La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito en el caso de las mascarillas del Servicio Canario de Salud (SCS), que investiga la adjudicación, durante el estado de alarma declarado en 2020 por la pandemia de Covid-19, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros a una empresa dedicada a la compraventa de vehículos, sin experiencia en el ámbito sanitario y sin solvencia acreditada (su capital social ascendía a 3.000 euros), para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a su destino, los hospitales públicos de las Islas.
El fiscal Javier Ródenas, que abrió las diligencias de investigación en abril, se ha querellado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el director del SCS, Conrado Domínguez, y la anterior responsable del área de Recursos Económicos de este organismo público, Ana María Pérez. También contra el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United S.L., la sociedad adjudicataria de ese contrato, por los presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.
En un escrito de 46 páginas, la Fiscalía Anticorrupcíón pone el foco en la actuación de los gestores públicos. En concreto en las señales de alerta que, según fuentes del Ministerio Público, se ignoraron en el proceso de contratación y en los movimientos posteriores para “encubrir” las irregularidades presuntamente cometidas, la “negligente gestión”.
La Consejería de Sanidad justificó la adjudicación a RR7 United en la “imperiosa y urgente necesidad” de obtener material de protección para sus sanitarios en un contexto de escasez en los mercados internacionales y de “lucha encarnizada” con otras regiones y países. Para el fiscal Anticorrupción es injustificable que se realizase ese gasto con una motivación, la de reponer el estocaje de los hospitales públicos canarios “no con cualquier mascarilla, sino únicamente con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”, las de mayor rendimiento y protección, y, sin embargo, se contratara material de inferior categoría, catalogado como FFP2. Máxime cuando días antes de la firma del contrato se habían rechazado las ofertas presentadas por otras empresas para surtir al SCS de mascarillas FFP2 a menor precio y con disponibilidad inmediata, puesto que “ya estaba cubierto el stock” de este tipo de material.
El Servicio Canario de la Salud pagó por las mascarillas que nunca llegaron cuatro euros por unidad. Se trata, remarca Anticorrupción, del precio más alto abonado por la administración autonómica por este material en toda la pandemia. La siguiente partida en importe no alcanzó los tres euros por unidad (2,94), destaca el Ministerio Público.
La querella alude a una resolución de la Secretaría General de Industria del Gobierno de España fechada el 23 de abril de 2020. Es decir, un mes antes de la formalización del contrato con RR7 United (el 25 de mayo). Ante la situación de escasez de equipos de protección individual y de crisis sanitaria en los primeros compases de la pandemia, Industria fijaba en ese documento los supuestos para poder adquirir material que no tuviera el obligatorio marcado CE europeo, pero que estuviera homologado en otros países. La resolución incorporaba una tabla de equivalencias y las mascarillas contratadas, del modelo N95, se identificaban como FFP2.
Anticorrupción explica en su escrito el origen de este contrato y el presunto tráfico de influencias. Fue un amigo de Conrado Domínguez, O.L., quien le puso en contacto con el intermediario de la operación, S.M., quien a su vez era amigo del empresario Rayco Rubén González, el adjudicatario final. Durante 21 días, el director del Servicio Canario de Salud negoció a través de WhatsApp un acuerdo para la adquisición de las mascarillas de máxima protección.
Según sostiene el fiscal, a pesar del “intercambio fluido de mensajes” entre ambos durante ese periodo, el gestor público no le preguntó a su interlocutor en ningún momento de qué país pretendían importar el material sanitario ni cuál era su capacidad real de suministro, qué plazos se marcaba o cómo iba a transportar el material. “Nada de lo anterior le interesó a pesar de ser considerado un experto” en gestión (había sido nombrado coordinador del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria, antes de su regreso a la dirección del SCS). Solo le pidió que le entregara la tarjeta de identificación fiscal de la empresa y la oferta, añade. Tampoco acudió a la línea telefónica directa antifraude que la fabricante de mascarillas 3M había activado tras detectar un aumento de “las actividades de falsificación” de la marca.
“A Rayco (Rubén González) no le hizo falta engañar para conseguir el contrato. Le bastó ser amigo de otro amigo con contacto estrecho con el director del Servicio Canario de Salud, pero sí tuvo que engañar para conseguir el importe total del contrato”, recoge la querella.
Sanidad abonó los cuatro millones de euros en dos plazos sin recibir ni una sola mascarilla. Tras un pago inicial en agosto de 2020, ya superado el estado de alarma, la empresa adjudicataria solicitó en octubre el adelanto de la otra mitad, otros dos millones de euros, aduciendo las dificultades encontradas para obtener el material debido a la “enorme demanda de gobiernos y demás entidades institucionales”. El SCS accedió a sus pretensiones después de que, en un informe, la directora de Programas Asistenciales expusiera que China había prohibido la exportación de mascarillas FFP3 y que, por ello, había tenido que acudir a otros países para su abastecimiento. Y ello a pesar de que, según recoge la querella, las jefas de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos advirtieron de los “riesgos de engaño al ejecutar ese segundo pago” y recomendaron “la resolución del contrato y exigencia de devolución de los fondos librados con carácter anticipado”.
Una modificación para “encubrir una negligencia”
Lo cierto es que lo que llegó al aeropuerto de Gran Canaria diez meses después fue una partida de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que acabaron en una trituradora después de que la Agencia Tributaria Española advirtiera de que eran falsas. El fiscal sostiene que los cargos públicos pudieron haberlo comprobado antes de llegar a ese punto.
El SCS inició el expediente de resolución de contrato el 1 de febrero de 2021 y lo concluyó el 13 de mayo. Los intentos de la Hacienda canaria para recuperar esos cuatro millones de euros a través de embargos (más de una decena) han resultado hasta la fecha infructuosos. Anticorrupción sostiene que el empresario consumó la estafa a la Sanidad canaria con el segundo cobro (tras la petición del anticipo) y que dedicó 1,3 millones a la compra de vehículos de lujo y a satisfacer su “elevado tren de vida”.
Un mes después de que se hubiera resulto el contrato, Domínguez firmó un “cambio de modelo de la adjudicación”, por el que la empresa que no había entregado el material contratado y sí una partida de mascarillas falsas que había tenido que destruir la Agencia Tributaria, se comprometía a entregar otro modelo de mascarillas y en mayor cantidad (1,2 millones de unidades) por el mismo precio. Tampoco llegó nunca. En ese intervalo de tiempo, precisa el fiscal, continuaron las negociaciones a través de Whatsapp.
Para Anticorrupción, este acuerdo privado trasladado a una resolución pública solo pretendía encubrir una “negligente” gestión. Ródenas recuerda que el contrato ya no tenía vigencia, porque se había extinguido un mes antes con la petición de restitución de cantidades incluida, por lo que entiende que el máximo responsable del SCS pervirtió “el fin público” de esa adjudicación, que en aquel momento ya había dejado de ser de emergencia, para convertirla en un acuerdo privado sin sustento legal que lo amparase. Sostiene que lo hizo acuciado por la Audiencia de Cuentas, que ya entonces estaba estudiando ese expediente de contratación y que, en un informe aún provisional, aprecia la existencia de responsabilidad contable por parte de los responsables del organismo público.
La querella pide que se cite a declarar en calidad de investigado a Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Rayco Rubén González, además de a tres funcionarios del SCS como peritos y al intermediario como testigo. También solicita el embargo inmediato de siete vehículos de alta gama (tres Lamborghini, un Bentley, un Mercedes, un Porsche y un Audi) adquiridos por otras sociedades del administrador de RR7 United, al considerar que tienen origen directo en esta operación presuntamente fraudulenta.