José Luis Gochicoa (PRC): “Hace falta personal cualificado en la construcción y es una oportunidad de futuro”

José Luis Gochicoa (Vitoria,1970) ejerce como consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria desde finales de la pasada legislatura, cuando tomó el relevo del hoy diputado José María Mazón al frente de un departamento “vital” para el PRC. En este tiempo ha tenido que hacer frente a 'patatas calientes' como la aprobación de la Ley del Suelo o la regulación de los futuros parques eólicos que se quieren instalar en la comunidad autónoma, y que han encontrado una gran contestación social en algunos territorios. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Derecho y funcionario en excedencia no suele levantar la voz en público y tiene un tono pausado, más de especialista que de político, aunque no rehúye las preguntas sobre los asuntos más espinosos de su gestión.

Ahora, en esta recta final hasta las elecciones del próximo mes de mayo, cuenta con un presupuesto inversor recién aprobado y el refuerzo de los fondos europeos, que inciden en áreas como la regeneración urbana, la rehabilitación o la movilidad sostenible. El dirigente regionalista destaca en este sentido la recuperación de la construcción y da por enterrada la crisis del ladrillo que tantos efectos perversos tuvo sobre la sociedad española en la última década: “No estamos hablando de los excesos de otras épocas: eso no debería haber ocurrido y no creo que vuelva a pasar”, asegura, al tiempo que advierte de la dificultad de encontrar profesionales en el sector: “Hace falta personal cualificado en la construcción y es una oportunidad de futuro”, opina.

Cuando se asume una responsabilidad política, supongo que uno hace previsiones y establece una hoja de ruta con todo aquello que puede ocurrir a lo largo de cuatro años, pero esta legislatura ha superado todas las expectativas en cuanto a sucesos imprevisibles. ¿Cómo se sobrepone a esto?

Desde luego, con mucho trabajo. La pandemia en el año 2020 fue terrible y afectó muchísimo. Tuvimos muchísimas noches sin dormir, pendientes del Boletín Oficial del Estado, para ver cómo afectaban a Cantabria todas las normativas que debíamos aplicar. Hubo que hablar mucho con los todos los sectores implicados, porque había muchas circunstancias que cambiaban y debíamos adaptarnos rápido.

Ahora estamos viendo cómo la crisis energética y de materiales está tocando directamente los bolsillos de los ciudadanos, pero... ¿puede poner en riesgo también grandes proyectos de las administraciones?

Nos hemos tenido que preocupar para que las obras puedan salir adelante y que, de alguna forma, ni el sector productivo de Cantabria se viera perjudicado y quebrara, ni tampoco hubiera problemas como que las licitaciones de obras se quedaran desiertas y fondos europeos se pudieran perder por culpa de esto. Hemos tenido que insistir muchísimo al Estado para las revisiones extraordinarias de precios, que veíamos que era la solución más conveniente. Se establecen unos precios oficiales de unos determinados materiales, que es algo objetivo que marca lo que ha pasado en los últimos meses, y a partir de ahí lo que intentamos es que los contratos permitan revisar los precios de los materiales con esos importes que se publican de manera oficial. Hoy en día la normativa actual ya refleja todas estas cosas. Además, hemos intentado ayudar a los ayuntamientos, para que pudieran ejecutar las obras comprometidas con las subvenciones de esta Consejería y no se vieran afectados. Hemos sido flexibles en cuanto a plazos, dando prórrogas, revisando el precio de materiales, incluso incrementando la cantidad que íbamos a aportar en esos proyectos en torno a un 10% para que pudieran ser una realidad. Lo que veo ahora es que las obras están en marcha, que la actividad no se ha parado, que ahora mismo el mayor problema es casi el de encontrar personal y maquinaria para desarrollar esas obras como corresponde, así que estoy satisfecho.

¿Y cómo están afectando estos sobrecostes a las obras públicas promovidas directamente por el Gobierno de Cantabria?

No hay grandes problemas, más allá de algunos contratos concretos. Sobre todo, en lo que tiene que ver con las tuberías de agua, que el mayor coste es el propio material y está especialmente afectado. Lo hemos podido solucionar y no tenemos ninguna obra parada por este motivo. Incluso, en las obras del Estado en Cantabria, que estábamos muy preocupados, se están ejecutando con total normalidad. La situación se ha normalizado bastante.

