La vida de Carmen (nombre ficticio a petición de la entrevistada para reservar su identidad) cambió por completo en 2018. Ese año, su expareja la maltrató y sufrió dos lesiones graves: una rotura de bóveda craneal y un hematoma subdural que le han dejado secuelas. Desde entonces, padece problemas de coordinación y estabilidad del cuerpo y necesita una silla de ruedas para prevenir caídas.
La mujer encontró el año pasado un piso adaptado en Las Palmas de Gran Canaria, a escasos metros de la Playa de Las Canteras. El alquiler asciende a 650 euros más gastos. Es un desembolso importante, reconoce, pero la queja principal no es el dinero, sino el trajín constante de turistas que entran y salen de los pisos anexos al suyo. El que está justo encima del de ella es una vivienda vacacional. Asegura que también hay dos más en su misma planta y que los ruidos son insoportables.
“Una vez me tocaron el timbre a las cinco de la madrugada. Abrí y dije que no eran horas, que estaba descansando”, cuenta Carmen por teléfono. “La música, los ruidos, los movimientos de muebles por la noche… Parece que vienen siempre de fiesta, ¿están borrachos o qué? Aquí no se puede dormir. Es un infierno”.
Desde hace años, la presión ejercida por el alquiler turístico ha irritado a la población local, incapaz de hallar arrendamientos asequibles por la subida de precios y el detrimento de la oferta. En Canarias, las manifestaciones convocadas contra la masificación turística el pasado mes de abril contaron con pancartas que rezaban “vecinos violentados” en lugar de “viviendas vacacionales”, un juego de palabras ideado para expresar el hartazgo de los residentes.
Entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2024, el Archipiélago ha sumado 8.000 pisos turísticos más hasta alcanzar los 46.700, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de esas viviendas suelen estar enclavadas en edificios históricamente residenciales, perturbando el ambiente y ocasionando molestias por el manifiesto contraste entre las rutinas de quienes residen en un lugar y quienes lo visitan por primera vez en sus vidas.
Carmen pasa todo el día en casa. Después de la agresión, por la que tuvo que estar siete meses en coma y un año hospitalizada, le declararon la incapacidad absoluta. Ve cómo los turistas entran y salen todas las semanas, sin tener en cuenta muchas veces que en ese bloque vive gente. Ella asegura sentirse “alterada”, que la falta de descanso la pone “agresiva” y que siente que el cuerpo tampoco le “funciona”. “Me bloqueo por las lesiones que tengo”, añade.
Los problemas asociados a vivir pared con pared con una vivienda vacacional son múltiples. Agustín Cocola, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Cardiff e investigador en el Instituto de Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Lisboa, los ha estudiado a fondo. Defiende que la presión turística en las ciudades puede llegar a causar estrés crónico, irritabilidad, problemas para dormir e incluso malos hábitos alimenticios.
El impacto se acentúa, destaca, entre la población mayor, que al verse rodeada de desconocidos siente “miedo” y prefiere no salir de casa, lo que genera episodios de aislamiento. “Cuando uno está de vacaciones tiene otros horarios. Y para la gente que debe levantarse temprano para trabajar, contar con vecinos que se acuestan a las dos de la madrugada o ponen una lavadora pasada la medianoche, no es bueno”, razona Cocola.
En la capital grancanaria, en concreto, el alquiler turístico parece no tener mala imagen, según una encuesta llevada a cabo por el propio Ayuntamiento. El 65,2% de los residentes no cree que las viviendas vacacionales provoquen pérdida de tranquilidad y calidad de vida, el 63,9% opina que no expulsan a los residentes habituales del barrio y el 70,5% tampoco considera que originen un deterioro de la convivencia ciudadana. El sondeo fue realizado entre febrero y marzo de este año, antes de las manifestaciones masivas, y recoge las impresiones de 1.201 personas.
