Salvo sorpresa de última hora el Parlamento de Cantabria aprobará el lunes 25 la proposición de Ley del PP, apoyada y enmendada por Podemos y C's, que garantiza el derecho al realojo a las personas afectadas por actuaciones urbanísticas que impliquen la demolición de sus viviendas. Es un avance muy importante en el respeto a un derecho constitucional como es el de una vivienda digna, por mucho que esta propuesta le parezca “oportunista” a los partidos que gobiernan la región PSOE-PRC. Pero el objetivo fundamental de los vecinos no es el realojo sino poder seguir viviendo en sus actuales hogares debidamente rehabilitados.
El Plan General de Santander contradice abiertamente el contenido de declaraciones y convenios internacionales sobre urbanismo y patrimonio. A modo de ejemplo, y por razones de espacio, me limitaré a reproducir algunos párrafos de la Declaración de Amsterdam de 1975 acordada por el Consejo de Europa para la protección del patrimonio arquitectónico y el desarrollo sostenible:
“La conservación arquitectónica debe ser considerada como un objetivo primordial del planeamiento urbano y rural”.
“La conservación del patrimonio arquitectónico debiera convertirse en parte integrante del planeamiento urbano y regional”.
“La rehabilitación de viejas áreas debiera estar concebida y guiada de manera tal que asegure, no exigir mayor cambio en la composición social de los residentes”.
“En el moderno planeamiento urbano se realiza un intento de recuperar la dimensión humana, los espacios circundantes, la interacción de funciones y la diversidad social y cultural que caracterizó la trama social de las viejas ciudades. Pero también se toma conciencia de que la conservación de edificios antiguos ayuda a economizar recursos y a combatir el despilfarro, una de las mayores preocupaciones de la sociedad contemporánea”.
“El éxito de cualquier política de conservación integrada depende de tomar en consideración los factores sociales”.
“Es importante, y un factor decisivo, diseñar una legislación que sujete a los nuevos edificios a ciertas restricciones en consideración a su volumen y dimensiones (altura, coeficiente de utilización del suelo) que contribuyan a su armonía con el entorno”.
“Las regulaciones del planeamiento debieran desalentar la creciente densidad y promover la rehabilitación en lugar del renovado desarrollo”.
Nada de esto se contempla en un Plan cuyas 90 Áreas Específicas suponen la destrucción de tramas urbanas tradicionales en las que muchas familias han desarrollado su vida durante generaciones, favoreciendo la especulación con densidades de 140 viviendas por hectárea en El Pilón. El Plan contradice abiertamente las declaraciones del alcalde: “De la Serna firma la Declaración de Quito, en la que se basará la nueva 'Agenda Urbana' de la ONU, para favorecer el crecimiento sostenible de las ciudades”.
El urbanismo en Santander no ha llegado a la fecha de 1975, constituye un vestigio del régimen franquista, (como los nombres franquistas que se mantienen en numerosas calles) desarrollista y especulativo. Y que esto sea así constituye una responsabilidad compartida por los grupos políticos que lo aprobaron en su día y los que en la actualidad no hacen lo que podrían por suspender su aplicación por evidentes razones de “lesividad” social.
Sobre este blog
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