La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha decretado prisión provisional “comunicada e incondicional” para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, detenido este martes en el marco del denominado caso Mediador, que investiga una presunta trama para el cobro de comisiones a empresarios a cambio de determinados favores.
Espinosa es el único de los doce investigados que ingresará en prisión. El resto de los imputados, entre los que se encuentran Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y su tío Juan Bernardo Fuentes, exdiputado nacional del PSOE, han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración, con la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Tres investigados comparecieron ante la jueza instructora este miércoles, mientras que los otros nueve, entre ellos los Fuentes y el general jubilado, lo hicieron este jueves. Se les imputan cinco delitos: cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
El general Espinosa fue jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas entre 2008 y 2012. En la época de los hechos (2020 y 2021) trabajaba para un proyecto de formación de gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África. La investigación trata de determinar si utilizó sus influencias para mediar y reclamar comisiones a empresarios a cambio de facilitarles su instalación en la Zona Especial de Canarias (ZEC) o si advirtió a ganaderos y productores de quesos con enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban esas mordidas.
Espinosa fue detenido el martes en su domicilio en Madrid. En el interior de la vivienda se encontró una importante cantidad de dinero (alrededor de 58.000 euros, según fuentes cercanas a la investigación) que guardaba en cajas de zapatos. Según fuentes internas del instituto armado, su retribución anual en el cuerpo, antes de retirarse, era superior a los 200.000 euros. Los investigadores tratan de averiguar el origen de su patrimonio.
El general retirado ya fue investigado en 2009 en el denominado caso Unión, una de las tramas de corrupción más importantes de Canarias por número de piezas e implicados, aunque el caso acabó archivado. Se sospechaba que Espinosa avisó a la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz (Coalición Canaria), de que iba a ser detenida.
La segunda rama de la investigación involucra a Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes, miembros de una familia con una notable influencia en el PSOE de Fuerteventura, en una trama para extorsionar a empresarios del sector primario en las Islas, a los que habrían reclamado, aprovechando sus cargos en la administración autonómica (ambos fueron directores generales de Ganadería del gobierno de Canarias) el pago de determinadas cantidades (entre 3.000 y 5.000 euros) a cambio de evitar inspecciones o agilizar o desbloquear expedientes de subvenciones europeas.
Juan Bernardo Fuentes renunció a su acta de diputado el mismo martes. Taishet Fuentes fue destituido de su cargo en verano del año pasado por una “pérdida de confianza” del presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y aspiraba a concurrir como candidato a la Alcaldía de Antigua en las elecciones de mayo. El PSOE suspendió provisionalmente de militancia y abrió expediente disciplinario a los investigados el mismo día en que se conoció la operación.
Entre los investigados hay varios empresarios. Hasta este jueves había trascendido el nombre de los dueños -desde 2016- de Leche Sandra (en Gran Canaria), Esteban Banús e Inmaculada Roca, que además son propietarios de MEC Suministra. Canarias 7 publica que los otros empresarios investigados son Julián de Santa Bárbara Pérez, ganadero miembro de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera; Alberto Montesdeoca, administrador de Biogranja Montesdeoca, Quesería Montesdeoca, Granja Caprina del Sur y Lácteos Montesdeoca (en Tenerife); Miguel Ángel Robayna, responsable de Hispano Robysa, empresa dedicada a la construcción con sede en Puerto de la Cruz; Antonio Bautista, administrador de Cleanergetic Seers Solutions (sociedad de energías renovables radicada en Madrid); José Santiago Estévez, natural de Valencia, dedicado al negocio de los drones y amigo del general Espinosa, y Raúl Gómez, que ejerce en el sector de las renovables también en Madrid.
El otro investigado es Marco Antonio Navarro, que es la persona que aportó a los investigadores pruebas documentales de la presunta trama corrupta. Esa información estaba guardada en sus dos teléfonos y la facilitó en una causa en la que se defendía de una acusación de estafa vertida por Ángel Pérez, ex director general de Deportes del Cabildo de Tenerife. Los investigadores consideran a Navarro como una pieza clave, ya que habría actuado como mediador de los presuntos sobornos. Entre los archivos recabados de sus terminales figuran grabaciones con conversaciones comprometedoras del general Espinosa o un vídeo en el que los dos excargos socialistas aparecen consumiendo cocaína y en compañía de prostitutas, según han informado varios medios.