Otra encuesta, sin embargo, llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a 402 vecinos de la misma localidad, sugiere que la buena impresión genérica sobre el alquiler turístico se debe a una “opinión alineada” de la sociedad canaria ante el turismo, “que ante todo se enjuicia como un factor de desarrollo en un contexto económico con pocas opciones”. El estudio también concluye que cuantas más viviendas vacacionales existen en un distrito, “menor [es] la percepción de los beneficios que ha generado”.
Los residentes alejados de la costa, donde la actividad turística en Canarias es exigua, apenas perciben las externalidades negativas de esta actividad económica. Pero los que habitan en el núcleo del sector, sí. “Escucho cómo llegan y se van por el sonido de las maletas. Pero es lo que tiene vivir aquí”, cuenta una vecina. “Menos mal que no tengo ninguna [vivienda vacacional] en mi bloque”, celebra otro.
La salud mental de la población local en estas demarcaciones empeora. Las personas sufren depresión e incluso pensamientos suicidas por la amenaza de desalojo y desplazamiento indirecto de los barrios, apunta una investigación sobre esto mismo desarrollada en Barcelona y Boston. Una de sus autoras, Helen Cole, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), reflexiona:
“Si los vecinos de toda la vida se van del barrio, si los precios suben y no puedes pagar el alquiler, si en vez de la carnicería o pescadería o peluquería de siempre tienes negocios para turistas, como una tienda de regalos o de alquiler de bicicletas… Eso tiene implicaciones para tu bienestar”.
Investigadores han encontrado también relaciones entre la obesidad y la gentrificación, ya que los residentes de las zonas afectadas presentan dificultades para encontrar tiendas de alimentos frescos. Algunos pueden enfrentarse a la combinación de “desiertos alimentarios”, donde directamente no hay establecimientos, y otros a “espejismos alimentarios”, donde sí hay comida, pero demasiado cara para los locales.
Otra consecuencia, quizá la más “dramática” de todas, recalca Cocola, es el aumento del ruido. El geógrafo entrevistó a vecinos de Barcelona para conocer cómo se sienten ante la transformación turística del lugar en el que viven y encontró que el 77,6% está insatisfecho o muy insatisfecho con el nivel del ruido, lo que en algunos casos ha motivado el desplazamiento de habitantes a otros municipios.
El impacto total termina generando lo que algunos expertos han calificado de comunicidio, un trauma experimentado por residentes debido a la destrucción de la comunidad en la que estaban. “Es una sensación de frustración, de hastío, de miedo, de cabreo… La gente se da cuenta de que se comen su barrio. Es una disrupción de la vida cotidiana en todos los términos”, resume el geógrafo Jaime Jover, de la Universidad de Sevilla.
Quienes deciden quedarse en edificios invadidos por el alquiler turístico suelen ser víctimas de acoso inmobiliario por parte de las empresas compradoras para terminar de enterrar el uso residencial del bloque, relata Jover. Y quienes viven en regiones donde está prohibido expedir nuevas licencias turísticas (centro de Lisboa, por ejemplo) y quieren vender su propiedad, ven que el valor de esta se reduce drásticamente por la presencia de viviendas vacacionales en la edificación, pues “nadie quiere entrar en un ambiente así”, remacha Cocola.
El Tribunal Supremo avaló recientemente el veto de los pisos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben el uso de actividades económicas. El anteproyecto canario para regular el alquiler vacacional, que abre la puerta a doblar el número actual de viviendas vacacionales en la Comunidad Autónoma, permite a los propietarios impedir la explotación turística de una casa si así lo deciden por votación.
Cocola sostiene que, en Portugal, donde existe una regulación similar, esa medida “no ha tenido un gran efecto” porque en los centros de las ciudades, donde se aglutinan los apartamentos turísticos, la gente que reside lo hace principalmente de alquiler, por lo que no tiene poder de decisión, dejándolo todo en manos de propietarios que no viven en esos mismos emplazamientos.
Carmen, no obstante, espera salir pronto del “infierno” en el que se encuentra. Cree que a finales de año le darán las llaves de una vivienda de protección oficial (VPO) que el Gobierno canario le adjudicó hace unos años. Ya cuenta los días para ello. “El casero quiere que me quede. Pero eso no va a pasar”, exclama entre risas.