ACpT ha exigido ial Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que asuma “inmediatamente” la gestión de los Servicios Sociales de Torrelavega ante la situación “tan grave” en la que se encuentran, ya que desde el Ayuntamiento “no se es capaz de garantizarlos”.
Así lo ha manifestado este martes el portavoz de la formación, Iván Martínez, en una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié en que dos tercios de la población de Torrelavega se encuentran “desasistidos socialmente” por la “absoluta incapacidad de gestionar, controlar y resolver esta situación” de los responsables políticos de Torrelavega.
Así, ha denunciado la paralización de los servicios sociales porque, según ha indicado, desde este lunes, de las tres sedes de la ciudad, una está completamente cerrada (la de Baldomero Iglesias), y las otras dos están funcionando “al 50 por ciento” (las del Barrio Covadonga y La Inmobiliaria) debido a la baja laboral de cuatro de las seis trabajadoras sociales.
De esta manera, según Martínez, solo se está atendiendo a los vecinos del Barrio Covadonga, Torres, Ganzo, Duález, la Inmobiliaria y Barreda; mientras que los de “toda la zona centro” (Zapatón, Nueva Ciudad, Tanos, Sierrapando, Viérnoles, La Montaña y Campuzano) se encuentran “sin la posibilidad de ser asistidos”.
Por ello, ha propuesto que el ICASS asuma esta prestación en la ciudad, dado que el Gobierno de Cantabria “tiene que garantizar unos servicios sociales en igualdad de condiciones a toda la población”.
Además, ha señalado como “responsable directa” de la situación a la concejala de Bienestar Social, Patricia Portilla, que en los cuatro años que lleva al frente del departamento “lo único que ha sabido hacer ha sido escurrir el bulto, capear las responsabilidades, y esperar a que el problema se resolviese solo”. “Si alguna vez tuvo un mínimo de decencia política debe de presentar la dimisión de inmediato”, ha sentenciado.
A continuación, el portavoz de ACpT ha responsabilizado en segundo lugar al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que “siendo conocedor de primera mano” de la situación ha preferido “mirar hacia otro lado” y “cerrar filas” con su concejala “en vez de tomar cartas en el asunto”.
“Negar la responsabilidad de sus concejales es algo habitual en él”, ha lamentado Martínez, tras manifestar que Cruz Viadero dirá “que esto responde a la proximidad de las elecciones”, que es “el mantra que repite a diario para justificar sus negligencias”.
Por último, ha responsabilizado al PRC, que al igual que el alcalde “han sido conocedores de todo lo que está ocurriendo”, ha dicho, y “han preferido pasar del tema para no tener problemas con su socio de Gobierno”, garantizando el pacto para poder seguir “caciqueando libremente”.
Para ACpT, es “muy duro” tener que pedir que el Gobierno de Cantabria asuma competencias municipales, pero “más duro es ver a diario” la situación que están viviendo los vecinos y “no hacer nada al respecto”.
Por ello, su portavoz ha considerado que, “como máxima responsable de garantizar los Servicios Sociales a todos los cántabros”, Eva Díaz Tezanos “tiene que actuar ya y no puede mantenerse al margen”. “Estamos ante un hecho muy grave”, ha sentenciado.
“Guerra” entre políticos y trabajadoras
Martínez también ha lamentado que éste es “solo un nuevo capítulo” que “viene a agravar la ya de por sí deteriorada situación” de los Servicios Sociales, que en estos momentos se encuentran “colapsados” como consecuencia de la “guerra” entre los responsables políticos y las trabajadoras.
Según ha indicado, esta situación “se viene sufriendo” desde 2003 y se ha hecho “palpable” con la gestión y tramitación del fondo extraordinario de suministros básicos de 2018.
En este sentido, ha insistido en que en los dos últimos meses tan solo se ha resuelto una decena de las más de 800 solicitudes del fondo, además de que otras ayudas como la Teleasistencia, las ayudas a domicilio, al alquiler o para la compra del material escolar están “también ralentizadas, por no decir prácticamente paralizadas”.
“Esta parálisis al final la están pagando nuestros padres, nuestras madres, hijos e hijas, resto de familiares o vecinas”, que “están viendo o sufriendo desahucios” por no poder hacer frente a los recibos “mientras esperan a que se tramite el fondo extraordinario”, ha concluido.