Respecto a la necesidad de personal que mencionaba, y que debería ser una buena noticia por lo que implica de generación de puestos de trabajo, ¿cómo se puede solucionar?

El mensaje que debemos transmitir es que la construcción, que ha sido muy mal vista después de lo que ocurrió en 2007 y 2008 como consecuencia de la crisis del ladrillo, en estos momentos tiene continuidad. No es un auge solamente relacionado con la llegada de los fondos europeos, sino que es una tendencia en los últimos años, hay una base de trabajo con salarios dignos y con posibilidades para que la gente joven pueda incorporarse al sector. Hay cursos de formación, incluso con carácter gratuito, o a través de la Formación Profesional, que permiten acceder a un puesto de trabajo casi de forma inmediata. También hay espacio para gente que abandonó el sector hace unos años y quiere retomarlo. No hay apenas paro y existe demanda en áreas más específicas como la instalación de placas fotovoltaicas, energías renovables, etc. También en las tareas más tradicionales, como la carpintería, la albañilería, el encofrado... Hace falta personal cualificado en la construcción y es una oportunidad de futuro. Son cuestiones que simplemente por mantenimiento, conservación y labores ordinarias del día a día van a generar trabajo estable. No estamos hablando de los excesos de otras épocas: eso no debería haber ocurrido y no creo que vuelva a pasar. Todos los presupuestos públicos relacionados con las obras públicas han ido creciendo de manera paulatina en los últimos ochos años y a eso se suma ahora los fondos europeos.

La sede de la Consejería de Obras Públicas, desde donde hacemos la entrevista, se encuentra situada en un lugar estratégico de Santander y es casi inevitable preguntarle por el Cabildo de Arriba, cuyo deterioro y abandono se comprueba a simple vista. Después de tantos años, ¿no cree que las administraciones públicas han abandonado a los vecinos de este barrio?

Reconozco que echo en falta una mayor capacidad de gestión por parte de las administraciones públicas con capacidad de solucionarlo, fundamente, el Ayuntamiento de Santander, que es el competente. Es cierto que cuando existen intereses privados las normativas son muy estrictas y no es fácil llegar a consensos para abordar este tipo de proyectos, pero también es cierto que ahora mismo, con las ayudas europeas, con las facilidades que presta la nueva Ley del Suelo para hacer programas de rehabilitación y regeneración, que da herramientas a los municipios para planificar este tipo de actuaciones, creo que deberían ponerse manos a la obra. Sé que han vuelto a producirse reuniones, pero es necesario proponer soluciones, implicarse y gestionar. No puede dejarse todo a la iniciativa privada. Estamos a disposición de apoyar en todo lo que sea posible. Sería una oportunidad perdida si no se toma ahora el toro por los cuernos y se hace una gestión decidida sobre este barrio.

También desde su despacho observa cada día la playa de vías y la Plaza de las Estaciones de Santander, pendiente de un acuerdo político que desatasque la situación. Hace tres años, en otra entrevista, me dijo: "Santander perderá una oportunidad histórica si no aprovecha este momento para hacer la reordenación ferroviaria". ¿Se ha perdido ya esta ocasión?

Estamos a tiempo... pero en el límite. Afortunadamente, ha habido un acuerdo plenario de casi todos los grupos que ha desatascado la situación y, de alguna forma, ha permitido que el Ministerio se lo pueda tomar de nuevo en serio y pueda incluso intentar licitar las obras el próximo año. Pero todo ello, con la espada de Damocles del pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos, en el que uno de los socios no parece dispuesto a aceptar ese tipo de intervenciones y desde donde surge siempre la incertidumbre. Si dejamos pasar este año 2023 sin que las obras comiencen a ejecutarse, se podría perder una oportunidad de oro en la ciudad de Santander.

Lo que parece que sigue adelante sin posibilidad de retorno es el soterramiento de vías en Torrelavega, con asignación presupuestaria de las administraciones implicadas. ¿Qué balance hace de este proyecto?

