Resumen de 2024

De las protestas contra el turismo masivo a la crisis de vivienda y las muertes en el Atlántico: 2024, en clave canaria

Las tragedias en la ruta migratoria, el conflicto político por la acogida de menores migrantes, la vivienda, las protestas contra el turismo masivo y la defensa del territorio frente a la construcción de nuevos grandes proyectos han marcado este 2024 en Canarias. Un año en el que los datos de pobreza han vuelto a golpear a las islas con un 33,8% de canarios y canarias en riesgo de exclusión social. Un año en el que tampoco se han solucionado los problemas de la ayuda a la dependencia (el Archipiélago sigue teniendo una de las listas de espera más altas) y en el que se espera hasta cuatro años para que se reconozca la discapacidad. 

El año en que Canarias protestó contra el turismo masivo 

El 20 de abril, cerca de 200.000 personas se manifestaron en todo el Archipiélago en contra de la pobreza, la escasez de agua, la destrucción de los paisajes naturales y la falta de vivienda. “Mi isla no es tu parque de atracciones”, “aquí vive gente” o “todos mis vecinos son guiris” fueron algunas de las pancartas exhibidas, además de la que se coreaba en todas las islas “Canarias no se vende, se ama y se defiende”. 

En Tenerife, la manifestación superó todas las expectativas. Fue la primera isla en organizar la protesta, harta de haberse convertido en el escenario sobre el que se planean nuevos macroproyectos turísticos o grandes puertos que amenazan la biodiversidad tinerfeña. Aunque la Subdelegación del Gobierno en Canarias cifra en 32.000 los asistentes, los organizadores y asistentes apuntan a más de 80.000 manifestantes. La cantidad de gente presente en la movilización hizo que, cuando la cabecera ya estaba a las puertas del Cabildo de Tenerife, muchas personas siguieran aún en el punto de inicio.

Ese mismo mes, la plataforma Canarias se agota llevó a cabo una huelga de hambre con el objetivo de poner fin a los proyectos turísticos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, ambos en Tenerife. 

El 20 de octubre se llevaron a cabo protestas de nuevo en varias de las islas con el objetivo de recordar las manifestaciones de abril y cómo los gobernantes hicieron caso omiso a las propuestas que se realizaron. Por ejemplo, el Gobierno canario ha rechazado de plano poner en marcha una tasa turística o una moratoria. Además, la ley de alquiler vacacional se considera por los expertos insuficiente.  

La crisis de vivienda y la nueva norma de alquiler vacacional

Canarias es una de las comunidades más afectadas por la crisis de vivienda. Los precios del alquiler no dejan de subir, a lo que se suma años de inmovilidad en cuanto a construcción de vivienda social y parálisis del plan de vivienda durante la anterior legislatura de Fernando Clavijo. Actualmente, el Gobierno de Canarias ha impulsado un decreto que ha sido modificado recientemente para salvar las discrepancias con el Estado. 

Ese decreto empezará a tener resultados (si los tiene) hasta dentro de varios años como mínimo. Voces expertas señalaron en un reportaje con este periódico que echan en falta más medidas a corto plazo, como el control de alquileres o la captación de inmuebles vacíos. 

Otra de las normas que se ha puesto en marcha es la ley de alquiler vacacional. El Gobierno de Canarias trasladará al Parlamento el proyecto tras introducir “múltiples cambios” respecto al borrador inicial. La norma contiene como propuesta estrella limitar las viviendas vacacionales a un 10% máximo con respecto a la “edificabilidad residencial prevista” en los municipios. Varios geógrafos consultados por Canarias Ahora señalaron que temen que el texto provoque que un elevado número de viviendas pierda el fin original con el que fueron levantadas: residir en ellas. 

Por otro lado, La nueva ley canaria de cambio climático elimina medidas para proteger la biodiversidad y el patrimonio. El texto suprime cinco artículos que incluían propuestas para reducir los riesgos del calentamiento global en litoral y montes, así como establecer prácticas sostenibles en materia de residuos y calidad del cielo y alumbrado público, por ser meras “declaraciones de intenciones” de la anterior normativa.

Miles de personas mueren en la Ruta Canaria

Un total de 9.757 personas murieron en la Ruta Atlántica tratando de alcanzar Canarias en pateras o cayucos durante 2024, lo que supone una media de 28 muertes al día en el que se ha convertido en el año más mortífero hasta la fecha, batiendo el récord de 2023, cuando perecieron 6.007 migrantes. Son los datos del balance anual que realiza el colectivo Caminando Fronteras con su informe “Monitoreo Derecho a la Vida” y que suponen un aumento del 62,4% frente a las cifras del año pasado y una muerte en el Atlántico cada 51 minutos, a cifras hasta el 15 de diciembre.

