La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado por buena la versión ofrecida por el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalino (Coalición Canaria) y ha archivado la denuncia interpuesta por Izquierda Unida y por la misma Corporación por la actuación frustrada del cantante colombiano Sebastián Yatra en el Carnaval de 2018. La denuncia fue interpuesta durante la corta etapa del pacto que sostuvo en la alcaldía a la socialista Patricia Hernández, y ha sido archivada cuando ha retomado el poder precisamente el partido que cometió las irregularidades denunciadas, Coalición Canaria, que es el que ha enviado a la Fiscalía la versión que esta se ha creído.
Izquierda Unida ha anunciado su intención de llevar el asunto al juzgado de guardia.
Según el decreto de archivo, el Ayuntamiento de Santa Cruz asumió como normal que el cantante Sebastián Yatra fuera sustituido por Carlos Baute porque en el pliego de condiciones por el que se contrataron los servicios de Radio Club Tenerife para los conciertos del Carnaval 2018 “el contratista se obligaba, en el caso de que alguna de las actuaciones no pudiera efectuarse, a sustituirla por otra de igual renombre artístico y similar cuantía económica”.
Ni Carlos Baute tenía en 2018 ni tiene en la actualidad “igual renombre” que Carlos Baute ni su caché artístico es similar al del colombiano. Además, Baute se incluía en un paquete de actuaciones en otra jornada del Carnaval, la del 11 de febrero, por un precio conjunto de 21.400 euros, mientras que el concierto de Yatra, previsto para el 12 de febrero, estaba presupuestado en 40.660, en ambos casos con el IGIC incluido.
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife no ha tenido en cuenta el informe que emitieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento capitalino en junio de 2020 a partir del cual se recomendó al consistorio poner los hechos en manos de las autoridades judiciales al apreciar indicios de que pudiera haberse cometido algún delito.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consideraron que lo ocurrido con las contrataciones artísticas del Carnaval de 2018 a través de Radio Club de Canarias (Cadena Ser) podría encuadrarse en los delitos de prevaricación administrativa y malversación. Por eso recomendaron al grupo de gobierno la remisión del expediente a la Fiscalía Provincial, como así ocurrió acompañado de una dura denuncia. Los letrados consistoriales no sólo sostuvieron que es obligación de la Corporación poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, sino que también debe actuarse administrativamente instando a la nulidad del expediente administrativo por el que, entre otros, se contrató al cantante colombiano Sebastián Yatra, que no apareció por la isla, y reclamar las cantidades indebidamente pagadas al contratista por un servicio que no se prestó. Igualmente, recalcaron los juristas, han de exigirse responsabilidades a los funcionarios y dirigentes públicos que tramitaron ese expediente plagado de irregularidades durante el mandato de Coalición Canaria y el Partido Popular al frente de la Corporación.