Está avanzado, porque tiene un convenio firmado, y el proyecto definitivo de construcción del desvío provisional de las vías, que es la primera de las actuaciones necesarias, va a estar rápido, en este mismo mes de enero. Se comenzará con la licitación en 2023. Creemos que el tema está desbloqueado, con la declaración de impacto ambiental favorable de todo el proyecto, y se está trabajando en el aparcamiento subterráneo. No tenemos ninguna duda sobre su ejecución. Es una obra que durará tres o cuatro años, pero va a ponerse en marcha en 2023 y vemos un futuro para que la próxima legislatura pueda estar terminada, lo que será un avance fundamental para Torrelavega. Mucha gente ha dudado sobre la posibilidad real de soterrar, en una situación complicada, porque tenemos el cauce del río Besaya muy próximo a las vías férreas. Se han tenido que hacer estudios importantes, pero todos los trabajos que se han hecho están terminados. Este proyecto estaba mucho más atrasado que el de Santander, pero se ha conseguido hacer en un plazo relativamente breve, y ha sido fundamental que hemos ido todos a una: el Gobierno central, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega hemos estado perfectamente sincronizados y de acuerdo en la solución.

¿Y respecto a la intervención de las vías en Camargo?

Ahí no tenemos firmado el proyecto correspondiente, que creo que se podrá firmar en 2023, pero hay dinero por parte del Estado en sus presupuestos, y nosotros también tenemos una partida para poder firmar ese acuerdo. Es una obra más sencilla. El Ayuntamiento ha estado esperando para forzar los mayores compromisos financieros del Estado, que no se refirieran solamente al ámbito ferroviario, sino en su conjunto, también a la urbanización que hay que realizar en el entorno. Nosotros apoyamos que no sea un proyecto que se quede en un cajón o una losa, sino que vaya más allá y regenere el núcleo urbano de Camargo. Estamos pendientes de los trámites administrativos, pero esa negociación ya ha terminado y ha llegado a buen término.

Estamos a seis meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales y es el momento de valorar las inversiones del Estado en Cantabria. ¿El Gobierno de España está cumpliendo sus compromisos en la comunidad autónoma en lo que se refiere a las grandes infraestructuras?

La verdad es que el balance es satisfactorio. Tenemos obras en marcha que son fundamentales para nosotros. La duplicación de vías entre Santander y Torrelavega, que afecta a las Cercanías y al ferrocarril en Cantabria en un ámbito tan importante está ya en obra. Muchos de los retrasos que existen se producen precisamente por el cruce de trenes. Por ahí pasa todo el tráfico portuario, todo el tráfico de larga distancia que va a Madrid, además de todas las Cercanías. Todo ello originaba cuellos de botella importantes y oportunidades que no se podían dejar pasar. Estas actuaciones están en marcha y creemos que es la mejor inversión en materia ferroviaria en Cantabria en los próximos años, incluidas en los presupuestos con más de 100 millones de euros. No solamente hay que preocuparse del AVE, sino también de todas esas otras personas que utilizan cada día el ferrocarril, ya que miles de ciudadanos se van a ver beneficiados. Además, en materia de carreteras acabamos de inaugurar el nudo del Puerto de Santander, y está en obras el nudo de carreteras de Sierrapando, aunque vaya con un poco de retraso. Y luego está el compromiso de que este mismo año pase por el Consejo de Ministros la autorización para ejecutar el tercer carril desde Polanco hacia Bezana, que va a permitir que una autovía como la que va de Santander a Torrelavega, que se encuentra congestionada prácticamente todos los días, tenga una solución. Que ese tercer carril pueda licitarse este mismo año o a principios de 2023 es fundamental para dar una solución a 50.000 personas que todos los días cogen esa autovía y que con mucha frecuencia sufren atascos, accidentes y problemas que se verán muy mejorados con esa obra.

