Los grupos de oposición en el Parlamento de Canarias, incluido el Partido Popular (PP), han pedido hoy formalmente a la Mesa de la Cámara que ordene la comparecencia del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para el próximo día 12 para que ese día explique su posición sobre el caso Grúas una vez se ha confirmado su imputación judicial. De este modo se rompe la estrategia del presidente, que pretendía comparecer ante los parlamentarios después de su declaración ante la jueza de Instrucción 2 de La Laguna, prevista para el 15 de marzo.
Incluso el Partido Popular, habitual apoyo del Gobierno de Fernando Clavijo en los grandes debates de la legislatura, ha firmado la petición para que esa comparecencia parlamentaria se celebre el día 12 de marzo y no después del 15. El resto de las fuerzas firmantes son el PSOE, Nueva Canarias y Podemos.
Fernando Clavijo pretendía comparecer después del día 15, fecha prevista para su cita con la jueza Celia Blanco, de Instrucción 2 de La Laguna, lo que algunos portavoces de la oposición han interpretado como una estrategia de Coalición Canaria encaminada a imponer silencio político durante este tiempo “para ejercer las presiones como ellos saben hacer”, en palabras de uno de los promotores de la iniciativa parlamentaria. Sin embargo, en su petición de comparecencia, Clavijo pidió que fuera después de su declaración “con el fin de respetar el proceso judicial”.
A todas las fuerzas parlamentarias de la oposición parece haber cabreado bastante el enunciado de la petición de comparecencia en la que el presidente canario afirma que su intención es la de “informar sobre la situación judicial y política derivada de la denuncia planteada sobre la tramitación del expediente que garantizó la continuidad del servicio municipal de grúas en el Ayuntamiento de La Laguna”.
Efectivamente, Fernando Clavijo deberá responder ante la jueza por su gestión al frente de la Concejalía de Seguridad y de la alcaldía de La Laguna respecto a la privatización del servicio de grúas: las presuntas imposiciones que hizo al adjudicatario para que contratara a personas concretas; las supuestas presiones que ejerció para que la empresa fuera vendida a esas persona, y las ayudas que desde el Ayuntamiento ordenó para que, primero, se le concediera un préstamo de 120.000 euros y, a continuación, se prorrogara la concesión administrativa hasta 2029. Todo ello mientras la empresa incumplía todas las normas exigibles y en contra del criterio del interventor general del Ayuntamiento, cuyos reparos fueron levantados personalmente por Fernando Clavijo ya como alcalde.
Los primeros intentos de la jueza fueron tendentes a archivar la denuncia formulada por concejales de la oposición adscritos a Por Tenerife y Unidos se Puede, pero dos autos sucesivos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la obligaron a continuar con la instrucción. A resultas de ella han sido imputados en la causa el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en el consistorio, Antonio Pérez-Godiño. Tras tomarles declaración, la jueza elevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una exposición razonada para que se analizara la posible imputación de Clavijo dada su condición de aforado en aquellos momento (agosto de 2018), pero la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, y con ella la derogación de los aforamientos, derivó en la devolución de los trámites al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.
Lo esfuerzos de Clavijo por que fuera el TSJC quien lo investigara resultaron infructuosos. La jueza lo ha citado a declarar acompañado de abogado el próximo día 15.
Los delitos que analiza la jueza son tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.