Colectivos sociales cargan contra la intención del Gobierno canario de cambiar la ayuda a domicilio por una prestación: “Se privatiza más el servicio”
Varios colectivos sociales han denunciado este viernes “el ataque a los derechos sociales” que el Gobierno de Canarias pretende realizar a través de la implantación de un nuevo modelo de Servicio de Ayuda a domicilio. Insisten en que, para hacerlo “el Gobierno de coalición, necesita cambiar la legislación existente, como el Decreto 57/2023 que fija las Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”.
“El nuevo modelo, que ya se quiere implantar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirían las empresas pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el /la usuaria tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice”, resumen.
Recuerdan que los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias ya han denunciado que se privatiza aún más el servicio, pues las personas usuarias pasan a ser la contratante y gestoras del mismo, con lo que significa para la mayoría que son personas con muchas dependencias. “La calidad del sistema de ayuda a domicilio perdería calidad y según los recursos de los ayuntamientos te puedes encontrar solo con una prestación económica”, exponen.
Subrayan en el comunicado que para las personas que reciben esta ayuda a domicilio, mayoritariamente pensionistas, “se agrava la situación ya que esa prestación económica figuraría como renta, que habrá que declarar pues no estaría exenta, como ocurre con la ayuda al alquiler o las ayudas para alimentos. Eso lleva a estar superando los máximos de renta para recibir una pensión por lo que nos podemos encontrar situaciones donde no puedas recibir una pensión no contributiva, y si la tienes te la quiten, o te bajen tu pensión contributiva porque te reducen o quiten los complementos a mínimos”.
Asimismo, para las personas trabajadoras que atienden a los usuarios “tampoco se ven las mejoras. Nadie les garantizará ni sus puestos de trabajo ni la mejora de sus condiciones laborales”.
Por todo ello los colectivos firmantes consideran “de extrema gravedad la pretensión de cambiar la legislación por la puerta de atrás a través de los presupuestos autonómico, sin consultas de quienes están implicados”.
“Rechazamos el proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz que quiere imponer ese nuevo modelo, que además no cuenta con la información necesaria hacia los usuarios actuales”, inciden.
Los colectivos subrayan que apoyan las denuncias y la campaña explicativa presentada por los Colegios profesionales de Trabajadoras Sociales y anuncian su disposición de defender un modelo público, centrado en los cuidados a las personas usuarias, “que no ponga en riesgo ni la atención ni los recursos económicos de quienes podamos necesitar esos servicios”.
Por ello, llaman a todos los colectivos o personas implicadas o interesadas a responder con contundencia y a participar en el debate social sobre qué servicio a domicilio es necesario para garantizar la calidad de los cuidados. Y anuncian una concentración, el día 17 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, en el mismo lugar, ya que en ese día se pretende aprobar, por el Parlamento Autonómico, las enmiendas que modificarán la legislación actual con el objeto de llevar a cabo la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio. “Por los Derechos Sociales, no dejemos que sigan privatizando”, inciden.
Entre los colectivos firmantes se encuentra la Asociación Para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, COESPE; Asociación de Salud a través del ejercicio Físico y Ocio para pacientes Oncológicos (AVIVATe) Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias; Asociación de Vecinos Barrio El Toscal de las Tribulaciones; Plataforma Unión Técnicas Sociosanitarias SAD Canarias; Plataforma Residencias Dignas; trabajadoras sociales así como los sindicatos Comisiones de Base de Canarias (CO.BAS); Confederación General del Trabajo (CGT); Sindicato Unión Sindical Obrera (USO); Intersindical Canaria (IC) y Comisiones Obreras (CCOO).
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