Entendemos que en estos momentos el mapa de exclusión eólica no beneficiaba y podía generar aún más litigiosidad, que es lo último que queremos

Esta primavera presentaron desde su departamento el mapa de exclusión eólica, que establece que aproximadamente el 6% del territorio cántabro es susceptible de aceptar la instalación de parques. ¿Por qué no se ha aprobado definitivamente en el Consejo de Gobierno? ¿En qué situación se encuentra la legislación que debe regular esta instalación de parques eólicos?

Nuestro objetivo con el mapa de exclusión eólica era doble: por una parte, que las empresas instaladoras no empezaran a asustar a la población con un montón de proyectos y supieran qué zonas son susceptibles de poder albergar estos parques y qué zonas, por sus condicionantes ambientales y sociales, no eran propicias para ello, y por otra parte, aportar seguridad jurídica. La primera, la tenemos. Todas las empresas lo han considerado como un punto de partida. Pero respecto a la seguridad jurídica, hablando con el Estado, lo que nos trasladaron era que para sus declaraciones de impacto ambiental lo importante no era tanto lo que aprobáramos, sino los informes de base que presentáramos para poder efectuar ellos sus evaluaciones correspondientes. Como lo tenemos todo perfectamente identificado, y en cualquier punto del territorio sabemos por qué es adecuado o no, hemos avanzado esos informes, con los criterios ecológicos, ambientales y sociales que deben de tenerse en cuenta para que el proyecto sea aceptable por parte de la comunidad autónoma. Ese trabajo es el que otorga una mayor seguridad jurídica. Probablemente lo otro, el mapa de exclusión eólica, sin un Plan Regional de Ordenación del Territorio aprobado de forma definitiva, hubiera dado lugar a recursos. Entendemos que la seguridad jurídica se consigue mejor así, como estamos procediendo. Además, no tenemos prisa, porque no hay ningún parque eólico que esté avanzado, más allá del parque de El Escudo, que no tiene problemas de ese tipo. Hemos hecho caso al Estado y estamos informando de las causas concretas y los motivos de fondo de por qué un determinado parque eólico no puede instalarse en una zona concreta para que el Ministerio lo tenga en cuenta en sus declaraciones de impacto ambiental. Entendemos que en estos momentos el mapa de exclusión eólica no beneficiaba y podía generar aún más litigiosidad, que es lo último que queremos.

Insiste en que, más allá de la burbuja inicial, parece que se va clarificando la situación respecto a los parques eólicos en Cantabria. ¿Cuál cree que será finalmente el desarrollo eólico que veremos en los próximos años en Cantabria?

Hay un Plan Energético que fija en 700 megavatios la propuesta de energía eólica en Cantabria, que es la cifra en la que nosotros nos movimos al diseñar esos mapas de exclusión, y creemos que es viable y que es posible. La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que en fechas muy próximas va a dar respuesta a esas declaraciones de impacto ambiental, favorables o desfavorables, para los proyectos que están pendientes, y creemos que es posible que el próximo año se empiecen a desarrollar parques eólicos en Cantabria. No creo que en un año se vayan a conseguir los 700 megavatios, pero debe ser el objetivo, que no cubre la necesidad de energía renovable en Cantabria, pero que ayudarán a contribuir a ser más autosuficientes. Porque todo el mundo habla de desarrollos industriales, pero eso necesita energía y agua. Por eso es importante que en el Besaya o en Campoo, zonas industriales de Cantabria, exista energía renovable, porque significará una mayor garantía de éxito para las empresas que necesitan energía, que la podrán obtener sin pasar por nodos intermedios que en algunos lugares pueden estar colapsados.

En los últimos días se han producido decisiones judiciales que complican la hoja de ruta que Gobierno y ayuntamientos habían establecido para ir poniendo fin a los problemas de las viviendas con sentencia firme de derribo que todavía existen en Cantabria. ¿Cuál es su previsión ahora?

