A la ya de por sí siempre dura economía del mes de septiembre en las familias con la “vuelta al cole” de los jóvenes hay que sumar el sobrecoste este año por la implantación de la LOMCE, también conocida como 'ley Wert', la nueva ley de educación. Los alumnos que entran en cursos donde esta ley se implanta (1º, 3º y 5º de primaria) están obligados a comprar nuevos libros de texto y material escolar aunque los que hubiese fueran válidos.
No es algo genérico de todo el país sino más bien al contrario: a pesar de que la ley entra en vigor en toda España, sólo en Castilla-La Mancha se ha impuesto y hecho obligatoria la compra de nuevos libros de texto. De hecho en once comunidades, seis gobernadas por el PP, han rechazado que haya que comprar nuevos libros de texto. El resto de comunidades han dejado vía libre a los centros educativos para que ellos decidan si usar los libros del año pasado o si los cambian, por lo que cada colegio ha elegido, elección que ni se ha permitido en nuestra región. Comunidades como Aragón, a pesar de estar gobernada también por el PP, ya dejaron claro desde el primer momento de aprobación de la ley que no iba a cumplirla y que se negaba a cargar un gasto más a las familias, algo que en Castilla-La Mancha no parece importar para la Junta.
La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha valorado que “no es necesario comprar nuevos libros de texto”. “Tras estudiar los nuevos contenidos de la LOMCE no vemos diferencias que justifiquen el cambio de libros de texto ni que impidan usar los anteriores. No va a ser distinta la educación recibida en un centro con libros nuevos que con antiguos. Tampoco genera problema que en una misma clase convivan ejemplares de libros de diferentes años de edición, sólo cambia el número de la página donde está determinado contenido”.
Desde la Confederación consideran que desde que José Ignacio Wert llegó a la cartera ministerial de educación “la educación pública ha sufrido un importante retroceso”. Las medidas propuestas por el ministro suponen reducir los medios y los recursos materiales y humanos lo que está complicado el comienzo del curso escolar. “Además las familias se ven obligadas a hacer frente a un desembolso económico importante a veces imposible de asumir”.
“La educación es obligatoria y gratuita y debe compensar desigualdades, no crearlas”, como en el caso de Castilla-La Mancha. A la compra obligatoria hay que sumar la reducción de ayudas a compras de libros y material escolar, reducidas en un 66%, que está haciendo que organismos como la Diputación de Ciudad Real tengan que destinar fondos, a pesar de no ser su competencia, a ayudar a las familias en vista de la grave situación que sufren.
“Existen toneladas de libros vigentes y utilizables en los centros”, señalan desde CEAPA. “Esta ley es sólo una excusa para beneficiar a las editoriales a costa del dinero de las familias. En nuestro país existen más de dos millones de menores en situación de pobreza y por tanto también sus familias”.
Como muestra se adjunta una de las facturas que una familia con dos hijos tiene que pagar por este cambio de ley educativa que le obliga a comprar libros de texto.