La defensa de Rayco Rubén González, administrador de la empresa RR7 y acusado de la presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) por unas mascarillas que nunca llegaron, ha dicho este jueves tras la declaración de su defendido que confía en que se archiven las acusaciones porque su cliente es una “mínima parte del caso”.
La comparecencia del empresario ha tenido lugar en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ante el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, ha durado algo más de dos horas y se produce tras un cambio de parecer en la estrategia de la defensa, que el mes pasado se había acogido a su derecho de no declarar.
El abogado de Rayco González, Rachid Mohamed Hammu, en declaraciones a los medios, ha apuntado que la comparecencia de su defendido ha sido “previsible” y que ha consistido en explicar cómo llega el contrato, cómo se ejecuta y qué ocurrió con las mascarillas
“El contrato llega a través de unos intermediarios, personas que le ofrecen la posibilidad de suministrar las mascarillas al Servicio Canario de Salud y son esas personas las que se acercan a Rayco. Él no tiene contacto directo con el SCS si no es a través de unas personas, en este caso Samuel Machín”, ha dicho el letrado defensor.
Sin embargo, y según ha avanzado Canarias 7, la defensa de González ha aportado como prueba su teléfono móvil, en el que al parecer habría mensajes y conversaciones tanto con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, como con la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, también investigada
En sus intervenciones públicas, Conrado Domínguez siempre ha negado haber hablado directamente con González.
Rachid Mohamed Hammu ha apuntado en cualquier caso que pedirán que comparezcan otras personas a la par que ha asegurado que le queda “muchísima documentación por presentar”.
En palabras del abogado, todo lo que se recoge en la querella “es justificable”, por lo que su cliente “está muy tranquilo” tras haber analizado la documentación y la cronología de los hechos.
“No tiene nada de lo que preocuparse”, ha expresado Mohamed Hammu, quien, respecto a la futura declaración de varios miembros de la familia de Rayco González que figuran en la querella, ha dicho que “como es lógico” su cliente está molesto con ello, si bien es algo que “no le intranquiliza”.
“La familia vendrá, declarará, dará su versión y todo se archivará inmediatamente”, ha augurado el letrado, quien, tras la documentación presentada, ha dicho estar a la espera de que el juez haga una nueva calificación de los hechos en la que desaparezcan la acusaciones de blanqueo de capitales y estafa, los dos delitos que se imputan a Rayco González, a quien hace apenas dos semanas el juez instructor dejó en libertad y le impuso la retirada del pasaporte y su comparecencia ante el Juzgado una vez al mes.
Respecto a los coches de lujo que supuestamente compró para blanquear el dinero recibido, el abogado ha dicho que su propio cliente fue “víctima de una estafa” que fue denunciada antes de que tuviese lugar el “escándalo” de las mascarillas y que ese asunto lo investiga tanto el juzgado de Las Palmas como otro en Italia.
De archivarse los delitos que se le imputan a su cliente, el abogado ha dicho que imagina que la investigación del caso Mascarillas “continuará su curso”.
“Lo que propone el fiscal es mucho más amplio que Rayco, él es una mínima parte. Al final se discutirá si Rayco ha podido ser beneficiario de un contrato de manera irregular, pero no un delito de estafa”, ha augurado Rachid Mohamed Hammu.