El Parlamento canario rechaza las propuestas del PSOE y NC para implantar un impuesto turístico

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado, con los votos en contra de CC, PP, Vox, ASG y AHI, tramitar sendas proposiciones de ley de PSOE y Nueva Canarias sobre la implantación de un impuesto turístico.

Ya el Consejo de Gobierno había expresado en su reunión del pasado 2 de diciembre su criterio desfavorable a la toma en consideración de ambas iniciativas legislativas.

Y este miércoles, los grupos que apoyan al ejecutivo canario, además de Vox, han esgrimido sus razones para rechazarlas, si bien José Miguel Barragán (CC) ha matizado que “nunca” ha dicho que esté “en contra” de este impuesto.

Para hablar de una nueva política fiscal, ha indicado Barragán, antes debería estar “más claro” el marco financiero de las comunidades autónomas, y ha ofrecido al diputado de Nueva Canarias Luis Campos hablar sobre este impuesto y en general sobre la política fiscal en el marco de la comisión parlamentaria del REF.

Eso sí, ha desdeñado el argumento de que esta es una de las demandas de las miles de personas que salieron a la calle en Canarias en abril y octubre pasados, y ha planteado si el Gobierno de España tendría, con la misma lógica, que “hacerle caso” a la gente que lo hace en Madrid “una vez al mes”.

Carlos Ester ha hablado de “barbarie impositiva”, “saqueo” e intento de “destruir el turismo” con este impuesto o con el nuevo registro de viajeros; Javier Nieto (Vox) ha pedido “no jugar con las cosas de comer” y Jesús Ramos (ASG) y Raúl Acosta (AHI) han planteado un trato diferenciado para las islas verdes en el eventual caso de que se acabara implantando este impuesto turístico, a lo que se oponen.

Tanto Luis Campos (NC) como Manuel Hernández Cerezo (PSOE) han defendido la pertinencia del mismo, que generaría entre 150 y 250 millones de euros; tendría “un carácter finalista y sostenible”: desde la conservación de los espacios naturales a una mejor redistribución de la riqueza; y de su pago quedarían exentos los residentes canarios.

Sobre esta cuestión, Hernández Cerezo ha recalcado que el informe de Hacienda “no dice que sea inconstitucional” este impuesto, sino “una perogrullada: que las leyes que establecen discriminación de trato tienen que estar basadas en una explicación objetiva y razonable” y que esa discriminación “no puede ser desproporcionada”.

Ambos han justificado en las diferentes vicisitudes que se encontraron cuando gobernaron en la pasada legislatura (quiebra de Thomas Cook, pandemia, cero turístico, erupción volcánica, guerra en Ucrania...) que no lo implantaran, si bien Campos ha admitido que “con el tiempo” a llegado a la conclusión de que “teníamos que haberlo aprobado”.

Luis Campos ha pronosticado que “nadie dejará de viajar” a Canarias por tener que pagar una tasa, que supondría lo mismo que “una cerveza” en un establecimiento turístico tipo de Canarias, algo en lo que discrepan los partidos que sustentan al ejecutivo regional.

Jesús Ramos (ASG) ha calculado que una familia canaria de cuatro personas por una estancia de tres días en una vivienda vacacional tendrían que abonar 84 euros extra y además ha juzgado excesivas las sanciones previstas por un error en la justificación de cobros.

Tanto PSOE como NC estaban dispuestos a discutir sobre tarifas, instrumentos, plazos, durante la tramitación parlamentaria de estos proyectos de ley, y han concluido que al final es “una cuestión de voluntad política” de la que los partidos que apoyan al gobierno adolecen.