La madrugada del 28 de septiembre se registró en Canarias una de las mayores tragedias de la ruta. Al menos 54 personas murieron en un cayuco con 90 migrantes a solo cuatro millas de El Hierro. En mitad de la noche, Salvamento logró recuperar nueve cadáveres y rescatar a 27 supervivientes. El resto se quedó en el mar. Al otro extremo del Archipiélago, en Lanzarote, las tragedias y las llegadas no han cesado. El 18 de diciembre tuvo lugar una de las últimas tragedias, que se saldó con cuatro muertos y cuatro desaparecidos tras el naufragio de una zódiac.

Más allá del aumento de muertes, el debate político en torno a las migraciones en 2024 ha estado marcado por el intento de trasladar menores desde Canarias hacia la Península. La fórmula pactada por el Estado y el Gobierno autonómico pasa por reformar la Ley de Extranjería, para que así el Ejecutivo central pueda obligar a las autonomías a acoger menores cuando los recursos regionales estén al 150% de su capacidad. Sin embargo, la propuesta se ha topado con el rechazo de Junts y el Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria en las islas. 

La reforma lleva bloqueada desde julio, cuando Junts y el PP tumbaron la propuesta en el Congreso. El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha dejado de dar bandazos con respecto a su postura y la Conferencia de Presidentes de Santander tampoco sirvió para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, cerca de 6.000 niños y adolescentes conviven en 86 recursos en condiciones que no siempre garantizan sus derechos fundamentales.

Polémicas en materia dependencia y discapacidad

En Canarias se espera una media de 574 días por la ayuda a la dependencia. De hecho, es la segunda comunidad con mayor espera del Estado, solo por detrás de Andalucía según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. No obstante, se trata de un dato que se ha reducido en 74 días. La comunidad autónoma vuelve a bajar su tiempo de tramitación de la ayuda, como reflejaron informes anteriores de la asociación. 

Uno de los temas que ha causado polémica en el último año es el nuevo decreto de dependencia en el que se está trabajando y que rechazan los colegios de Trabajo Social. El personal técnico de la Consejería también presentó numerosas alegaciones al denunciar que, por ejemplo, se elimine el informe social necesario para conseguir esta prestación. 

La Diputada del Común ha anunciado que ha abierto una investigación de oficio sobre los retrasos del Gobierno regional de más de cuatro años para reconocer la discapacidad en las Islas. Este periódico ha documentado historias de personas que no pueden esperar tanto tiempo.

Las reivindicaciones de las familias de alumnado NEAE y de la FP

En materia de Educación, este último año ha estado marcado por las reivindicaciones de las familias del alumnado con necesidades específicas educativas y del personal que trabaja con estos estudiantes. Las trabajadoras se quejan de las condiciones laborales, con sueldos muy por debajo de los que cobra el personal público, de la incertidumbre en los nombramientos y de la difícil convivencia entre lo público y lo privado en las aulas a raíz de los últimos pleitos judiciales. 

En materia de FP, los principales sindicatos han convocado movilizaciones durante este año para protestar por los cambios en esta formación. Reivindican reducción de las horas de impartición de módulos técnicos; coordinaciones de diversa índole y recuperación del horario lectivo (entre 2 y 6 horas semanales) para el profesorado de FCT y Coordinación Dual; mayor presupuesto para la implantación de la FP Dual, entre otras. 

De las mociones de censura a la crisis de NC

En Canarias se han vivido varias mociones de censura este año. Este verano, Coalición Canaria, Partido Popular y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) formalizaban un movimiento para desbancar al entonces alcalde del PSOE Marco González. Asimismo, en Gran Canaria se han vivido mociones en Guía, cuyo exalcalde arremetió contra la dirección de Nueva Canarias y considera que la dirección debe dar un paso a un lado para reunificarse con Coalición Canaria. Recientemente, se ha producido otra moción en Agaete que ha llevado a la alcaldía de nuevo al PP.

Entre medias, en Nueva Canarias se ha producido una fractura entre quienes impulsar una renovación en la dirección del partido. La formación de Román Rodríguez ha anunciado que adelanta su Congreso, algo que los disidentes no ven suficiente.

El año del “se acabó”

Este 2024 han sido señalados por acoso sexual o machismo numerosas personas destacadas. En Canarias, en enero estalló el caso del cineasta Armando Ravelo. La primera denuncia parte de una actriz a la que con 15 años incitó a tener sexo. Otras profesionales de la cultura cuentan haber sufrido comportamientos machistas por parte de él. También se supo que José Alberto Medina, director y fundador del espacio Fábrica La Isleta, cuenta con dos condenas firmes por delitos de violencia de género. La redes sociales también se llenaron de numerosos testimonios de mujeres.

23 años de cárcel por informar

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión.

La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. 

Sosa ha recibido un gran respaldo por parte de las asociaciones de la prensa.