Un sindicato critica al Gobierno de Canarias por “entorpecer” al Juzgado de Violencia sobre Mujer de Arona

 Intersindical Canaria ha criticado este viernes al Gobierno de Canarias por “entorpecer” las actividades del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, en Tenerife. El sindicato, en un comunicado, ha denunciado “los graves problemas intolerables que continúan padeciendo los funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, una situación insostenible que el Gobierno canario continúa sin resolver y que se remontan a seis años atrás”.

Tras una denuncia a la Inspección de Trabajo, Intersindical ha advertido de que se realizó la evaluación de riesgos laborales y psicosociales, donde se reflejan la existencia de problemas graves, como carga de trabajo elevada, retrasos por una inadecuada organización o ritmo elevado donde no se reconoce el derecho a las compensaciones horarias.

Según el sindicato, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona es uno de los juzgados con más carga de trabajo del Estado, que se solventa la mayoría de los días con el sobreesfuerzo de los funcionarios que trabajan en este órgano.

Además, ha informado de que existe una marcada carencia de medios y de recursos que se dedican por parte de la Administración pública, lo que impide la conciliación de la vida laboral y familiar debido a que los trabajadores saben cuándo comienza la jornada pero no cuando finalizan, sin que los responsables busquen soluciones.

Sin embargo, ha continuado, el nuevo Gobierno de Canarias insiste en que institucionalmente actuará en la creación, dotación y consolidación de mecanismos de asistencia ante las situaciones de violencia, desarrollando estrategias preventivas, al igual que los ejecutivos anteriores.

El Ejecutivo, según Intersindical, “no toma medida alguna para solucionar la situación que se vive en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, obviando que normalmente es el juzgado la última instancia a la que acude la mujer víctima de violencia”.

Esto hace que “la situación se hace insostenible” y se cercene la capacidad de respuesta de la justicia que al no tener en cuenta que la acumulación de asuntos, la carga de trabajo y las jornadas maratonianas, repercuten en la celeridad con que se resuelven los procedimientos.