Unas 400 personas se han manifestado este sábado en Playa del Inglés contra la decisión del Gobierno de Canarias de imponer sanciones a los propietarios de apartamentos calificados como turísticos que los utilizan como primera o segunda residencia, así como para vivienda vacacional o alquiler de corta o larga temporada.
Tras la protesta, los propietarios y miembros de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística han celebrado una reunión para analizar las consecuencias de las sanciones, iniciadas en esta legislatura.
Hasta el momento han sido seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros contra dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda vivienda.
Se trata de las seis primeras sanciones de un conflicto legal derivado de la Ley Turística de 2013 y que pone en jaque a quienes no puedan demostrar que utilizan su apartamento como primera vivienda o segunda residencia desde antes de 2017.
“La legislación favorece a los explotadores turísticos y deja sin opciones a los propietarios”, ha señalado uno de los afectados en declaraciones a Radio Televisión Canaria.
La vicepresidenta de la Plataforma, Maribe Doreste, ha apuntado que la manifestación y posterior reunión ha “sobrepasado las expectativas” y ha calificado la asistencia como “masiva”.
A juicio de esta afectada, lo que está ocurriendo es una “vulneración constitucional y de la jurisprudcencia del Tribunal Supremo respecto al derecho a la propiedad y a la libre residencia”.
Asimismo, ha acusado al empresariado detrás de la explotación turística de este tipo de apartamentos de “presionar a la clase política” para no cambiar la ley y solucionar la situación en la que están inmersos.
De este modo, la Plataforma ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que una nueva ley contemple esta realidad y se adapte mejor a la situación que atraviesan.
“La actual regulación propicia la conflictividad en las comunidades de propietarios porque favorece la entrada en los complejos de empresas oportunistas y rentistas sin capital”, ha dicho Doreste, que ha acusado a estas compañías de “buscar el rentismo” y de imponer limitaciones a propietarios que no quieren contratar con ellos.
También ha lamentado que, “pese a la simpatía de algunos responsables políticos”, la realidad esté siendo que las administraciones “persisten en el hostigamiento a los propietarios que no ceden o que quieren usar lo que les pertenece para uso propio”.
“Estamos mostrando fuerza y unión no como derrotados, sino para demostrar que estamos aquí, tenemos fuerza y que vamos a llegar a Estrasburgo si hace falta para defender el derecho a lo que es nuestro”, ha expresado Doreste.
Así, los propietarios han considerado una “sorpresa bastante fuerte” que el Gobierno “haya abierto la veda” de las sanciones, mientras que Doreste ha puesto de relieve la incomprensión de que los empresarios pidan más camas cuando “lo más que llenan es el 80% de las mismas”.
“Hemos estado en récord turístico y lo más que llenan aquí es el 80% de la ocupación. Por qué quieren nuestra casa si no llegan al 100%”, se ha preguntado Maribe Doreste.
Sin embargo, los empresarios que explotan este tipo de establecimientos han pedido que se cumpla la ley de 2013, “especialmente los inquilinos”.
“Lo que defendemos es que cumplan la ley las personas que han venido desde 2017, sobre todo los que han llegado últimamente, que piensan que pueden hacer lo que les da la gana”, ha manifestado a Televisión Canaria uno de los empresarios involucrados en el conflicto, que ha opinado que el uso residencial de los apartamentos y el alquiler vacacional “tiene que ver con que se hayan perdido 68.000 camas turísticas en todo el archipiélago”.