El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento de Canarias una solicitud de comparecencia del Gobierno de Canarias ante el pleno de la Cámara para que explique la nueva estructura orgánica del Ejecutivo, que ha aumentado en casi un 25% el gasto en consejerías y altos cargos con respecto al Gobierno anterior, según el PSOE. Esto, añade, supone 1,5 millones de euros más anuales, por lo que “se trata del Gobierno más caro de la historia de Canarias”.
El Grupo Socialista preguntará también cuál es el “coste total” para el erario público el mantener esta estructura del Gobierno de Fernando Clavijo (de Coalición Canaria). “En su nueva estructura no apreciamos razones de funcionalidad y eficiencia que justifique el aumento del 25% de altos cargos; lo que apreciamos es que carece de rigor, es caro e ineficaz, que no aportará ningún beneficio a la ciudadanía de Canarias”, expone el PSOE.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, recuerda que el nuevo Ejecutivo ya ha nombrado a 83 altos cargos, y considera que deben explicar ante la ciudadanía de Canarias el “encarecimiento” político que suponen los 115 altos cargos de esta XI Legislatura (sin contar con las direcciones de los organismos autónomos) frente a los 91 de la pasada legislatura, y la nueva estructura formada por 12 consejerías y la presidencia; 30 viceconsejerías; una portavocía; 56 direcciones generales; 13 secretarías generales y la secretaría general de Presidencia; una Intervención General y un comisionado del REF.
Para Franquis, la nueva estructura del Gobierno de Canarias va a suponer “mucho más gasto público”, al aumentar a doce el número de consejerías y crear la figura del comisionado del REF. “Será un Ejecutivo con más consejerías, con más gasto público y, por tanto, contrario a aquello que se hablaba de que iban a adelgazar la administración”, ha apuntado.
Franquis ha recordado las promesas incluidas en el programa electoral del Partido Popular (PP), donde prometían la reducción del “desproporcionado” número de cargos de confianza y un uso riguroso de los recursos públicos.