El consejero canario de Sanidad, José Manuel Baltar, se mueve en una delgada línea roja que separa las responsabilidades inherentes a su cargo y el conflicto de intereses por su procedencia del sector privado. El exdirector de operaciones de Clínicas San Roque se ha abstenido de intervenir en el concurso para derivar pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) a las clínicas privadas a través de los conciertos de hospitalización de media estancia. Por el contrario, sí ha firmado la orden de homologación que cambia, en mitad del proceso, las reglas del juego de ese concurso. Esa orden concede a las empresas que aspiren a concurrir, incluida aquella en la que Baltar prestaba servicios antes de acceder al Gobierno de Fernando Clavijo, en enero de 2017, un año más de plazo para acreditar condiciones que ya se les exigían desde 2006 y que son imprescindibles para poder contratar con la administración mediante conciertos de asistencia sanitaria.
“Yo firmo lo que puedo firmar, porque lo dicen los responsables del área jurídica, y no firmo lo que no puedo firmar. Yo no intervengo en un pliego de un concurso en donde una empresa de la que procedo puede participar y sí regulo las condiciones de calidad mínimas que deben tener los centros homologados de este Archipiélago, porque no sólo los pacientes públicos asisten a las clínicas privadas”, defendió Baltar en la última sesión del Parlamento de Canarias.
El Grupo San Roque tiene dos hospitales en Gran Canaria. Uno de ellos, el de Maspalomas, está homologado y mantiene en vigor un contrato, firmado con el SCS en 2010 y prorrogado en nueve ocasiones, para prestar servicios de hospitalización en la zona sur de la isla. Al menos hasta enero de 2017, el otro centro, ubicado en la capital, no disponía de esta homologación. A pesar de ello, y de lo dispuesto en la orden de 2006 sobre la obligatoriedad de este plus de calidad para concertar, el Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria sigue recibiendo pacientes de la sanidad pública gracias a un concierto rubricado en 1978, cuando las competencias recaían en el Estado.
La Consejería de Sanidad no ha aclarado a este periódico, a pesar de las reiteradas peticiones, cuáles son los centros privados que cuentan en la actualidad con esa homologación y si entre ellos se encuentra la Clínica San Roque de la capital grancanaria. En 2017, sólo tres disponían de ella: el mencionado San Roque Maspalomas, Hospiten Roca de San Agustín, también en Gran Canaria, y Hospital Parque, en Tenerife.
En cualquier caso, la firma del consejero en esa orden genera serias dudas jurídicas en el ámbito de las compatibilidades, como ya advirtieron los portavoces de Sanidad del PSOE y el PP en el Parlamento regional, Patricia Hernández y Zacarías Gómez, respectivamente, así como expertos en Función Pública consultados por este periódico. Estas fuentes de la administración autonómica precisan que la decisión no sólo afecta directamente a la antigua empresa del consejero, sino que la beneficia, como al resto de clínicas privadas, al permitirle concurrir al concurso sin necesidad de estar previamente homologada.
Las empresas podrán contratar con la Administración aun cuando no hayan acreditado esos requisitos, ya que los pliegos prevén que los conciertos se rubriquen en noviembre de este año y el plazo para cumplir las condiciones de la homologación expira en abril de 2019. “Cuando beneficia a todas las empresas privadas, perjudica a la Administración”, aseveran las mismas fuentes.
La Consejería de Sanidad afirma que revocará la homologación en caso de que las clínicas no se hayan adaptado en ese periodo, pero no garantiza que se rescinda el contrato por incumplimiento, lo que abre nuevos interrogantes en el procedimiento establecido por el departamento de Baltar.
Decreto para la abstención de Baltar
El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, firmó el 23 de febrero un decreto por el que designaba al consejero de Agricultura, Narvay Quintero, suplente de Baltar en la tramitación del concurso de asistencia sanitaria. No era la primera vez. Ya lo hizo cuando el Ejecutivo tuvo que autorizar el gasto destinado a Hospitales San Roque por los conciertos de 2017, ya que superaba los dos millones de euros. El último decreto no ha sido publicado, a pesar de que es mandato legal.
De su contenido, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, se desprende que el consejero de Sanidad no se abstuvo “por razones éticas”, como defendió en el Parlamento, sino por imperativo legal. En concreto, son dos las leyes que invoca Baltar para apartarse del procedimiento. La primera de ellas es la Ley 3.1987 sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta norma establece en su artículo 5.1 que los altos cargos deben abstenerse en aquellos asuntos “que representen algún interés o que afecten de algún modo a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento, representación, administración o capital social hayan participado o participen”.
El decreto de Clavijo también alude a la Ley 40.2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con el artículo 23.1 de la legislación estatal es motivo de abstención, entre otros, “tener relación de servicio con persona jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.
Las fuentes consultadas consideran que la orden de homologación firmada por Baltar, que no suscribió el consejero sustituto, Narvay Quintero, por motivos no explicados oficialmente, encaja a la perfección en esos supuestos de abstención, ya que afectan a la empresa donde trabajó los últimos años, que además tiene un interés directo en el asunto. Las homologaciones, obligatorias desde 2006 para concertar, suponen un plus de calidad, el reconocimiento de determinados requisitos que equiparan a las clínicas privadas con los hospitales del sector público y, por lo tanto, implican también un incremento de precios, como reconoció el propio consejero en el pleno de la pasada semana al debatir sobre el lote 2 del concurso, referido a pacientes convalecientes. El pliego prevé tarifas para estas plazas que llegan a duplicar las que se pagan en la actualidad a alguno de los centros.
La orden de homologación prorroga el plazo para que, entre otras cuestiones más formales, las clínicas privadas puedan adaptar sus instalaciones y ajustarse a dos de los requisitos contenidos en la orden de 2006, a la que modifica: contar con aire acondicionado y con un máximo de dos camas por habitación. La asociación de centros hospitalarios privados de la provincia de Las Palmas, en la que se encuentra San Roque, presentó alegaciones en 2016 contra ese último requerimiento contenido en el documento elaborado hace doce años y pidió que se sustituyera por “el número de camas adecuadas a las dimensiones de la habitación”.