Los vecinos de El Pilón exigen al Ayuntamiento que evite “un atropello”

A falta de un mes para que finalice el plazo extraordinario concedido a los vecinos de El Pilón afectados por una inminente expropiación de sus viviendas y negocios y sin soluciones a la vista por la falta de voluntad de la empresa constructora que tiene la última palabra sobre los terrenos, la plataforma en la que se han agrupado muchos de los propietarios ha dado un nuevo paso ante el Ayuntamiento de Santander para intentar detener lo que consideran “un atropello”.

Según han hecho público a través de un comunicado, los vecinos han presentado en el Consistorio sendos recursos de reposición en los que reclaman a la Junta de Gobierno local la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para garantizar el derecho al realojo en el mismo barrio de los vecinos afectados por el desarrollo urbanístico previsto.

Se trata de un recurso presentado contra la suspensión temporal que finaliza en el mes de diciembre del procedimiento de aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación aprobada el pasado 21 de septiembre por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.

En su escrito, los vecinos reclaman que se sustituya una suspensión temporal que “no resuelve en absoluto los problemas originados” y solicitan que se modifique el sistema de actuación para ese área, pasando de compensación a cooperación, además de que se suspenda cualquier actuación o tramitación sobre El Pilón.

También insisten en que la suspensión temporal de la tramitación que se aprobó “no tiene en absoluto nada que ver con la búsqueda de soluciones negociadas con la promotora” y solo busca “evitar que las protestas vecinales puedan afectar negativamente al Partido Popular, en el que militan el alcalde y el resto del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, durante el periodo electoral hasta el próximo 20 de diciembre”.

Vulneración de sus derechos

En el recurso, se mantiene que la ordenación urbanística prevista vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como son el de una vivienda digna, el de no privación de la propiedad, salvo causa de utilidad pública que lo justifique, y el de no discriminación.

Para los vecinos, lo que ocurre en su caso es un “pelotazo urbanístico auspiciado desde el propio Ayuntamiento y a costa de vulnerar derechos fundamentales de los actuales vecinos del barrio” y sin que exista causa de utilidad pública que lo justifique.

Se señala en el recurso que “la única causa” es el “beneficio” de “viabilidad económica” de la operación para determinados promotores. Además, los vecinos que han suscrito el recurso consideran que el Ayuntamiento está “más inclinado a dialogar con la empresa promotora que con los vecinos afectados” y consideran que “no tienen ninguna intención” de atender a las peticiones de la plataforma.