Anticorrupción pide ampliar los cargos contra Fernando Clavijo en el caso Grúas

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, ha remitido a la jueza instructora del caso Grúas un demoledor informe contra Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias, tras las declaraciones testificales prestadas hace dos semanas por el primer propietario de la concesionaria del servicio en el Ayuntamiento de La Laguna, Autogrúas Poli, y algunos extrabajadores de la empresa. La representante del Ministerio Público solicita ampliar la exposición razonada que la magistrada elevó al Supremo, el tribunal que debe juzgar ahora al actual senador de Coalición Canaria (CC) por su condición de aforado, para imputarle más cargos en relación con el delito de prevaricación, al considerar que existen indicios suficientes como para concluir que lo cometió de manera continuada durante su etapa de concejal de Seguridad y alcalde de la Ciudad de los Adelantados.

Farnés considera incompleto y prematuro el escrito que la jueza Celia Blanco envió al Supremo, ya que aún no ha finalizado la instrucción de la causa, no incorpora los relevantes testimonios de los últimos testigos y solo atribuye a Clavijo un delito de prevaricación vinculado con el levantamiento de los reparos planteados por el interventor municipal contra la concesión con cargo a las arcas públicas de un préstamo de 120.000 euros a una empresa en quiebra y administrada por un grupo de amigos del entonces alcalde de la corporación lagunera, cargo que ostentó entre 2008 y 2014.

La fiscal Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada en la conducta del ahora aforado, al sumar al otorgamiento de ese préstamo otros hechos con “aparente significación delictiva”: la dejación de funciones frente a los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones, la prórroga de la concesión a una empresa que acumulaba una cuantiosa deuda con Hacienda y la Seguridad Social y la compra de las participaciones de la sociedad por parte de un grupo de trabajadores con los que Clavijo mantenía vínculos personales.

Prevaricación por omisión

El informe pone de relieve que Clavijo no dictó ninguna resolución para caducar la concesión o resolver el contrato del servicio de Grúas pese a ser consciente de que la empresa había incurrido en cuatro faltas muy graves, el doble de las necesarias para darlo por finalizado de forma fulminante. La fiscal explica que la concesionaria no presentó ninguno de los documentos a los que estaba obligada y que acumulaba deudas en el momento del rescate por un importe que superaba 300.000 euros, de los cuales 112.000 correspondían a impagos a Hacienda y la Seguridad Social, 170.000 a salarios y el resto, a abonos pendientes a distintos proveedores. Alude para ello a hasta tres informes del servicio de Intervención que alertaban, entre otras cuestiones, de la imposibilidad de atender los pagos corrientes por un periodo superior de tres meses y el riesgo de insolvencia, además de recomendar al grupo de gobierno que estudiara la conveniencia de continuar prestando el servicio de retirada e inmovilización de vehículos.

Además de estas irregularidades que, a juicio de la representante del Ministerio Público, debieron conducir al Ayuntamiento lagunero a dar por caducado el contrato o a resolverlo, la empresa administrada por los amigos de Clavijo incurrió en otros incumplimientos: nunca contó con los 22 trabajadores que exigían los pliegos como servicios mínimos, no disponía de seguro de responsabilidad civil ni de las obligatorias tarjetas de transporte y las grúas estaban deterioradas y no habían pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los trabajadores que compraron Autogrúas Poli a José Padilla, el dueño original, no tenían la capacitación profesional ni la autorización administrativa para ejercer, al menos de 2013 a 2015, expone un informe que subraya además de que los gestores del Ayuntamiento lagunero, al frente del cual se colocaba Clavijo, actuaron siempre en contra de los informes del interventor.

Concesión del préstamo

Farnés destaca que, a pesar de la concesión del préstamo de 120.000 euros la deuda acumulada por la empresa con los nuevos propietarios, lejos de disminuir, aumentó a 715.215 euros, de los que cerca de 220.000 correspondían a impagos a las administraciones públicas. Y ello a pesar de que se habían reducido las exigencias, de 11 a 5 grúas y de 22 a 9 trabajadores.

La fiscal relata que el interventor planteó en dos ocasiones reparos a esa operación por carecer de cobertura legal y por no establecer su duración ni garantizar que la facturación de la empresa concesionaria fuera suficiente para restituir su importe. El Consistorio regido por Clavijo esquivó esos impedimentos al dar más valor a un informe externo encargado a catedráticos de la Universidad de La Laguna, un estudio que, como ellos mismos reconocieron, realizaron sin disponer de la documentación del expediente y en un plano “teórico”.

