La alcaldesa de Mogán tiene como asesor de Urbanismo al contratista de los servicios veterinarios del Ayuntamiento

Entre los expedientes sobre los que ha puesto el foco el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil tras la entrada y registro al Ayuntamiento de Mogán el pasado 17 de septiembre en busca de nuevas pruebas del presunto fraude electoral en el municipio sureño por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en los comicios de 2015 y 2019 figura uno sin aparente vínculo con la trama de compra de votos. Tiene como protagonista al actual asesor de Urbanismo de la corporación, Raico Guerra, e indaga en los contratos suscritos por la empresa de su familia o por él mismo como entidad durante el mandato de Onalia Bueno, antes de ser designado como cargo de confianza de la alcaldesa tras concurrir a las últimas elecciones municipales en el puesto número 12 de la lista que encabezaba la hoy investigada. 

El vínculo comienza en octubre de 2015, con la adjudicación del primer contrato, y se prorroga hasta la actualidad. Al mes de acceder a la Alcaldía, Bueno despidió al veterinario que hasta ese momento ejercía con un contrato menor de 12.840 euros anuales. El despido fue declarado improcedente en los juzgados y el Ayuntamiento tuvo que pagarle una indemnización de 13.748,94 euros. Desde entonces y hasta la fecha de la emisión del informe de la Guardia Civil, en mayo de 2021, todos los contratos suscritos por la corporación sureña en materia veterinaria han tenido como adjudicatarios o bien a Raico Guerra directamente o a la empresa Animales y Piensos Arpiplan, de la que fue administrador solidario desde su creación, en 2003, hasta el 3 de octubre de 2019, ocho días antes de ser nombrado asesor de Urbanismo. Los otros dos socios de esa mercantil, en la que figuraba como “auxiliar de veterinaria”, siguen siendo su hermano y su madre. 

Los primeros contratos adjudicados tenían por objeto el asesoramiento técnico (veterinario) en Salud Pública. Uno de 4.467,25 euros para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2015 y otro de 13.401,75 euros con un plazo de nueve meses, entre enero y septiembre de 2016. En resumen, un año de servicio por 17.869 euros, rozando los 18.000 que fijaba en aquel momento como límite para los contratos menores la Ley de Contratos del Sector Público.

De ahí en adelante, Arpiplan sería beneficiaria de una decena más de contratos y Raico Guerra como entidad, no como administrador solidario, de otros dos. Entre octubre de 2015 y mayo de 2020 su empresa familiar y él mismo percibirían de las arcas públicas un total de 276.000 euros. La mayor parte eran contratos menores, pero también resultó adjudicataria esa sociedad en un negociado sin publicidad por 51.074,31 euros y en un procedimiento abierto por 159.141 euros. 

El negociado sin publicidad estaba destinado a cubrir el servicio de recogida de animales errantes, la atención de la perrera municipal, la realización de cursos de manipulación de alimentos y asesoramiento veterinario por periodo de un año. El Ayuntamiento invitó a tres entidades o autónomos. La Guardia Civil destaca en un informe que solo Arpiplan, la adjudicataria final, estaba registrada en el municipio. Es decir, que no fueron invitadas otras empresas de la localidad. También ha llamado la atención de los investigadores que las ofertas económicas presentadas por los aspirantes varían en cantidades justas. En 200 euros de la primera a la segunda (de 47.733 a 47.933 euros) y en 300 de la segunda a la tercera (de 47.933 a 48.233). Además, la segunda oferta fue presentada por una persona que “trabaja o trabajó” como veterinaria en Arpiplan, la empresa que se hizo con el contrato. 

El procedimiento abierto por valor superior a los 150.000 euros tenía como objeto la “protección animal y asesoramiento veterinario” durante tres años, de 2019 a 2022. Se tramitó por la vía de urgencia. El Ayuntamiento tan solo dio diez días de plazo para la presentación de ofertas. La empresa de Raico Guerra fue la única que concurrió. Esos contratos se fueron solapando con otros menores que iban desde la esterilización de colonias de gatos hasta el suministro de jaulas trampa. El posteriormente nombrado asesor de Urbanismo del resultaría también adjudicatario, al margen de su actividad con la sociedad familiar, de dos contratos para el mantenimiento de las áreas caninas del municipio del sur de Gran Canaria. 

Los investigadores aprecian una “intencionalidad manifiesta” del Ayuntamiento de Mogán para favorecer a Raico Guerra durante este periodo con contrataciones directas o a su empresa familiar. Tras el análisis de los contratos, la Guardia Civil detecta varias irregularidades. Por un lado, remarca que tres de las adjudicaciones responden a la misma área funcional, la de asesoramiento veterinario, lo que demuestra “un fraccionamiento innecesario de los contratos y, por ende, la obligación del Consistorio de haber convocado un concurso abierto y con publicidad”. Además, considera que ese comportamiento “doloso” queda acreditado cuando en 2019 sí que convoca un procedimiento abierto para cubrir ese mismo servicio durante un periodo de tres años dada la “necesidad periódica y permanente” que ya existía los años precedentes, cuando se le dio a dedo a la empresa administrada por Guerra.  

