La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 39 años y 10 meses de prisión a un hombre que, desde Tenerife, acosó y corrompió sexualmente a cinco menores de 16 años y a una joven de 20 de distintos puntos de España, a través de Internet y cuando estaba en régimen de tercer grado por hechos similares.
Entre los hechos probados se expone que el condenado, entre los meses de mayo a agosto de 2020, valiéndose de sus conocimientos en informática y gracias a su puesto de trabajo en una empresa de servicio técnico, accedía a las tarjetas SIM de sus clientes para instalar la aplicación de WhatsApp sin el conocimiento ni consentimiento de los titulares de las líneas. De esta manera obtenía los números de sus víctimas y el acceso a sus redes y a sus archivos de imagen y vídeo más íntimos.
Así fue como contactó con una menor de Mijas (Málaga), de 15 años; otra de San José de la Rinconada (Sevilla), de 14 años; otra de Baix Llobregat (Martorel), de 13; otra menor de 15 de años de Baix Llobregat; una joven de 16 años de Móstoles (Madrid) y otra de 20 años de Badajoz. Valiéndose de su falta de madurez, les aseguraba a todas ellas que tenía acceso a sus móviles y que, si no cumplían con sus deseos, compartiría con sus contactos todo el material íntimo que guardaban en sus dispositivos. Así, les instaba a que le enviaran imágenes de ellas desnudas y que entablaran con él videollamadas en las que les exigía que se desnudaran y se masturbaran.
Según la sentencia, quedó probado que el hombre cometió cuatro delitos de acoso y tres de agresión sexual a menores de 16 años, otro de corrupción de menores con fines exhibicionistas y un delito de agresión sexual en grado de tentativa, por lo que, además de su ingreso en prisión, se le impuso una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio retribuido o no que conlleve el contacto con menores durante cinco años, tras cumplir la condena; libertad vigilada por 10 años; órdenes de alejamiento de sus víctimas, y el decomiso de sus dispositivos tecnológicos para su destrucción. Además, el condenado deberá indemnizar con 15.000 euros a tres de sus víctimas y con 8.000 euros a las otras tres.