“Los pisos turísticos han creado un problema social muy grave: estamos expulsando a gente de Cantabria”

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander presentó la semana pasada sus alegaciones al nuevo decreto regulador de los pisos turísticos que está preparando el Gobierno de Cantabria. Su portavoz, Andrés Díez Villegas, alerta sobre el “grave problema social” que está generando su proliferación y la “falta de voluntad” de las administraciones de controlarla. En este sentido, desde este colectivo reclaman una serie de medidas para regular estos alojamientos vacacionales, como establecer un censo obligatorio, un impuesto ecológico, bonificaciones fiscales a los alquileres de larga duración o limitar el número de propiedades que una personas o entidad pueda ofrecer en alquiler turístico.

¿Podría explicar cuáles son los principales aspectos del decreto que la PAH considera ambiguos y cómo esto podría afectar a los residentes de Cantabria?

No hemos tenido acceso al decreto porque en la página web solo hay indicaciones para para presentar alegaciones y aportaciones. No podemos opinar sobre algo que desconocemos. Lo que hemos hecho, siguiendo la pauta de tres comunidades que sufren la misma problemática, es, dentro de una lógica que no sea muy radical, aunque a nosotros nos pediría prohibir directamente este tipo de prácticas, proponer medidas para el control de estos alojamientos vacaciones. Ejemplos de ello son un censo, las condiciones tienen que cumplir o un impuesto ecológico, porque, a nuestro juicio, deberían pagar igual que los hoteles y las casas rurales o más. Reclamamos una regulación de este tipo de viviendas teniendo en cuenta si es una zona tensionada o no, aunque en Cantabria una zona tensionada ya es casi todo, porque los alquileres se han disparado con este tipo de prácticas que están realizando los caseros, sobre todo los grandes tenedores, los que tienen más de dos propiedades en alquiler.

Mencionaba la implementación de un censo de viviendas, ¿podría detallar cómo ayudaría esta medida a resolver la problemática?

Primero habría que tener un control, porque el ayuntamiento de Santander, por ejemplo, en 2023, la alcaldesa comunicó que había 5.000 viviendas turísticas. Nosotros hemos consultado otros censos, como el del INE, donde se señala que son 6.000. No se sabe en realidad porque no hay un censo obligatorio. Seguramente sean más. La realidad es que generan un problema añadido al objetivo de muchas personas de conseguir una vivienda digna, sobre todo en régimen de alquiler.

Vamos a ver a mucha gente viviendo en coches y en caravanas, que ya sucede en comunidades muy turísticas

¿Qué espera la PAH lograr con la implementación de un impuesto ecológico a las viviendas de uso turístico y cómo esto podría beneficiar a la comunidad local?

Con un impuesto ecológico, esta actividad económica empresarial no sería tan lucrativa. El objetivo sería disuadir a los propietarios de los inmuebles para que en vez de establecer alquileres de temporada mantengan los de larga duración. Se trata de regular el mercado, aunque el decreto, según ha dicho el Gobierno de Cantabria, no estará hasta después de verano. Eso significa que no quiere que haya ninguna regulación. A río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Cómo cree que la propuesta de limitar el número de propiedades que una persona o entidad pueda ofrecer como alquiler turístico impactará en el mercado y en la comunidad local?

Influirá en el mercado inmobiliario del alquiler porque el grupo de personas que tienen más de dos viviendas en alquiler controlan el 60% de este mercado. Y cuando hablamos de holdings, de grandes tenedores, de fondos buitres o bancos con más de 15 se pueden poner de acuerdo para mantener las viviendas cerradas, para que la oferta baje y la demanda suba. De esta forma, imponen sus precios y las personas que solo tienen una vivienda en alquiler, como no hay una regulación, la ponen a ese precio del mercado. Lo que pedimos es que las administraciones intervengan de una vez en este grave problema, que lleva décadas. Esto no es de ahora, se va acumulando problema tras problema porque no hay una regulación clara que legisle el derecho a la vivienda.

También proponen bonificaciones fiscales a los alquileres de larga duración, ¿cómo repercutirían en los precios de los alquileres residenciales?