En Arnuero y en Escalante existe una cierta garantía para todos los ciudadanos afectados, o bien porque han aceptado el dinero de la indemnización o porque estamos construyendo otra vivienda. En Argoños es cierto que esta sentencia añade incertidumbre, que es justo lo que nosotros no queríamos. Si esa sentencia la hubiéramos conocido antes, quizás hubiésemos cambiado el Plan General para adaptarnos, pero ahora la hoja de ruta es clara. No podemos decir a la gente de Argoños que volvemos a hacer el Plan General, y que van a pasar otros cinco u ocho años. No nos queda otra que seguir con el procedimiento que teníamos establecido. El Plan General actual no ha sido recurrido todavía y está vigente. Llegados a este punto, solo podemos trasladar los planes que teníamos a la justicia y esperar a que sean los jueces si eso es admisible. En función de lo que nos digan será cuando tengamos que actuar. No podemos volver a empezar un nuevo Plan General. No podemos hacer eso a los vecinos y a los afectados por los derribos. Como existe la posibilidad legal de seguir con nuestra hoja de ruta, porque el Plan General no está recurrido, seguiremos adelante. Incertidumbre es cierto que hay. No quiero dar falsas esperanzas a la población. Dependemos de lo que determinen los jueces.

¿Y respecto al varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a la CROTU, que da la razón a los colectivos conservacionistas respecto a la instalación de un parque acuático en la zona de Sierrallana? ¿El Gobierno puede intervenir o habrá que replantear el proyecto?

La situación es totalmente diferente. Hablamos de un proyecto que ni siquiera se ha ejecutado ni está en tramitación. Eran los inicios de un proyecto. Entendemos perfectamente la sentencia, la respetamos y, por supuesto, la aceptamos. Todo deriva de que en el Plan General actual ese suelo está destinado a un equipamiento deportivo y la justicia ha interpretado que el proyecto tiene más un uso turístico y lúdico que deportivo por lo que no es viable. Hay dos posibilidades: como se está haciendo una revisión del Plan General, que se contemple ese uso de suelo, o la segunda, que sería clarificar el proyecto para no dotarlo de esa carga turística y que sea más deportivo. Está en manos del Ayuntamiento de Torrelavega, que será quien deba tomar esa decisión.

El cambio climático está ahí y tenemos que prepararnos, buscando agua para verano y poniendo medios para que el agua no se desborde cuando llega torrencialmente

Esta semana se ha aprobado definitivamente el Presupuesto de Cantabria para 2023, que en lo que respecta a su Consejería, contempla destinar a inversiones casi 110 millones. ¿Qué destacaría como la máxima prioridad para este próximo ejercicio?

Destacaría el desarrollo de la movilidad sostenible, con la construcción de carriles bici, paseos ciclables y demás, donde ya estamos actuando en lugares como entre Santander y Bezana, y a continuación entre Bezana y Mompía, con el proyecto a punto de licitarse. También en la cuenca del Besaya, donde tenemos también una obra que está en tramitación entre Solvay y Barreda, con una conexión con el carril bici entre Suances y Los Corrales, además de completar el anillo circular de Torrelavega. Además, estamos trabajando en temas relacionados con el agua, intentando acabar con las pérdidas que se producen en las redes de abastecimiento, con un esfuerzo fundamental este año en la zona oriental de Cantabria. Y como novedad, queremos investigar y analizar el futuro del agua en Cantabria en cuanto a la posibilidad de obtener recursos subterráneos de esa gran masa de agua que existe entre Santander y San Vicente de la Barquera. Vamos a licitar en fechas muy próximas los sondeos de investigación, porque es fundamental que empecemos a conocer nuestro subsuelo: si podemos utilizar ese agua, si tiene metales pesados, si es posible conseguirlo a un coste razonable y, sobre todo, conocer la capacidad de recarga anual que tiene para saber si podemos utilizarlo sin ponerlo en riesgo en el futuro. Tenemos un presupuesto de 800.000 euros para esto, que para unos sondeos puede parecer mucho, pero dada la importancia que tiene el agua, es fundamental. Y también relacionado con el agua, debemos luchar contra las inundaciones, para lo que también contamos con fondos europeos, con proyectos muy importantes en Reinosa y Ampuero, y con trabajos en Los Corrales de Buelna, en el Pas, en Piélagos... Estamos analizando, ejecutando y diseñando diferentes proyectos muy necesarios para la ciudadanía. El cambio climático está ahí y tenemos que prepararnos, buscando agua para verano y poniendo medios para que el agua no se desborde cuando llega torrencialmente.