La acusación popular pide la reapertura de la parte política del caso Corredor
Rubens Ascanio, concejal de Unid@s se puede en La Laguna, asegura que la acusación popular, de la que forma parte Sí se Puede y el grupo municipal de Por Tenerife, se han adherido a la petición de la reapertura de la instrucción en el juzgado del caso Corredor formulada por la acusación particular, que afecta directamente al alcalde y posible presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.
Esta reapertura se podría dar tras aportar la Acusación Particular dos informes periciales del perito José Guillermo Pastor, de fecha 24 de abril de 2015, en el que se certifica la veracidad tanto de la declaración de Isaac Tacoronte Peña, como la grabación aportada que dio origen a la pieza separada en la que fue imputado Fernando Clavijo.
Los informes periciales no dejan lugar a dudas sobre la autenticidad de las grabaciones en las que Fernando Clavijo, en esa época concejal de Urbanismo, reconoce abiertamente “acuerdos transoficiales” y “económicos” entre miembros de la policía y los dueños de algunos locales del cuadrilátero, que pagaban a cambio de ampliar su horario de apertura o de no recibir sanciones. Igualmente se identifican acciones políticas concretas para levantar expedientes a algunos de estos negocios.
En otra parte de la conversación en la que participa Fernando Clavijo este se refiere a que la Gerencia de Urbanismo había “puesto a cero” deudas por valor de casi 20.000 euros a algunos propietarios de negocios vinculados al ocio nocturno, que en algún caso llevaban diez años sin pagar la tasa de basura.
Desde la candidatura de unidad popular lagunera, en la que participan personas de Podemos, Izquierda Unida, Sí se puede y Equo, consideran que estos informes periciales muestran la veracidad de dicha prueba, que debe ser estudiada por el órgano instructor y que obligaría a Fernando Clavijo a volver a prestar declaración en sede judicial ante unos hechos que podrían esconder tratos de favor, prevaricación e incluso inacción ante el supuesto chantaje policial a determinados negocios de la zona del cuadrilátero.
