas 24 horas antes de que el Consejo de Ministros decida, finalmente, si impugna ese mismo protocolo ante el Tribunal Constitucional por las mismas cuestiones apreciadas por la Fiscalía y por atribuir al Estado competencias que entiende autonómicas.

En ese requerimiento, ha detallado Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, se recoge un informe jurídico de marzo de 2022, elaborado por el Gobierno que presidía el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que ya se advertía, en el contexto de una Conferencia Sectorial de Infancia, de que el hecho de que la competencia sobre los menores migrantes fuera autonómica era un asunto que se debía “dirimir” y, por tanto, era una competencia susceptible de ser recurrida.

Cabello ha explicado en rueda de prensa que a partir de este requerimiento, el ejecutivo central tiene 30 días de plazo para presentar alegaciones, y pasado ese plazo los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que consideren oportunas.

Cabello también ha avanzado que el Gobierno de Canarias presentará sendos recursos ante las resoluciones dictadas por la Fiscalía bajo el argumento principal de que los centros de acogida tienen su capacidad “ampliamente sobrepasada”. 

Ha abundado en que la postura del ejecutivo canario es que hasta que esos menores no sean documentados debidamente “tienen que ser responsabilidad del Estado”. Sin embargo, sobre este punto discrepó la Fiscalía, que consideró que dada la situación de urgencia y emergencia en la que estos niños alcanzan las islas, la documentación debe hacerse después de la acogida, y no antes, porque se podrían vulnerar los derechos fundamentales del menor.

Sin embargo, Cabello ha asegurado que lo que se busca con este requerimiento es “clarificar la mejor manera” de atender a los menores migrantes no acompañados que llegan en pateras y cayucos, “en ningún caso poner palos en las ruedas a ninguna administración pública”.

El pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió temporalmente el protocolo impuesto por el Gobierno de Canarias, tal y como había solicitado la Fiscalía, al entender que ralentizaba la entrada de los menores en el sistema de protección. La Fiscalía había alertado de que el documento vulneraba los derechos fundamentales de los menores. En su opinión, de ejecutarse el protocolo, los niños migrantes no acompañados (es decir, que viajaron sin ningún adulto que se hiciera cargo de ellos) que hubieran sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional ''quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo''. El TSJC dio la razón a la Fiscalía mientras que Clavijo, tras reunirse con el Estado el martes pasado en Madrid, tildó las conclusiones de la Fiscalía de ''ridículas''. 

El protocolo obliga a los menores a pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. El escrito que la fiscal María Farnés presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recoge que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. ''Su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los menores llegan al Archipiélago, concluye la Fiscalía.