ASAJA y el sector porcino de la región ha anunciado “movilizaciones inmediatas”, recursos ante los tribunales y una campaña para contar “la verdad” si sale adelante mañana la moratoria contra las macrogranjas que se debatirá en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y que en la práctica supone la paralización de los nuevos proyectos que se presenten en la región para este tipo de instalaciones.
La reacción a lo que se va a aprobar mañana se ha hecho pública en una rueda de prensa que han ofrecido tanto el secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, como el presidente de ANPROGAPOR, Miguel Ángel Higuera, y a la que han asistido también una representación del sector compuesta por granjeros, fabricantes de piensos, industrias cárnicas, veterinarios, asociaciones y empresas de purines entre otros. Todos ellos tenían previsto reunirse tras la convocatoria a los medios de comunicación para analizar la situación y decidir las acciones a llevar a cabo.
Para el sector, según ha señalado Higuera, esta moratoria “prevé tratar de acabar con la ganadería en Castilla-La Mancha, nos deja sin posibilidad de desarrollo, nos transmite una inseguridad jurídica terrible, significa que no se quiere apostar por el reciclado de los recursos, y por la economía circular”.
Para ASAJA, no sólo es un ataque el sector porcino sino a todo el sistema productivo “ y sin este sistema estamos abocados de ser un país dependiente del subsidio”, ha señalado Fresneda.
Por ello, Fresneda considera que “lo que hay que hacer es tumbar la moratoria. Si no se tumba la moratoria, estamos en guerra”.
Fresneda ha sido muy drástico sobre las medidas a tomar: “Que va a haber movilizaciones gordas, importantes, no os quepa la menor duda”, ha señalado. Aunque aún no ha hecho público ningún calendario de protesta, sí ha señalado que serán inmediatas si la moratoria se aprueba.
Sobre el resto de acciones ha señalado que “por supuesto vamos a ir a los tribunales” y una campaña de información para contar la verdad del sector. “Tenemos que estar todos los días contándole a los lobbys, a los medioambientalistas, convenciendo a medios de comunicación internacional, llegando a donde haya que llegar, porque en esto no nos va solamente el porcino, nos va en ello el sistema productivo del medio rural, de nuestros pueblos, nos va la vida, les va su futuro porque lo que han hecho toda la vida es trabajar y ahora tienen unas granja ajustándose a todas las normas, o es que aquí en Castilla-La Mancha queremos estar por encima de la norma que fija la UE”, ha preguntado.
No obstante, ha señalado también que tienen la “mano tendida para si sale la moratoria intentar eliminarla lo antes posible” y en este sentido han manifestado que mantienen contactos con el Gobierno regional sobre este tema.
“Soy pactista, me gusta pensar que hay voluntad de arreglar las cosas. En nuestra parte de la mesa tengo claro que nosotros tenemos que ir a donde vayamos con argumentos y desde luego lo que tengo claro es que quien defiende la moratoria no tiene argumento, solo el de contentar a cuatro alcaldes, porque hay muchos felices con sus granjas.
Por ello ha pedido “al presidente de Gobierno regional que gobierne y no se deje llevar por intereses políticos localistas que es lo que está haciendo, la moratoria no va a mejorar un modelo de granja que es para enseñárselo a todo el mundo”, ha señalado porque “todo lo que dicen de las granjas en una gran mentira”, ha dicho.
Argumentos del sector
Por su parte, Miguel Ángel Higuera ha desgranado la situación de las granjas de porcino en España y las medidas que tienen que cumplir y ha señalado que la moratoria de la región crea “inseguridad jurídica” y precisamente afecta a las explotaciones más responsables medioambientalmente y que más requisitos tienen que cumplir.
Así, ha señalado que España ya fue pionera en aprobar una normativa que limita el tamaño máximo de una granja que data del 2000 y que se ha actualizado en el 2020 y que “aparte de todos los requisitos que tenemos que cumplir, marca limitar el tamaño máximo y la distancia mínima entre casco urbano y granja y entre granja entre sí, aspectos que ningun otro país ha regulado”.
Así, “esta normativa sitúa a España en el puesto número 12 de la UE por número de animales por explotación. En lo que respecta a Castilla-La Manca, es la tercera comunidad más grande en extensión y actualmente el censo del ganado porcino establece que aquí está el 3.42% de las granjas de España profesionales, ”eso quiere decir que en el número de granjas estamos en posición octava y en censo de animales en posición sexta con el 5,28% de todos los cerdos de España“, ha asegurado.
Las granjas que se están poniendo en marcha desde esta nueva normativa “tienen todos los requisitos de bioseguridad, todos los requisitos medioambientales que se ha aprobado en el año 2020 que nos hacen ser pioneros de nuevo”. Entre estos requisitos ha señalado “la reducción de dietas de proteínas porque al ajustarla más, menos nitrógeno excreta el cerdo; dentro de los alojamientos de cerdos se tienen que aplicar métodos para reducir un 60% en las emisiones, y también en las balsas de purín en un 80%”. Por lo que respecta a las explotaciones anteriores a la nueva regulación, también tienen que realizar unas inversiones para cumplir los parámetros nuevos y tendrán que ajustarse el año que viene.
Para Miguel Ángel Higuera, las granjas a las que va a afectar la moratoria propuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha son las más avanzadas medioambientalmente, son las “granjas de autorización ambiental integrada cuyo limites están trazados por la UE para todos los países”, que establece un límite de 2000 plazas de cebo. “Son granjas en las que trabaja una persona y combinan el trabajo en la agricultura con el de granja y estas granjas tienen que hacer y aplicar 30 medidas, granjas fantásticas que por dimensión pueden abordar una inversiones para poder tener rentabilidad”, ha señalado.
Así, Higuera considera que esta moratoria significa que “García Page no quiere tener granjas con buenas prácticas ambientales, con una estrategia nutricional, con un uso eficiente del agua, no quiere que se utilicen técnicas para reducir aguas residuales, para un uso eficiente de la energía, pare evitar que se reduzcan las emisiones de ruido o de polvo o de olores procedentes de las explotaciones”.
Proyectos afectados
Además, los representantes del sector presentes en la rueda de prensa han manifestado que hay bastantes proyectos que estarían afectados por la moratoria. Uno de ellos estaba presente en la rueda de prensa, José Antonio García Valera de Cenizate (Albacete) que ha asegurado que tiene ya aprobada una ampliación de su explotación pero “me encuentro con que el Ayuntamiento plantea una moratoria, un plan de ordenación del suelo y las licencias las paralizan”. Ha manifestado que tiene ya comprometida una inversión de 500.000, más el trabajo tanto de una de sus hijas como de un empleado. Si no sale “estaré empeñado para toda la vida, será la ruina y enviar al paro al empleado”, ha dicho.