Hace veinte años que Cantabria asumió sus competencias en materia educativa. El resto de comunidades autónomas que entonces formaban parte aún del territorio MEC no lo hicieron hasta un año después. Desde mediados de los ochenta, el STEC había iniciado diversas campañas de sensibilización, demandando para Cantabria la gestión de su sistema educativo. Argumentábamos razones ideológicas como el reforzamiento del autogobierno, y razones prácticas que tenían que ver con las ventajas que suponía aproximar la administración a nuestro territorio y sociedad. Vislumbramos entonces también las enormes posibilidades que se abrían ante la perspectiva de poder combinar negociación y presión frente a una administración que dependía solo de los votos de la ciudadanía de Cantabria. Veinte años después podemos decir que no nos equivocamos.
Administrar desde la calle Vargas lo que antes se tejía desde los lejanos despachos de la madrileña calle Alcalá supuso un reto de primer orden para el Gobierno autonómico; pero también para las fuerzas sindicales representativas del profesorado, que de repente quedaron huérfanas de dirección central. No fue el caso del STEC, única organización confederal, acostumbrada a tomar decisiones de forma soberana, y que después de las elecciones sindicales de 1998 (celebradas un mes antes de las competencias) se convirtió en la organización mayoritaria entre el profesorado.
El balance, veinte años después y a pesar de haber contado en algunos momentos con consejeros nefastos, es positivo. En el ejercicio de nuestro autogobierno se amplió la red pública de centros, con la construcción de un elevado número de colegios e institutos, además de la ampliación de las escuelas oficiales de idiomas, de los centros de adultos, de la creación de dos conservatorios de música y de una escuela de arte. Se pusieron en marcha las aulas de Infantil para niños y niñas de dos años, con un modelo educativo único en todo el Estado, que combina la presencia de una maestra y una técnico superior. Si a esto unimos el reforzamiento de la atención a la diversidad o el crecimiento de la oferta de la FP específica, entenderemos que las plantillas docentes, por todo ello y por otras razones ligadas a la calidad, pasaron de 4.500 enseñantes en 1999 a los más de 7.500 que tenemos hoy.
La asunción de competencias nos permite iniciar un camino por el que tenemos que seguir transitando, y que tiene que ver con la reafirmación de nuestra identidad histórica, cultural y social. Según señala el Observatorio de Patrimonio de la Universidad de Cantabria, debemos seguir mejorando la oferta educativa, contenidos curriculares, materiales escolares, formación del profesorado y sensibilización del alumnado en lo que respecta a nuestro patrimonio colectivo, porque cuando algo no se conoce, no hay sensibilidad y no se valora ni protege.
También a partir de las competencias educativas hemos podido poner en marcha todo tipo de planes y proyectos, desde un calendario pedagógico desvinculado de las festividades religiosas, hasta el mencionado modelo de aulas de Infantil. Permitió adaptar mejor a nuestras particularidades toda una serie de servicios como comedores o transporte escolar. Posibilitó, en fin, aplicar el principio de que la calidad del sistema educativo se encuentra indisolublemente unida a un profesorado bien tratado laboralmente. Fruto de ello han resultado una serie de mejoras en las condiciones de trabajo del colectivo docente que habrían sido impensables permaneciendo en la órbita ministerial.
Sería muy subjetivo especular con qué habría ocurrido si hubiésemos seguido dependiendo del Ministerio. Es más objetivo, por ejemplo, analizar pruebas internacionales de evaluación del sistema (con todas las precauciones con que hay que tomarlas) para ver que Cantabria, a nivel estatal, se ha posicionado en el grupo de cabeza, y que lo ha hecho con un crecimiento constante del alumnado matriculado en la red pública, que en este periodo ha aumentado su diferencial con respecto a la privada en casi diez puntos porcentuales.
El sistema educativo cántabro afronta en la actualidad muchos otros retos: revertir definitivamente los recortes que todavía arrastramos, revalorizar la figura del docente con una nueva dignificación salarial, aprovechar el descenso demográfico para bajar las ratios máximas, reducir las elevadas tasas de interinidad, acabar con las externalizaciones de servicios educativos (PROA, ayudantes lingüísticos, etc.), hacer frente al vaciamiento de nuestros pueblos potenciando la escuela rural, etc. En definitiva, hay que dar un nuevo impulso a la educación, un impulso pegado al terreno y que sea capaz de ilusionar a la comunidad educativa en general, y al profesorado muy en particular. Y esto, a la vista de la experiencia de dos décadas, solo puede hacerse desde una administración próxima y que actúe con la mayor autonomía posible.
Señalamos esto en un contexto en el que determinados poderes mediáticos y la ultraderecha política están desinformando al respecto. Que aprovechando determinados conflictos y en medio de un ciclo electoral interminable se pretenda recentralizar la administración educativa demuestra muchas cosas, pero mencionaremos solo dos. La primera es que la educación se ha convertido en un arma arrojadiza en manos de políticos irresponsables. Y la segunda, que quien apuesta de forma simplista por afrontar los complejos retos que tiene el sistema educativo en la sociedad del siglo XXI gestionándolo de manera centralizada y uniforme desde un departamento ministerial, o es un malvado o no sabe nada de educación.
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