Algo parecido ocurre con el servicio de mantenimiento de áreas caninas, adjudicado directamente al actual asesor de Urbanismo en dos ocasiones a través de contratos menores solapados en el tiempo y por un importe global cercano a los 12.000 euros. “Si la idea era garantizar el servicio, lo correcto hubiera sido realizar un contrato por importe mayor, plurianual, y haber salido en concurso público”, recoge el informe, que añade que, por el contrario, lo que hizo el Ayuntamiento de Mogán fue “fraccionarlo y darle continuidad para garantizar la ausencia de publicidad y control, teniendo como beneficiario a la misma persona”. Además, compara estos contratos con otro adjudicado a Arpiplan para el servicio de protección animal y asesoramiento veterinario por cerca de 16.000 euros y llega a la conclusión de que “aunque los conceptos y las empresas sean diferentes, no cabe ninguna duda de que los adjudicatarios en el fondo son la misma persona”, por lo que el gobierno municipal trata de “pasar por legal lo que a todas luces se muestra como un fraude de ley”. 

Asesor de Urbanismo 

Raico Guerra concurrió a las elecciones celebradas en mayo de 2019 en el número 12 de la lista encabezada por Onalia Bueno. Ciuca obtuvo diez concejales en esos comicios, por lo que no entró en la corporación. Un mes después de constituirse el Ayuntamiento, la renovada alcaldesa firmó una providencia en la que disponía, “por ser necesario”, la creación de dos plazas eventuales de asesor, una para Educación y Juventud y otra para Urbanismo, con una retribución de 32.500 euros anuales. Las funciones de ambos cargos consistían en “apoyar en el diseño y planificación estratégica de distintos servicios municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas y supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas”. 

Guerra fue nombrado el 11 de octubre. Entonces -y aún ahora- estaba vigente uno de los contratos de asesoramiento que su empresa familiar había firmado con el Ayuntamiento. Los investigadores subrayan que no se ha acreditado “el cese” de esta persona en ese contrato, por lo que entiende que pudo haber incumplido la ley que regula el régimen de compatibilidades. 

La Guardia Civil precisa en su informe que para ser designado para ese cargo de confianza no se requería expresamente disponer de estudios, pero recalca que Raico Guerra, que solo dispone de un título de Enseñanza General Básica (EGB) obtenido en 1993 y que ha ejercido como “auxiliar de veterinaria” en la sociedad familiar, tiene unos conocimientos técnicos “limitados” para prestar correctamente el servicio. Prueba de ello es que apenas dos días antes de que fuera nombrado asesor, el Ayuntamiento de Mogán adjudicó un contrato menor de servicios profesionales en materia de naturaleza urbanística y territorial a otra persona. 

El adjudicatario fue Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ocupó diversos puestos de responsabilidad en el Gobierno de Canarias durante las presidencias de Paulino Rivero y de Fernando Clavijo, ambos pertenecientes a Coalición Canaria (CC), partido con el que concurrió en alianza Ciuca en las elecciones de mayo de 2019. Romero Espeja fue director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y también viceconsejero de Política Territorial y su nombre aparece en el sumario de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio tinerfeño de Arona por autorizar la ampliación ilegal de un local de ocio, el Monkey Beach Club. 

También en ese caso el Ayuntamiento decidió fraccionar la adjudicación en dos contratos menores. El primero, de octubre a diciembre de 2019 por 3.993,75 euros y el segundo, de enero a diciembre de 2020 por 16.048,93 euros. “Los contratos menores adjudicados son sucesivos en el tiempo, careciendo de interrupción entre ellos, del mismo ámbito funcional y mismo beneficiario”, asevera la Guardia Civil, que considera que se trata de una “clara vulneración de las normas de publicidad y concurrencia competitiva” y que, por lo tanto, los responsables de esos decretos (la alcaldesa y el secretario accidental, David Chao) pudieron incurrir en un delito de prevaricación. Hay que recordar que en ese momento la cuantía máxima de los contratos menores era de 15.000 euros tras una reforma legislativa. 

En sus conclusiones, el instructor policial aprecia indicios de la comisión de un delito de prevaricación por parte de los gestores políticos y funcionarios que intervinieron en los decretos de adjudicación de determinados contratos a Raico Guerra o a su empresa familiar y de tráfico de influencias por parte del actual asesor de Urbanismo de la corporación sureña.