“Sin estar previsto legalmente, el Ayuntamiento actuó como una entidad bancaria concediendo un préstamo a una empresa que se encontraba intervenida, en contra de dos reparos y basándose en un informe externo y que no era más, según sus propios autores, que un estudio teórico”, resume Farnés después de incidir en que sin ese crédito no se hubiera podido prorrogar el servicio de grúas en la segunda ciudad en importancia de la isla de Tenerife.

Prórroga del contrato

En relación con esa extensión del contrato, de agosto de 2014 al mismo mes de 2019, la representante del Ministerio Público destaca que la decisión se adoptó en un momento en el que la empresa podría estar inmersa en una causa de caducidad, había tenido que ser intervenida por sus dificultades económicas y mantenía importantes deudas con Hacienda y la Seguridad Social, una circunstancia que le impedía contratar con la Administración pública y debía conllevar la inmediata pérdida de la tarjeta de transporte y la consecuente imposibilidad de operar. También en esta operación fue necesario levantar el reparo del interventor, que advirtió de que la prórroga del servicio carecía de propuesta y de fundamentación jurídica, a través de un informe externo elaborado por los mismos catedráticos, “los expertos”, quienes posteriormente sostendrían que informaron de la prórroga del rescate, no del contrato.

Compra de las participaciones

El cuarto apartado en el que se detiene la fiscal para justificar su petición de ampliar los cargos de Clavijo e imputarle un delito de prevaricación continuada tiene que ver con la compra por parte de un grupo de trabajadores de la totalidad de las participaciones del propietario original, una operación que se materializó el 13 de abril de 2011. La fiscal remite a las declaraciones de los últimos testigos para concluir que este hecho era totalmente conocido por Clavijo, a pesar de que nunca fue comunicado por los cauces oficiales al Ayuntamiento, en contraposición a lo que ocurrió cuatro años después, en 2015, con la venta a su actual dueño, Grúas y Servicios Adeje. “No tiene nada que ver la persona a la que se le adjudicó inicialmente la concesión con las personas que lo ostentan en la actualidad”, un peligro que ya fue advertido por el actual presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, entonces concejal en la oposición en La Laguna, en el pleno en el que se autorizó la transmisión de esa concesión.

La fiscal asevera que, al no haber realizado comprobación alguna sobre esa operación de compraventa, el Ayuntamiento permitió que circularan grúas sin la tarjeta de transporte necesaria, sin los seguros obligatorios y sin la ITV pasada.

Farnés sostiene que Clavijo era plenamente consciente de todos los hechos delictivos que le imputan y recuerda que fue el actual senador de CC quien impulsó, siendo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, la externalización del servicio de grúas, por lo que “no desconocía” los pliegos ni las consecuencias del incumplimiento de contrato.

Malversación y tráfico de influencias

Anticorrupción también atribuye al expresidente del Gobierno de Canarias un delito de malversación, a pesar de que el préstamo concedido a Autogrúas Poli fue devuelto íntegramente. Farnés aclara que la restitución de los fondos a las arcas públicas no hace desaparecer el delito ni el perjuicio patrimonial en el momento de los hechos. “Sería muy difícil de entender que siga intacta la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos después de las irregularidades puestas de manifiesto, adoptadas con el fin primordial de seguir contratando con Autogrúas Poli cuando toda la normativa administrativa obligaba a resolver el contrato, además en contra de los reparos formulados por el interventor”.

La fiscal entiende que la devolución de las cantidades exime a los investigados de la responsabilidad civil, aunque añade que el informe externo encargado a los catedráticos de la ULL también supuso un quebranto económico para las arcas municipales y, además, impidió que el servicio de grúas saliera a concurso. Farnés pide el archivo del delito de tráfico de influencias que también se le imputaba, ya que su actuación no tenía el ánimo de influir en un funcionario o autoridad, como exige el tipo penal, sino sobre un particular para que empleara a determinadas personas o para que les vendiera las participaciones sociales.

En relación a la posibilidad de que también sea el Supremo quien investigue a José Alberto Díaz y a Antonio Pérez Godiño, exconcejales de Seguridad del Ayuntamiento lagunero (el primero también exalcalde), Farnés sostiene que existe una “íntima conexión en la comisión de los delitos”, ya que si el aforado Clavijo no hubiera emitido los decretos para levantar los reparos del interventor, los otros dos imputados no hubieran podido dictar los relativos a la concesión del préstamo y a la prórroga del contrato, respectivamente.