La creación de la macrogranja de Cenizate, a espera del dictamen del juez

Hace unos días saltaban las alarmas por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) al Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), a raíz de que el Consistorio, el pasado mes de agosto, aprobase en pleno la modificación del Plan de Ordenación Municipal para “protegerse y blindarse” frente a estos proyectos.

Esta modificación puntual la llevaría a cabo una empresa privada para que fuesen técnicos “los que la elaborasen de forma objetiva y de la mejor manera por el bien del municipio”, explica el alcalde de Cenizate, Enrique Navarro, quien detalla que también se aprobó “la paralización de la licencia en suelo rústico para uso porcino. Es esto lo que Anprogapor recurre al Ayuntamiento. Es fruto del inicio de la modificación puntual número cuatro”.

Desde Anprogapor argumentan que en el momento en el que Cenizate hizo la propuesta de la normativa, “nosotros en tiempo y forma hicimos las alegaciones pertinentes solicitando una serie de indicaciones para que estuviese perfectamente argumentado. Además, queríamos conocer qué les motivaba para llevar a cabo esa normativa”. La asociación lamenta que sus alegaciones no fueran tenidas en cuenta. “La única opción que nos quedaba era poner un recurso y que fuese el juez quien dictamine que lo que se ha hecho es correcto”, explica por su parte Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor.

Desde la asociación nacional señalan que defienden a un par de ganaderos que quieren intentar seguir trabajando en el pueblo, por lo que se sienten indefensos ante esta situación. “Lo que hacen es quitarles la expectativa de mantenimiento de vida en el medio rural. Así evitan el desarrollo económico del municipio y menoscaban los derechos de los ciudadanos. Entonces necesitamos saber dónde está esa argumentación técnica y legal que permite al Ayuntamiento restringir los derechos de las personas que viven en Cenizate”, añade el director.

El Ayuntamiento era consciente de que podía darse esta circunstancia. El escenario de recibir un recurso ya se planteaba. Se puede decir que es el único municipio que ha recibido este tipo de aviso de la provincia de Albacete. El equipo de Gobierno de Cenizate rema en el mismo sentido. Su alcalde dice que “lo tuvimos claro desde que supimos las estrategias que había detrás de estas prácticas al conocer otros casos de la comarca. Además, nos encontramos con que surgió una plataforma en el municipio que va en la misma línea que el Ayuntamiento, por lo que es más llevadero”, añade el edil.

La asociación replica que su proyecto, presentado en 2019, se aceptó en un primer momento y en su opinión, a raíz de “presiones directas de ciertos colectivos que no les gusta el medio rural ni la ganadería” el Ayuntamiento comenzó a elaborar su normativa para blindarse. Además, afirman que el sustento jurídico que se puede encontrar ante esta situación es ninguno, al menos que este argumentado jurídicamente y técnicamente.

¿Cómo está la situación en estos momentos?

Actualmente, las licencias se encuentran paralizadas durante un año, con posibilidad de prórroga de otro año más si no se resuelve y, mientras, el Consistorio sigue trabajando en la modificación del POM. Sobre el recurso “teníamos un plazo para contestar, así lo hemos hecho, y ahora estamos expectantes de lo que diga el Juzgado”, dice el alcalde.

“No vamos a prohibir la instalación, lo que vamos a hacer es acotar las medidas para que no haya una proliferación masiva de este tipo de inversiones. En resumen, legislaremos lo que sea necesario para que no sea tan fácil instalarse”, señala Navarro.

“Está en manos de expertos, hemos solicitado judicialmente conocer la normativa desarrollada por Cenizate. Pedimos que nos den explicaciones”, apuntan desde la asociación nacional de porcino.

El alcalde de Cenizate sostiene que este tipo de instalaciones no generan empleo. “Si lo comparamos con su impacto ambiental es de risa. Las empresas interesadas en estos proyectos destacan la creación de empleo ante los ayuntamientos cuando es algo residual. Eso deja claro que no van de cara. Al final son entre uno o dos puestos de trabajo los que se generan. Unas instalaciones que no fijan población”, resume el alcalde.

Por su parte, Miguel Ángel Higuera explica que están cansados de decir que las granjas no contaminan. “Por eso tenemos una normativa muy específica que garantiza y salvaguarda el medio ambiente. Parece que se quiere menoscabar el fertilizante natural de toda la vida para potenciar la fertilización mineral que es la que se filtra a los subsuelos”.

La asociación indica que el único problema que le ven al purín es su olor, pero afirman que ha desarrollado técnicas para reducir las emisiones y prácticamente el olor ha disminuido un 80%. “Nosotros estamos en la línea de causar el menor impacto posible pero el único problema que tiene que hasta que se entierra, huele. Cuando se entierra antes de las 12 horas deja de oler. Es la única pega que podríamos decir que tiene”, asevera.

Una “inmediata” moratoria con rango de ley

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page visitaba el municipio de Cenizate hace unos días y anunciaba la aprobación “inmediata” de una normativa que establezca una moratoria con rango de ley, para que no se puedan tramitar nuevos proyectos de macrogranjas en la región.

Afectará solo a los nuevos proyectos empresariales “pero que marcará un antes y un después, para que, entre todos, establezcamos un diálogo sereno sobre la normativa que debe presidir este tema, compatibilizando claramente un sector ganadero potentísimo con las necesidades de información, tranquilidad, serenidad, seguridad y sostenibilidad ambiental que deben presidir ya todos nuestros debates”, ha puntualizado García-Page.

Desde el Ayuntamiento acogen la noticia “con alegría y con esperanza” para que ayude a que este tipo de situaciones se regulen desde la Administración regional. “Yo, personalmente la recibo con mucha confianza porque sé que el presidente, Emiliano García-Page conoce la situación al recorrerse nuestras tierras. Es un tema que va a tratar de forma sosegada, escuchando a todos los interesados para hacer una moratoria que se adapte a los tiempos”, concluye el alcalde. “Es una actividad que tiene un impacto medioambiental y como tal hay que legislarlo correctamente”.

La medida no tendrá carácter retroactivo en cuanto a los expedientes en marcha. Ahora las plataformas vecinales de Castilla-La Mancha en contra de las macrogranjas exigen que sea una moratoria retroactiva y que se les deje participar en la redacción del texto. “Si a día de hoy se aprobasen todos, el sector conseguiría cerca de 200.000 mil cabezas más y no podemos soportar esa carga ganadera. Tenemos muchos pueblos afectados y no serviría de nada esa moratoria”, señalan desde las plataformas.

La asociación nacional indica que les preocupa cómo Castilla-La Mancha va a plantear la cuestión porque no hay precedentes. “Somos el único país donde las regiones de España tienen limitado el tamaño máximo de granjas. Tenemos un tamaño idóneo, desde el punto de vista sanitario y social, para que podamos tener vida aparte de trabajar en una granja. Queremos dar viabilidad a los negocios rurales”, añade.

Por último, Miguel Ángel Higuera señala que “preocupa” que la región castellanomanchega considere “erróneamente” que el problema medioambiental por nitrógeno esté relacionada con las instalaciones ganaderas y lo achacan al ámbito agrícola.

En definitiva, habrá que esperar a que se resuelva por la vía judicial el recurso contencioso-administrativo, y paralelamente, a que se detalle la moratoria con rango de ley por parte la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.