La idea es evitar dar la ayuda a los inquilinos, porque creemos que es un error, ya que encarece todavía más el precio del alquiler. Se trata de fomentar los alquileres de larga duración, siempre que sean precios accesibles fijados por el Gobierno, a través de bonificaciones fiscales. Por ejemplo, si comprometes un precio de 500 euros al mes durante dos años para una vivienda de 60 metros cuadrados. Nosotros queremos romper la lógica del mercado que imponen los grandes tenedores.

¿Cuál es el impacto directo de esta proliferación masiva de viviendas turísticas en la vida cotidiana de los vecinos de los barrios más afectados?

Mayor afluencia de personas que gastan más recursos urbanos, como el agua, o la subida de los precios en bares y restaurantes por la temporada turística que luego se mantienen. Con lo cual, para los que vivimos permanentemente esto repercute en nuestros bolsillos. Además de ello, se produce un proceso de gentrificación, donde la gente es expulsada de los barrios céntricos para alojar en temporadas a los turistas.

Si no se aplican este tipo de medidas, ¿qué futuro le augura al mercado de la vivienda?

Será cada vez más difícil para la gente, sobre todo para la gente joven, conseguir una vivienda digna a un precio razonable. Se está viendo que ya ni de alquiler ni de compra. En Cantabria, una gran inversión de segunda vivienda se está pagando sin hipoteca, lo que quiere decir que son personas con gran poder adquisitivo como para poder pagarla entera para luego destinarla al alquiler turístico. Si no se controla estamos expulsando a gente de Cantabria, que tendrá que emigrar a otro lugar donde haya trabajo y puedan conseguir un sitio digno donde vivir. Estamos hablando hasta que con dos sueldos hay quien no puede pagar el alquiler. Se está destinando de media un 43% del salario a pagarlo. Se ha creado un problema social muy grave. Vamos a ver a mucha gente viviendo en coches y en caravanas, que ya sucede en comunidades muy turísticas, como en Baleares, donde ni los propios funcionarios quieren ir allí porque no le da para pagar la vivienda. 

¿Comparte entonces que esta regulación de los pisos turísticos tiene que ir también de la mano de una limitación de los precios de los alquileres residenciales en las zonas más tensionadas?

Claro, y de construcción de vivienda de parque público a la que tenga acceso mucha más gente. No como lo que se ha construido, que hasta ahora ha sido muy poco. España es uno de los países que menos parque público de vivienda tiene de la Unión Europea. Hay que cambiar ese modelo, y los gobiernos se tienen que implicar en que los ciudadanos tengan una vivienda digna, como ocurre en otros países. La primera vivienda no tiene que ser un lujo, sino un derecho. Es que en España no estamos hablando de negocio o comercio, sino de especulación pura y dura, donde grandes tenedores de otros países compran bloques enteros para especular, sin tener en cuenta si dentro hay inquilinos y sus condiciones sociales. En la PAH hemos constatado muchos casos de personas a las que se les ha comunicado que tienen que abandonar su piso porque los van a destinar a viviendas turísticas. Pagan 300 o 400 euros al mes y luego esa gente no puede hacer a una vivienda porque no tiene un salario que le permita pagar los precios que se piden en el mercado.

¿Qué le parece que el Gobierno de Cantabria esté a favor de regular los pisos turísticos y en contra de hacer lo propio con los alquileres residenciales?

Mientras no haya una legislación clara que obligue a las administraciones esto va a ser la ley de la jungla y del más fuerte. La tendencia no va a cambiar hasta que estalle la burbuja inmobiliaria, que será porque cambie la tendencia turística o por cualquier otra incidencia. Lo que hemos observado después de las sucesivas crisis provocadas por burbujas inmobiliarias es que se mantienen los pisos cerrados para que la oferta no supere la demanda y bajen los precios. Por eso, pedimos medidas complementarias como la obligatoriedad de poner en el mercado esas viviendas cerradas de bancos, fondos buitre y grandes tenedores o que se les embarguen para sacarlos como vivienda pública. 

Hay expertos que advierten de que, pese a la regulación, Cantabria no dispone de suficiente personal para llevar a cabo controles exhaustivos. ¿Han valorado esa posibilidad?

Si a ti y a mí nos controla Hacienda a través de la declaración… También los propios vecinos de los inmuebles donde se instalen estos pisos turísticos tienen que otorgar permiso, y esa sería una forma de colaborar en que haya un censo. En definitiva, si no hay voluntad por parte de las administraciones jamás se va a solucionar este problema social. Y lo que se pretende es que no haya voluntad.